La hora de la verdad

Lo que se avecina en Cataluña es el mayor peligro para nuestra democracia desde la muerte del general Franco. Ni siquiera el 23-F revistió la gravedad de lo que puede ocurrir en las próximas fechas. Aquella sanjurjada fue un intento de golpe de Estado, por suerte fracasado, mientras que lo que acontece en Cataluña es un golpe contra el Estado. De un golpe de Estado se sale antes o después, regresando la soberanía a sus titulares legítimos. Sin embargo, un golpe contra el Estado, en caso de tener éxito, supone la desmembración de un país, lo que casi siempre es irreversible.

¿Por qué hemos llegado a esta situación límite? Por una mezcla de cobardía e ingenuidad de los gobiernos españoles con el nacionalismo catalán. Cobardía porque ningún presidente ha tenido el coraje de combatir el régimen autoritario y corrupto que un mafioso fue urdiendo mientras enriquecía a su familia. Ingenuidad porque esos gobernantes, desde Suárez hasta Rajoy, creyeron que los nacionalistas serían leales a España si a Cataluña se le otorgaba el mayor nivel de autogobierno de su historia. Los nacionalistas nunca han sido leales a España; no lo son ahora ni lo fueron en la II República, a la que traicionaron antes y durante la guerra civil. Quien tenga dudas de ello le aconsejo que lea las memorias de don Manuel Azaña.

Es cierto que no todos los presidentes han sido igual de responsables de esta crisis histórica. El principal culpable es Zapatero, político conocido por sus dislates y ocurrencias, una de las cuales fue alentar la reforma del Estatut cuando no existía ninguna demanda social en 2005. Después, las Cortes recortaron el Estatut y el Tribunal Constitucional fue más allá con la sentencia de 2010. El independentismo se sirvió de ello para azuzar el descontento en la población en los peores años de la crisis económica.

Al margen de Zapatero —posiblemente el peor gobernante español desde Fernando VII—, el otro gran responsable político de dar alas a los separatistas es Mariano Rajoy. En cuatro años de mayoría absoluta no hizo nada para afrontar este conflicto, dejó que se celebrara un simulacro de consulta en 2014 y, en los últimos tiempos, su única respuesta ha sido recurrir a los tribunales para impugnar las decisiones de los independentistas como si a estos les importara el cumplimiento de las sentencias.

La vía de diálogo, descartada tras los atentados

¿Qué hacer entonces? Si alguien creía que existía aún espacio para el diálogo, el uso nauseabundo de los atentados por el independentismo, acusando al Rey y al presidente del Gobierno de ser los culpables de los asesinatos, cierra tal posibilidad. Descartada la vía del diálogo, a la que tan cándidamente se apuntan algunos socialistas, sólo cabe elegir entre lo malo y lo peor. Lo peor sería permitir la ruptura de España y lo malo e inevitable es que el Estado, para garantizar su supervivencia, recurra al uso legítimo de la fuerza contra los golpistas encabezados por Puigdemont. 

Si tiene que haber un choque de trenes, que sea cuanto antes, reduciendo al máximo los daños de la colisión, algo que nadie está en condiciones de asegurar. Sólo de esta manera sabremos quién tiene el poder suficiente para doblegar a la otra parte: si el Estado español o la Generalitat secuestrada por los herederos del partido más corrupto de Europa y portavoz de la oligarquía de siempre (las 400 familias que manejan el Principado desde la Edad Media), la chusma nazi de la CUP y aquellos que pactaron con ETA para que los terroristas no mataran en Amposta pero sí lo pudiesen hacer en Vinaròs. Esta banda de facinerosos se ve auxiliada por dos organizaciones profundamente reaccionarias y racistas, al tiempo que ampliamente subvencionadas, como son la Assemblea Nacional Catalana y el Òmnium Cultural. 

La unidad social y política en torno al Gobierno y al Rey es imprescindible porque ambos son el único dique de contención a las aspiraciones de los separatistas

Lo extravagante del caso es que este conglomerado independentista, de inequívoca vocación totalitaria, se presenta como un ejército de demócratas. Para ellos ser demócratas es votar en referéndum. Y como no les dejan votar en una consulta ilegal, se enfadan con Madrid. ¿Eran demócratas Adolf Hitler y Francisco Franco, que intentaban legitimar también sus políticas con consultas populares? Ser demócrata es otra cosa; ser demócrata es, en primer lugar, respetar las leyes que te otorgan tu legitimidad como gobernante; es acatar las sentencias; es respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos —también el de los padres a elegir la lengua en la que educar a sus hijos—; ser demócrata es permitir que la oposición pueda ejercer sus funciones de control en un Parlamento. Nada de esto se ha cumplido en las instituciones catalanas.

La enseñanza y los medios, al servicio de la independencia     

No se trata por tanto de un pulso entre demócratas catalanes y españoles autoritarios sino de la consumación de una operación de ingeniería social y cultural, largo tiempo preparada, gracias al inmenso error que el Estado cometió al cederle la enseñanza a la Generalitat. El control de la educación y de los medios de comunicación públicos y de algunos privados a través de las subvenciones les ha permitido construir un discurso falso pero efectivo entre gran parte de la población, un relato en el que una España holgazana e inculta acaba siendo siempre la culpable de los males de los catalanes.

La situación es de tal gravedad —como se puso de relieve con la reciente aprobación de las leyes del referéndum y de desconexión— que sólo cabe estar del lado del Gobierno de Rajoy, por muy infames que hayan sido algunas de sus actuaciones. Como españoles hemos de apoyarlo en todas las medidas, sean cuales sean, para conjurar la división de nuestro país. Así lo han entendido los otros dos partidos nacionales —PSOE y Ciudadanos—. De los neocomunistas de Podemos nada bueno cabe esperar. Esa unidad social y política en torno al Gobierno y al Rey es imprescindible porque uno y otro, cada cual ejerciendo su papel institucional, son el único dique de contención a las aspiraciones de los separatistas. Pero se necesitan ya hechos para atajar la sedición, no palabras, palabras y palabras.

Si el Estado sale victorioso de este pulso, habrá que estar preparados para el siguiente asalto en el combate que España libra con sus enemigos. Pero si el Estado fracasa en su cometido principal, el de preservar la integridad del territorio nacional, habrá que demolerlo sin dejar piedra sobre piedra. Quebrantada la unidad del país, rota una convivencia de más de 500 años, la monarquía carecería también de sentido. Y a las élites gobernantes habría que señalarles la puerta del exilio por no haber desempeñado, con acierto y dignidad, el papel que la historia les había reservado.