Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Los auditores encargados de fiscalizar las cuentas anuales de 2019 de la empresa pública Plan Cabanyal, participada por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, han rechazado opinar sobre ellas. La compañía externa auditoría asegura en sus conclusiones que deniega la emisión de la opinión por carecer las cuentas de "base suficiente y adecuada" para poder hacerlo.
Los documentos pasaron este martes por la junta general de la empresa que gerencia Vicent Gallart, encargada del patrimonio urbanístico pública del barrio del Cabanyal. En la auditoría, sus autores afean a la dirección de la mercantil que no se cuente con una tasación actualizada de inmuebles propiedad de la empresa y que ascienden a un valor de 8,6 millones de euros. Y para aquellos inmuebles para los que sí se ha actualizado la tasación, se ha encontrado un "exceso de deterioro" de 1,4 millones de euros. Faltas de información y desajustes contables que motivan, entre otras cosas, la negativa de la auditoría a suscribir las cuentas.
Más allá de eso, las conclusiones critican que no se haya entregado un análisis de las consecuencias que puede tener la crisis sanitaria del coronavirus y la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo. "En consecuencia -señalan-, no podemos evaluar las eventuales consecuencias de esta situación sobre la continuidad de la sociedad ni evaluar la necesidad de incluir información al respecto en las cuentas anuales adjuntas".
Hay más lagunas en la información otorgada por Plan Cabanyal, como la referente al cumplimiento de la actividad como medio propio de las administraciones públicas. Sobre ello, las conclusiones rezan que a los auditores no se les ha entregado el "detalle del reparto de gastos que han sido considerados" para hacer los cálculos sobre este apartado que permite mantener la consideración de medio propio de la administración.
También, recoge que la mercantil pidió la tasación de activos propios por valor de 4,8 millones de euros, pero dejan en el aire la objetividad de estos cálculos porque la empresa no los ha confirmado a los auditores, como tampoco se tiene constancia de la capacidad, competencia y objetividad de los expertos que han tasado las existencias de Plan Cabanyal, que ascienden a 500.000 euros.
Deficiencias todas ellas que se suman a que no se ha facilitado la preceptiva carta de manifestaciones de la dirección de Plan Cabanyal, manifestando su responsabilidad en el diseño de las cuentas anuales y la veracidad de las mismas. "No hemos podido verificar el efecto que dicho hecho pudiera tener sobre las cuentas anuales", insisten los auditores.
En definitiva, un cúmulo de lagunas de información e inconcreciones que obligaron este martes a que los miembros de la junta general de la empresa dejaran sobre la mesa a la auditoría. Según han explicado fuentes presenciales, la dirección ya ha remitido la correspondiente información a los auditores para que puedan emitir una opinión y que el documento pase de nuevo por el máximo órgano de la sociedad.
En cuanto al análisis de las cuentas, que revelan unos beneficios de apenas 5.700 euros -frente a las pérdidas de más de 600.000 euros en 2018-, destaca una observación: la Generalitat Valenciana no ha pagado a la empresa unos cinco millones de euros por una subvención aprobada en 2010, cuando gobernaba el Partido Popular. Una deuda que tampoco se ha saldado durante el gobierno de izquierdas, pese a los intentos de la firma de cobrar tal fondo.
El conflicto se remonta hasta 2010. Entonces, la Conselleria de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, encabezada por el popular Juan Cotino, aprobó una subvención para Plan Cabanyal por valor de 5,8 millones de euros. La finalidad era realizar unas actuaciones en el Bulevar San Pedro, en plena 'zona cero' del barrio marítimo, de acuerdo con el planeamiento urbanístico impulsado en aquel momento desde el Ayuntamiento de València, que incluía la prolongación de Blasco Ibáñez y la consiguiente demolición de viviendas.
Sin embargo, ese dinero nunca ha llegado por completo. En 2014, la Generalitat Valenciana aceptó transferir un millón de euros, lo cual aminoró la cantidad adeudada, pero no eliminó la obligación, que todavía asciende desde entonces a 4,8 millones de euros. Todo pese a la reclamación de la propia entidad. En 2016, el consejo de administración de Plan Cabanyal acordó reclamar la deuda al gobierno autonómico, pero la Conselleria de Hacienda, ya dirigida por el socialista Vicent Soler, contestó que no existía una consignación presupuestaria para tal subvención. Esto es, pese a haberse concedido tal ayuda en 2010, tras varios años no se había incluido en las partidas de la Generalitat Valenciana.
Recientemente, la Conselleria de Vivienda, dirigida por Rubén Martínez Dalmau, dirigente de Unides Podem, emitió un informe según la cual no se reconoce esta obligación de pago. La Conselleria no reconoce la deuda. Preguntadas fuentes de la Subsecretaría de tal departamento, de quien depende esta gestión, insisten en el argumento: "En los presupuestos generales de la Generalitat no estaba reconocido este gasto, y por lo tanto no había base jurídica para que se incluyera como ingreso en las cuentas de Plan Cabanyal".
Una situación que deja a la sociedad pública con una subvención reconocida en 2010 cuyo pago de 4,8 millones de euros no se ha ejecutado y no se ha reconocido por la Generalitat Valenciana, pese a que en 2014 se abonara un millón de estos fondos. Este junio, la presidenta de la empresa, la concejala de Urbanismo de València, Sandra Gómez, explicó a los consejeros a preguntas de Ciudadanos que esta deuda "ha sido reclamada en varias ocasiones por el consejo de administración".
Así, Gómez subrayó que en la actualidad se está elaborando un informe jurídico con el propósito de "ver si dicha deuda es reclamable" y así, "tener clara esta cuestión antes de iniciar la actuación que proceda". Es una postura, dijo la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, acordada con la Conselleria de Dalmau. Por el momento, eso sí, en las cuentas se ha deteriorado el patrimonio neto por este conflicto en 4,8 millones de euros, pese a que la sociedad -dicen los auditores- "viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones".
La junta también aprobó el presupuesto para 2021, que ascenderá a 4,1 millones de euros, 850.000 euros más que este año. El próximo ejercicio Plan Cabanyal pretende vender numerosos locales comerciales, naves y bajos por 1,8 millones de euros. Dinero que irá destinada, según anunciaron Dalmau y Gómez a la rehabilitación de vivienda pública. El objetivo de esta iniciativa es "fomentar el renacimiento del tejido comercial, que desapareció con el proyecto de la ampliación" de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar a través de este barrio".
Pero además, esta decisión permitirá aumentar el parque público de vivienda y ofrecer más alquileres asequibles a las familias del barrio. La vicealcaldesa y el vicepresidente explicaron que mediante esta operación, Plan Cabanyal obtendrá una "liquidez que le permitirá dar un nuevo impulso a la rehabilitación del Cabanyal-Canyamelar y llenar de vida casas que hoy están cerradas".
Además, las cuentas contemplan la encomienda de gestión para que la sociedad se convierta en una ventanilla única a través de la cual coordinar y canalizar las iniciativas de rehabilitación y regeneración del barrio, ha explicado el Ayuntamiento. Esta ventanilla facilitará la gestión unitaria del patrimonio público en las viviendas y parcelas, de manera que a través de Plan Cabanyal se gestionará tanto el ARRU2 como proyectos que forman parte del programa EDUSI; se coordinarán contenidos y equipamientos socioculturales, e impulsará que la entidad sea un centro de divulgación y formación en punto de red de infovivienda.
Se recoge también la redacción del proyecto de ejecución del edificio de la calle Astilleros para el realojo del Bloque de Portuarios. Sandra Gómez ha apuntado que este proyecto responde al acuerdo alcanzado con los vecinos".
