Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Valencia Club de Fútbol recibirá un flotador de última hora que podrá utilizar salvar el plan urbanístico de Mestalla. La inyección financiera de la gestora fondos británica CVC Capital Partners en los clubes de LaLiga ofrecerá una oportunidad de oro al club che para dar un importante impulso a la ATE del Mestalla, que la administración valenciana ya amenaza con tumbar.
El acuerdo entre el campeonato español y la gestora británica fue ratificado este jueves por todos los clubes excepto el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic y el Oviedo, y conlleva el reparto de un total de 2.100 millones de euros entre los equipos que han votado favorablemente. Dinero que deberá devolverse a CVC a bajo interés durante 40 años a cambio de algo menos del 9% de los beneficios de LaLiga en los próximos 50 años.
En todo caso, a corto plazo supone un balón de oxígeno muy preciado para los clubes, que han acusado especialmente la crisis sanitaria del coronavirus. En el caso del Valencia, el flotador financiero que recibirá no es nada desdeñable: 117 millones de euros. El reparto, eso sí, lleva aparejadas una serie de condiciones, especialmente en cuanto a su uso.
Así pues, el 15% podrá invertirse en jugadores y otro 15%, en pagar deudas generadas por la crisis del coronavirus, pero el 70% restante tendrá que ir sí o sí a mejorar las infraestructuras, bien sean estadios, ciudades deportivas u otro tipo de instalaciones de este tipo. Obligación que, casualmente, converge con uno de los deberes pendientes del Valencia Club de Fútbol: cumplir con los compromisos de la ATE del Mestalla.
"Si hay algo de bueno que tiene la ‘joint venture’ que va a formar CVC con LaLiga es que de los recursos entrantes para los clubes de fútbol -no olvidemos que son de por sí entidades deficitarias- se van a ver obligadas a destinar el 70% de lo que perciban a infraestructuras, modernización y digitalización", explica a este diario Ricardo González, gestor de fondos de GPM. Se trata de "un detalle muy importante", dice, porque "la mayoría del capital que va a entrar en los clubes de fútbol va destinado a inversión y no a gasto" y "solo queda un 15% para lo que es el negocio de la contratación de futbolistas, que es un negocio claramente deficitario".
En el caso del Valencia es algo especialmente a celebrar, recuerda, ya que "el club tiene un talón de Aquiles con la finalización del nuevo estadio". De esta manera, esta inyección financiera "abre una buena vía al propietario Peter Lim para invertir ese dinero en acabar el nuevo Mestalla, lo que parece un traje a medida para la ciudad de Valencia que obliga al Valencia CF a acabar un estadio que tantos años lleva parado".
De hecho, uno de los motivos que había alegado el club che ante la administración valenciana para justificar los numerosos incumplimientos de los plazos del plan urbanístico es precisamente la falta de la financiación necesaria. Así lo expresó el presidente, Anil Murthy, en un escrito presentado a la Generalitat Valenciana el pasado mes de julio.
En él, Murthy aseguraba que para el Valencia era "imposible" presentar un proyecto económico viable para acometer las actuaciones de la ATE antes de 2025 "debido a la absoluta imposibilidad de obtener financiación bancaria [...] a raíz del contexto económico actual". Ahora, la liquidez que supone el acuerdo entre LaLiga y CVC deja casi sin excusas al Valencia para ofrecer alguna garantía de cumplimiento de la ATE, que por ahora finaliza en 2025.
Lo cierto es que el plan urbanístico acumula ya diversas demoras. De la primera fase, que debía estar concluida en 2018, se ha demolido el edificio municipal en la Avenida de Aragón, se ha concluido la urbanización del entorno, pero todavía falta la construcción del hotel -propiedad de Expo Grupo- en las parcelas resultantes. Y de la segunda fase, que finaliza este mismo mes de agosto, no hay nada ejecutado: ni la finalización del Nou Mestalla, ni la construcción del polideportivo de Benicalap, ni el desarrollo del suelo terciario.
El club solicitó a la Generalitat Valenciana una prórroga de los plazos previstos, sin acompañar la petición de ningún tipo de garantía. La administración autonómica ha respondido con la negativa al considerar que los retrasos en el plan urbanístico corresponden exclusivamente al club y ahora estudia las alegaciones presentadas por el Valencia para decidir si finalmente le otorga la prórroga hasta 2030 o no.
Con todo, la culminación próximamente de la fecha límite del segundo plazo deja muy poco margen de maniobra para el club que preside Murthy. Las administraciones han pedido reiteradamente al Valencia que diera alguna garantía que demostrase que las actuaciones de la ATE iban a seguir desarrollándose para evitar la parálisis. El nuevo fondo permitiría en este sentido desbloquear la situación.
