Sonia Díaz, directora de la ATV. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) para detectar a los contribuyentes que fingen tener su domicilio en otra comunidad autónoma para no pagar impuestos en la Comunitat Valenciana han permitido recuperar ya cerca de 19 millones públicos a la Hacienda valenciana.
Se trata ingresos liquidados una vez resueltos los expedientes de comprobación e investigación llevados a cabo por la propia ATV en colaboración con las Haciendas de otras regiones y la Agencia Tributaria (AEAT) relacionados con el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.
Desde que la agencia que dirige Sonia Díaz inició en 2017 esta campaña de actuaciones para detectar deslocalizaciones ficticias, la mayoría a la Comunidad de Madrid, la ATV ha resuelto ya catorce expedientes por cambio de domicilio fiscal. El número de expedientes abiertos actualmente se eleva a 121, por lo que la cantidad recuperada aumentará a medida que se resuelvan.
La mayoría de ellos, 106, han sido seleccionados por la ATV y los trece restantes han sido incluidos de oficio por la AEAT de acuerdo con sus criterios. Según los datos facilitados por la entidad, 46 de los 121 expedientes abiertos se iniciaron en 2021 y están en estudio para la elaboración del informe de arraigo tras analizar las contestaciones a los requerimientos emitidos a terceros.
En este momento la ATV estudia otros 33 casos sospechosos para su posible incorporación en los expedientes por cambios de domicilio fiscal de este año donde se incluye a once contribuyentes extranjeros con posible domicilio fiscal en nuestra comunidad. Desde el inicio de la campaña en 2017, cada ejercicio supera al anterior en expedientes incoados.
De todos los deslocalizados ficticios detectados desde 2017, destaca un caso cerrado en el último trimestre de 2019 que permitió recuperar 14 millones de euros, incluyendo la regularización en los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones y la correspondiente sanción.
En este tipo de procedimientos se reclama la competencia a la comunidad autónoma donde esté deslocalizado de forma ficticia el contribuyente. Según explica Sonia Díaz, son traslados ficticios de residencia a comunidades con beneficios fiscales, "lo que pone de manifiesto la verdadera existencia de dumping fiscal en algunos territorios".
Para detectar a estos embusteros tributarios se realiza una verdadera labor de investigación buscando cualquier indicio de la vida cotidiana que pueda probar que un cambio de domicilio es ficticio: tarjetas sanitarias, gastos en farmacia y lugares de presentación de recetas, consumos eléctricos, incluso, visitas al domicilio ficticio para comprobar si está habitado de verdad.
La campaña para impedir que patrimonios, herencias o donaciones que deberían declararse en la Comunitat Valenciana tributasen fuera, sobre todo en la Comunidad de Madrid, se inició después de que el Consell del Botànic acordase cambiar la tributación de Sucesiones y Donaciones para aumentar la presión fiscal sobre algunos contribuyentes por recibir una herencia o una donación.
El año anterior se había aprobado ya una rebaja del mínimo exento en el impuesto de Patrimonio de 700.000 y 600.000 euros y se revisó la escala del impuesto. Desde el año pasado el mínimo exento se fijó en 500.000 euros.
Las medidas que diferentes CCAA están llevando a cabo para bonificar impuestos cedidos como el de Patrimonio con la intención declarada de atraer a sus respectivos territorios a grandes patrimonios ha reactivado el enfrentamiento político entre partidarios y detractores de tomar medidas contra el dumping fiscal.
El Gobierno valenciano, con Ximo Puig a la cabeza, lleva años denunciando cómo la competencia fiscal a la baja entre autonomías alienta el fraude fiscal, particularmente de Madrid con el resto de territorios al bonificar por completo el impuesto de Patrimonio a las grandes fortunas.
Durante los años que llevan investigando, los técnicos de la ATV han mostrado su preocupación por la gravedad de los casos de dumping fiscal al descubrir que algunos grandes patrimonios valencianos se mudan a Madrid de manera ficticia para eludir impuestos por las bonificaciones de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones que ofrece la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso.
Recientemente, otros gobiernos populares como los de Andalucía y Galicia han aprobado aplicar bonificaciones en Patrimonio, mientras que Murcia ha anunciado que también quiere hacerlo. En el caso de la región que preside Juan Manuel Moreno, el impuesto a las grandes fortunas se bonificará por completo, mientras que en Galicia se hará al 50%.
Frente a ello, el Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales de 2023 un nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros para neutralizar el efecto de las bonificaciones anteriores, mientras que las rentas del capital tributarán más en el IRPF a partir de 200.000 euros.
