María José Salvador, consellera de Vivienda. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Consell ha decidido regularizar a las 500 familias que residen de forma ilegal en viviendas del parque público de la Generalitat, y con ello abordar también la situación de los okupas de pisos públicos. Con este objetivo se publicaron este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) "los criterios para estudiar la regularización de la situación de viviendas del parque público de la Generalitat que están ocupadas sin título desde hace años, estudiando caso por caso las circunstancias de cada familia", según informaron fuentes de la Conselleria de Vivienda que dirige la socialista María José Salvador.
El Consell alude a la herencia recibida para justificar la necesidad de esta medida. "La falta de una política activa de vivienda del anterior Consell dio lugar a un aumento de ocupaciones ilegales consentidas en viviendas públicas, que al inicio de esta legislatura se cuantificaban en más de 500", explica el ejecutivo, que añade "determinó no permitir nuevas ocupaciones ilegales a partir de julio de 2015".
"No podemos ignorar la situación de familias que convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar ante la pasividad del Gobierno autonómico"
"Los motivos de esta decisión son claros: vulneran los derechos de las personas registradas en la lista de demandantes de vivienda; impiden la rehabilitación del inmueble; y suponen un riesgo para el propio ocupante y el resto de vecinos puesto que, en muchos casos, van acompañadas de enganches ilegales a las redes de suministros. Todo ello, sin olvidar el efecto llamada a incumplir la ley que la Administración autonómica no puede ni debe permitir", argumenta el Gobierno valenciano en contra de la okupación.
No obstante, el plan de la administración pasa por regularizar también la situación de quienes okuparon una vivienda pública durante la anterior legislatura. "Desde la Generalitat tampoco se puede seguir ignorando la situación de familias que en legislaturas anteriores convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar ante la pasividad del Gobierno autonómico, que ni recuperó la posesión del inmueble ni regularizó estas ocupaciones", explican.
Existen tres tipos de familias que residen en viviendas públicas sin la preceptiva adjudicación de un alquiler social por parte de la Generalitat. Dos de ellos sí provienen de un escenario legal: inmuebles que habían sido alquilados a un familiar o amigo -que después lo subrogaron de forma irregular- o sobre los que existía un contrato de compraventa que después fue impagado, manteniéndose el deudor en el inmueble. Para atender ambos casos el Consell ya publicó aprobó resoluciones el 8 de marzo y el 28 de julio de 2016.
El tercer tipo es el que ahora se aborda, el de la okupación pura y dura. Se trata, además, del escenario mayoritario, según confirmaron este lunes a Valencia Plaza fuentes de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige). El Consell se refiere al colectivo en la resolución con la siguiente fórmula: "Ocupantes sin título de viviendas de promoción pública de la Generalitat que hubieran establecido su domicilio habitual y permanente en la vivienda ocupada con fecha anterior al 1 de julio de 2015".
"Con el paso del tiempo, muchas de estas familias han mejorado las condiciones de habitabilidad de la vivienda y se han integrado en las comunidades de vecinos, pero la falta de un título legal les impide normalizar su situación y les deja fuera del marco legal frente a la Generalitat", explica el Ejecutivo.
La conselleria, pese a que analizará caso por caso, anticipa que la gran mayoría reúne los requisitos para recibir un alquiler social. "Muchos de los ocupantes cumplen con las condiciones para ser adjudicatarios y, además, en algunos casos viven una situación de vulnerabilidad social", defiende Vivienda.
"Ahora, desde la Dirección General de Vivienda se ha aprobado esta resolución que engloba los dos casos expuestos anteriormente, así como un tercero para los ocupantes sin título que hayan establecido su domicilio habitual en una vivienda pública antes del 1 de julio de 2015. Esta resolución puede beneficiar a unas 450 familias de toda la Comunitat que se encuentren en estas circunstancias y cumplan los requisitos", afirman.
Para los okupas, según explica Vivienda, se llevará a cabo "la adjudicación de la vivienda con carácter excepcional". "Se tendrán en cuenta una serie de criterios objetivos como cumplir las condiciones para acceder a una vivienda de promoción pública, acreditar situación de vulnerabilidad y tiempo de ocupación; familias numerosas, con hijos mejores; víctimas de violencia de género, etc.", detallan.
"Entre los criterios subjetivos para regularizar su situación, deberán demostrar buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble, así como el arraigo en el barrio. Para ello el EIGE podrá recabar información de los servicios sociales municipales.
