VALÈNCIA. Los partidos del Botànic II comenzaron este miércoles a votar las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2023. Un primer paso para dar luz verde a las octavas cuentas elaboradas por PSPV, Compromís y Unides Podem en las que, por primera vez, los fondos que el tripartito ha decidido destinar À Punt entran dentro del límite legal
que marca la ley de creación de la radiotelevisión pública.
La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) contará con 83 millones de euros, de los cuales 71 se transferirían a la Societat, donde se integra el grueso de la plantilla. Sin embargo, a pesar de la buena noticia para la cadena, en el propio ente no terminaron de ver las cifras con optimismo cuando fueron presentadas y sobrevoló cierto temor a que su presupuesto se viera mermado a lo largo del próximo ejercicio. ¿El motivo? El Gobierno valenciano no incluyó el proyecto de ley ninguna partida específica destinada a asumir la deuda del IVA que la Agencia Tributaria reclama a la televisión pública desde 2016.
Un compromiso que la Generalitat asumió el año pasado a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento firmada por los tres socios del Ejecutivo para que la Corporació no tuviera que asumir el pago de los casi 25 millones de euros que se le exigía. Esta, no obstante, no está cuantificada como tal en los Presupuestos ni tampoco se contempla en los fondos de los que dispondrá la Conselleria de Hacienda.
Fuentes del Consell explicaron en su día a Valencia Plaza que, dado que el caso está judicializado, no tenía sentido "comprometer" el presupuesto del año que viene reservando una partida específica para esto. Y añadieron que si finalmente los tribunales dieran la razón a À Punt, no tendrían que pagar nada, por lo que aseguran que Hacienda estudiaría qué es lo que debe hacer llegado el momento de la sentencia. A esto se sumaba, además, que si el fallo no se producía a lo largo de 2023, habrían comprometido 25 millones de euros del presupuesto -que va aumentando por los intereses- que finalmente no se gastarían.
Ahora bien, a pesar de que la partida no esté recogida como tal en el proyecto de ley de Presupuestos, la Generalitat tendrá que hacerse cargo de este gasto quiera o no porque así ha quedado recogido en el propio articulado de la norma. El artículo 52 de la ley de Presupuestos de 2023 obliga al Gobierno a la "asunción por la Generalitat de las mayores obligaciones tributarias sobrevenidas de la Corporación Valenciana deMedios de Comunicación y de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana".
Este apartado establece que la Generalitat "asume la carga de la deuda tributaria y los intereses de ejercicios anteriores, así como las obligaciones derivadas del ejercicio en curso del impuesto sobre el valor añadido que correspondan a la Corporación Valenciana deMedios de Comunicación y de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, derivadas de modificaciones normativas o de cambios de interpretación delas correspondientes administraciones tributarias".
"El importe de la deuda abonada por este concepto en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior constituirá aportación de la Generalitat para incrementar el fondo patrimonial de laCorporación Valenciana de Medios de Comunicación y de la sociedad anónima", continúa el articulado. Es decir, que este fondo no supondrá un menoscabo del dinero que tendrá la CVMC para el año que viene, 83 millones de euros.
Así, serán los "órganos competentes en materia de tesorería y de sector público de la Generalitat autorizarán las operaciones de tesorería y adoptarán el resto de medidas necesarias para el cumplimiento" de este compromiso.
Cambio de criterio
El "conflicto" entre la Agencia Tributaria y los gobiernos autonómicos por el IVA deducible de sus televisiones públicas se remonta al 2014, antes incluso de la creación de la CVMC. En esa fecha, la AEAT empezó a considerar que las cadenas sólo podían deducirse el impuesto por su actividad comercial y no por los ingresos que reciben vía presupuestos de los respectivos gobiernos autonómicos.
Hasta ese momento, los medios públicos se lo deducían por completo. Pero en 2015 entró en vigor una nueva ley del IVA y cambió el criterio. Ahora se establece que las televisiones públicas pueden deducirse el impuesto de la práctica totalidad de sus gastos, pero por el contrario aplican el criterio mediante el cual hay que repercutir el IVA a las subvenciones recibidas. En 2017 a raíz de una directiva europea, Hacienda vuelve al criterio de 2014 y defiende la limitación de la deducción del IVA.
En el último informe de auditoría financiera de À Punt correspondiente a 2021, la Sindicatura de Comptes cifró en 25'4 millones de euros la provisión para el pago del IVA de los ejercicios de 2016 a 2021. Cantidad que, según los acuerdos alcanzados con la Agencia Tributaria y con el citado pacto entre los partidos del Botànic a través de los presupuestos de la Generalitat, tiene que asumir la Administración autonómica.
Foto: KIKE TABERNER
