Alexander Schroll, director del aeropuerto de Castellón. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. La Intervención de la Generalitat insta a la dirección de la empresa pública Aerocas, promotora del aeropuerto de Castellón cuya gestión ha sido subcontratada a la empresa SNC Lavalin, a que establezca mecanismos para controlar el cumplimiento del contrato por parte de esta firma, así como para evaluar si el nivel de servicio prestado es adecuado. El seguimiento del trabajo del operador privado debería incluir, a juicio de la Intervención, el alcance, periodicidad del control e indicadores de gestión del operador.
La recomendación, que no resulta baladí porque del cumplimiento de los objetivos sobre el volumen de pasajeros depende que la Generalitat pueda obtener ingresos durante el periodo de la concesión, figura en la auditoría operativa y de gestión de Aerocas del ejercicio 2015 publicada este lunes por la Conselleria de Hacienda.
Este trabajo, realizado conjuntamente por la Intervención de la Generalitat y por el auditor externo, revela que la dirección de Aerocas no ha definido formalmente el procedimiento de control sobre la gestión de la empresa adjudicataria.
Ese protocolo, según el criterio de la Intervención, debería delimitar como mínimo los procesos y los indicadores de gestión a controlar "con el objeto de asegurar una adecuada explotación de las instalaciones y el adecuado cumplimiento del contrato suscrito con la empresa gestora del aeropuerto".
El contrato mediante el cual la administración cedía a la compañía canadiense la explotación del aeródromo preveía una compensación de la Generalitat a Lavalin de hasta 25 millones de euros en los primeros diez años mientras la instalación no alcance el umbral de los 360.000 pasajeros anuales. A partir de 1,2 millones de pasajeros al año, sería el operador el que tendría que compensar a la Generalitat, pero la administración ya admitió en su momento que sería muy difícil llegar a esa cifra.
Aerocas perdió 11,97 millones de euros en 2015, más del doble que el año anterior
Las cuentas de Aerocas del ejercicio 2015 arrojan unos números rojos de 11,97 millones frente a los 4,25 millones de pérdidas del año anterior. Como en ese ejercicio, la firma de auditoria externa rechaza firmar las cuentas porque los anteriores gestores no habrían resuelto las deficiencias que se detectaron en la etapa anterior.
Entonces, el auditor explicaba que en la memoria abreviada de las cuentas anuales no se informaba sobre si el aeropuerto podía generar "un beneficio social o potencial de servicio, o en qué medida el activo generaría ambos tipos de flujos: de efectivo y beneficio social".
Los nuevos administradores de la sociedad sostienen en la memoria que acompaña a sus cuentas de 2015 que no aprecian "ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio 2015 o en siguientes ejercicios".
Para ello, se basan en un estudio de la Universidad Jaume I de Castelló que concluye que la "capacidad generadora de flujos económicos sociales que benefician a la colectividad", esto es, el beneficio social o potencial de servicio del aeropuerto de Castellón "es muy superior al importe contable de los activos".
Sin embargo, el auditor sostiene al respecto que no ha obtenido "evidencia adecuada y suficiente" en cuanto a que el inmovilizado material -los 161,9 millones de euros que costó el aeropuerto y que Aerocas tiene anotado como su principal activo- pueda considerarse un activo no generador de flujos de efectivo. Por ello, declina también firmar las cuentas de 2015.
Por otro lado, la auditoría de cumplimiento de Aerocas detalla una serie de incidencias relacionadas con el régimen de personal o con los mecanismos de contratación.
En relación al primer asunto, el informe alerta que una de las trabajadoras sometidas a una relación de régimen laboral común, se encontraba desempeñando en 2015 las funciones de directora general en virtud de un acuerdo del Consejo de Administración. Aunque no se modificó formalmente su régimen jurídico, a efectos salariales recibía el tratamiento de personal directivo (40.293 euros brutos anuales) por los "poderes de dirección que la misma ejercía".
La directora general de Aerocas era Patricia Llopis, que accedió al puesto, en principio de forma provisional, tras la destitución de Juan García Salas en 2013. Ese mismo año, según alerta la auditoría, se modificó "la estructura retributiva del puesto 00009, sin la autorización expresa de la Consellería de Hacienda y Adminsitración Pública, teniendo efectos sobre la indemnización por despido".
El anterior consejo de Aerocas le subió el sueldo a la directora en funciones de espaldas a la conselleria de Hacienda
A finales de 2015 se produjo el despido de dos empleados: la directora en funciones y un administrativo. El despido de la directora en funciones le fue comunicado el 23 de noviembre de 2015. La rescisión, recibida como “no conforme” por la afectada. El 10 de diciembre de 2015, en el marco del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Consellería de Economía Sostenible, Aerocas y la directora pactaron una indemnización de 52.826 euros por "despido improcedente".
Tanto en este caso como en el del administrativo despedido se excedió, a juicio de la Intervención, la cuantía máxima de la indemnización aplicable en estos casos, por lo que abre la puerta a reclamarles la devolución de las cantidades pagadas de más.
La Intervención recuerda que en 2015 la Generalitat realizó una aportación directa al capital social de Aerocas de 12 millones de euros encaminada a corregir un desequilibrio patrimonial que le hacía entrar en causa de disolución. La decisión causó una gran polémica en su momento porque se celebró pocos días antes de las elecciones autonómicas de mayo del año pasado.
