La Generalitat suspende los pagos pendientes del Valencian Global por indicios de fraude

VALENCIA. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha suspendido los pagos pendientes de Valencian Global, un programa de aceleración de empresas financiado por la Generalitat y apadrinado por el exconseller Máximo Buch en el que la Abogacía de la Generalitat ha detectado indicios de fraude. Las ayudas, concedidas como préstamos participativos a empresas preseleccionadas por la aceleradora Business Innovation, se concedieron de forma irregular, ya que el contrato se adjudicó sin convocar el preceptivo concurso. 

Hasta el momento se han celebrado tres ediciones de este programa, presentado en 2012 como paradigma del "nuevo modelo de ayudas de la Generalitat al emprendedurismo" y con la promesa para los participantes de multiplicar por veinte su facturación. En cada una de ellas se seleccionó a once empresas que accedieron a créditos participativos de hasta 200.000 euros para costearse seminarios organizados por el gurú del MIT Ken Morse y su mujer a través de la firma Entrepreneurship Venture.

La cuarta edición, para la que ya había empresas seleccionadas, ha sido suspendida con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat, según explicaron a este periódico fuentes del IVF. Con los créditos concedidos hasta ahora, la Generalitat acumula un riesgo vivo de 1,56 millones de euros, de los cuales 169.701 euros ya están en mora a pesar de en algunos casos ni siquiera ha vencido el periodo de carencia de los participantes de la primera edición.

Las firmas participantes en esa edición, que según se destacó en su momento fueron seleccionadas por un comité de expertos independientes, fueron Actualtec Innovacion Tecnologica, Antara Information Technologies, Kanteron Systems, Information Storage (Ist), Tsb Technologies, Tecatel, Soluble Film Packaging, Advanced Wireless Devices, Ozongo y Pura Ecosolutions. El IVF rehusó este martes facilitar información sobre el estado de las liquidaciones con cada una de ellas.

Sí precisó que algunas de esas empresas están en concurso y otras han dejado de pagar los intereses. La inversión total de la Generalitat en el programa alcanza los 5 millones de euros por lo que, teniendo en cuenta que la evolución de las compañías y que en muchos casos no han podido cumplir ni con el pago de los intereses, el programa "va camino de ser un gran fiasco".

El IVF solicitó a la Abogacía que emitiera un informe sobre el diseño del programa a raíz de un mandato de desembolso de 300.000 euros a favor de compañías participantes. Aproximadamente mes y medio después, la Abogacía entregó el informe en el que alerta de un "manifiesto" incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público en el acuerdo firmado por la Generalitat con Business Innovation y Entrepreneurship Venture.

La función de estas dos empresas era la de "admitir las solicitudes de financiación" de las firmas interesadas y la comprobación de los requisitos para acceder a la financiación. La Abogacía subraya en su escrito que estas dos empresas eran "las beneficiarias finales de los préstamos participativos" y que las líneas de financiación iban destinadas a retribuir a estas firmas la organización de los programas de aceleración de empresas.

La suspensión del programa decretada por la Generalitat afecta a la cuarta edición, para la que ya había tres empresas seleccionadas. Sobre los préstamos formalizados con anterioridad, el IVF no tiene margen de maniobra pues, según alerta la Abogacía, los beneficiarios podrían demandar a la administración por incumplimiento de contrato. 

Quebranto para la Generalitat 

El IVF trasladó este mismo lunes a la Fiscalía las conclusiones de la Abogacía de la Generalitat, según informó el martes el diario Levante. Junto al informe, adjuntó un estadillo de la morosidad de las compañías; un informe sobre su evolución desde la realización de los cursos; copias de las actas de las comisiones donde ser firmaron las correspondientes operaciones de crédito; los convenios firmados por el exconseller de Economía, Máximo Buch; el secretario autonómico de Economía y Empleo, Fernando Díaz Requena y el director general de Business Innovation, José Vicente Pons; y una relación de las personas que estaban en las comisiones que aprobaron estas operaciones.

Cuando se presentó el programa, el exconseller Buch destacó que el préstamo participativo al que accedían las empresas no era "nada barato", ya que los intereses alcanzaban el 8%, pero la devolución estaba condicionada al éxito del proyecto empresarial, con lo que cabía la posibilidad de que las empresas no tuvieran que devolver el préstamo.

En el informe elaborado a instancias del IVF, la Abogacía de la Generalitat subraya que en el caso de que los prestatarios no pudieran retornar las cantidades prestadas, teniendo en cuenta el carácter de deuda subordinada de los créditos participativos, "podría llegar a ocurrir que el IVF nunca pudiese recuperar la financiación concedida".

Si eso sucediera, según el régimen de responsabilidades de los altos cargos, personal directivo o personal al servicio del sector público, quienes aprobaron las operaciones podrían verse obligados a "indemnizar" a la Generalitat por los "daños y perjuicios" ocasionados "con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria".

Fuentes de la Generalitat destacaron que con este programa se articuló un "esquema triangular" en el que la Generalitat otorgaba préstamos a un tercero seleccionado por Business Innovation para pagar los cursos organizados por esta firma.

Además, el IVF aseguró a este periódico tener "constancia documental" de que los préstamos no llegaban íntegramente a los beneficiarios porque la empresa de José Vicente Pons se descontaría una parte.

El PSPV pide aclaraciones en Les Corts

Como ya hiciera con las operaciones aprobadas por la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR), el portavoz de Hacienda del grupo socialista en Les Corts, José Muñoz, solicitó este martes la comparecencia del IVF, Manuel Illueca, para detallar las presuntas "irregularidades" en la concesión de los créditos del IVF a dos consultoras para la organización del 'Valencian Global Growth'.

Muñoz lamentó que, para el anterior Consell, "lo habitual fuese no cumplir las leyes en materia de contratación".