VALÈNCIA. Sigue uno tras otro los reveses a la estructura laboral de À Punt, a través de sus dos organismos, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. La Generalitat, a través del departamento del Sector Público, ha emitido un informe desfavorable de la Relación de Puestos de Trabajo de las dos empresas para 2021. Una negativa que se suma a la propuesta de convenio colectivo, al preacuerdo con los sindicatos previos al borrador de convenio y hasta al plan de igualdad presentada por la radiotelevisión a los órganos de control y gestión pública.
De hecho, en el caso de la Corporació, las RPT ya habían sido desfavorables tanto en 2018, como en 2019 -en primera instancia-, como en 2020, mientras que en la Societat sí que tuvo informes favorables tanto en 2019 como en 2020. En esta ocasión, la nulidad va de la mano de la revocación de la propuesta de marco laboral presentado por À Punt. El convenio colectivo firmado a finales de 2020 no pasó el corte y los técnicos devolvieron a la empresa los acuerdos para que se reformularan tras cuatro años de negociación. Se trataba de aspectos fundamentales como la manera de hacer los traslados, las excedencias o la configuración de los horarios.
La Relación de Puestos de Trabajo obviamente también formaba parte de esa revisión negativa del documento, y la propuesta realizada por À Punt a través de sus dos empresas, según lo que ha podido conocer este diario, necesitaría serias modificaciones para tener el visto bueno de Sector Público. El documento remitido este año volvería a incidir en el preacuerdo con los sindicatos rechazado en anteriores ocasiones, pero además, modificarían una serie de aspectos formales en relación a otras RPT -incluso las favorables- que incurrirían en defectos de forma o no estarían debidamente justificados, tanto a nivel general como en puestos específicos.
Además, los informes técnicos vuelven a incidir en el laberinto jurídico que supone contar con una estructura de dos organismos, la Corporació y la Societat, que acaban funcionando como uno solo, y que van fusionando puestos, creando y destruyendo, en función de unos criterios que resultan complicados de llevar al aspecto formal de los documentos necesarios.
Las dos propuestas de Relación de Puestos de Trabajo remitidas por À Punt sería desfavorables sin matices, como sí ocurrió en 2019, cuando Sector Público pidió ciertas modificaciones para finalmente dar el visto bueno a este documento de obligada presentación para todas las empresas públicas. Además, como anécdota, los dos documentos se habrían recibido el 1 de abril, un día después del límite legal que establece el último día de marzo como fecha límite para que todas las empresas públicas remitan su propuesta.
Desde el Comité de Empresa de À Punt muestran cierto hartazgo al ver que la organización laboral de la radiotelevisión va sumando negativas sin paliativos, y que deja en un limbo legal a los trabajadores y trabajadoras del ente.
Como ya adelantó Valencia Plaza, À Punt trasladó el pasado mes de marzo a Hacienda la necesidad de convocar oposiciones para las 404 plazas que la radiotelevisión quiere tener en su organigrama diseñado en las últimas RPT. El departamento dirigido por Vicent Soler basó su OPE en el documento remitido en 2019 porque lo aprobó antes de haber recibido las RPT de 2020 por parte de À Punt que ampliaba el número de plazas. Las oposiciones siguen sin conocerse, pero desde aquel 2019, las dos empresas no han cumplido con informes favorables sobre el diseño y organización laboral. Esta RPT de 2021 era fundamental para que Hacienda revise el número y la forma de las plazas que debe convocar a partir de las OPE.
Más allá de la tormenta de los Presupuestos, À Punt parece estar en stand-by porque sigue sin resolverse el contrato programa caducado, la dirección del Consell Rector sigue de manera interina y sin propuesta de cambio, y no hay convenio colectivo ni oposiciones a la vista. Aspectos básicos de su funcionamiento que encuentran un encaje legal claro.
