VALÈNCIA. La causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de València conocida como caso Valmor ha dado un giro después de confirmarse que la exconsellera Lola Johnson y el empresario y expiloto Jorge Martínez Aspar han dejado de estar investigados. La causa continúa ahora dividida en tres pieza y con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps como principal investigado.
En esta pieza se investiga la creación del evento deportivo y tiene a Camps como único investigado por delito continuado de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. El fiscal opina que está acreditado que Camps, en el ejercicio de su cargo, "llegó a un acuerdo verbal con Bernie Ecclestone para celebrar en València la F1 al margen de cualquier procedimiento administrativo y sin tener competencia como órgano de contratación".
Según fuentes conocedoras de la investigación, tan solo falta una declaración que se quedó a medias para finalizar la instrucción. Tras esa declaración, la magistrada supuestamente hará el auto de procesamiento contra Camps, que sí tiene recurso, y una vez resuelto dicho recurso se emitiría el de apertura de juicio oral, que es irrecurrible. Las fuentes calculan que todo ello podría alargarse hasta final de este año.
Camps, se ha quedado solo después de que la que fuera su mano derecha, Belén Reyero, declarara a la magistrada que fue el expresidente el único responsable de que la Fórmula 1 llegara a València. Y que fue él, y solo él, la persona que tomó todas las decisiones fundamentales con respecto a este tema. Esa declaración supuso que Lola Jonhson, Jorge Martínez Aspar, la propia Reyero y el exdirector de Sociedad Proyectos temáticos Nicolás Figueres quedaran fuera del foco judicial tras casi cuatro años como imputados.
La segunda de las piezas es, sin lugar a duda, la más polémica de todas. En ella se investiga la compra de la empresa Valmor Sport, participada por Aspar, Fernando Roig y Bancaja, por 1 euro por parte de Consell, una empresa quebrada que en realidad arrastraba una deuda superior a los 40 millones de euros. Tras la declaración de Reyero, esta pieza se ha quedado, por el momento, a la espera de que la instrucción lleve a nuevas imputaciones.
Camps había dimitido en julio de 2011 y el Gobierno que aprobó la compra de Valmor, entre finales de 2011 y principios de 2012, estaba presidido por Alberto Fabra, que actualmente es senador del PP y por tanto aforado, lo que supondría que el juzgado valenciano, en caso de querer investigarle, no tendría competencia para ello y debería inhibirse en favor del Tribunal Supremo.
La tercera y última de las piezas que en la que actualmente está dividido el caso Valmor, es la que investiga el presunto amaño de los contratos relacionados con las gradas y el montaje de las pantallas de televisión dentro del circuito urbano en el gran premio de gestionaba la empresa Valmor Sport, y que fueron firmados entre Circuito del Motor, empresa pública responsable del circuito de Ricardo Tormo de Cheste y que también se ocupó de la organización de los cinco grandes premios urbanos de Fórmula 1 de Valencia con determinados proveedores.
Entre los investigados hay cinco extrabajadores de la empresa pública que gestiona el circuito de Cheste. Son Julio García Gimeno, director del Circuit (2008-2012) y hermano de Pedro García, exdirector de RTVV, imputado en la pieza del caso Gürtel por los amaños en la visita del Papa; Blanca Tomás, directora financiera de Circuit del Motor; Desamparados del Valle, responsable jurídica de la empresa pública a quien la UDEF achaca la tarea de maquillar informes y expedientes; Juan Pérez Milla, responsable del departamento de compras del Circuit, y Miguel Martí Trenor, director técnico del Circuit y también en la empresa Worldwide Circuit Management, firma que participaba con un 33% en Valmor Sports y de la que eran accionistas Aspar y Vicente Cotino.
También han pasado por el juzgado como imputados, a raíz del informe de la UDEF que analizó miles de correos electrónicos, Patxi Salamanca, técnico de Valmor que retocaba informes con la técnica jurídica del Circuit; dos letrados de Broseta Abogados, José Llixiona y Miguel Navarro, y José Manuel Escrig, exdirector de Presupuestos, subsecretario y secretario autonómico de Economía y Hacienda (2003-2011).