Economía pide al VCF y al Ayuntamiento que justifiquen la demora en la ATE tras las acusaciones del club

VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ha enviado sendos escritos al Valencia Club de Fútbol y al Ayuntamiento de València para que justifiquen documentalmente los retrasos en el cumplimiento de los plazos de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Nou Mestalla. La Conselleria de Economía, que dirige Rafa Climent, busca así comprobar la veracidad de las acusaciones vertidas por el club che, según el cual las demoras en el desarrollo urbanístico suscrito en 2015 son achacables, fundamentalmente, al consistorio del Cap i Casal y a la irrupción de la covid.

El movimiento se enmarca en el proceso abierto por el Valencia el pasado mes de abril para postergar los plazos de la ATE ante la imposibilidad de cumplir lo acordado con la administración hace más de un lustro. Si el acuerdo inicial fija que la actuación finalizará en 2025, el club que dirige Anil Murthy ha solicitado a la Generalitat aplazarlo hasta 2030, algo que la administración autonómica ha denegado por el momento, arguyendo que los retrasos acumulados son exclusiva responsabilidad del Valencia.

Ante ello, el club presentó las alegaciones para tratar de salvar la prórroga de la ATE. En ellas, culpaba de los retrasos al Ayuntamiento y a la covid, como publicó este diario. Ahora, leídas las alegaciones del Valencia, la Generalitat pretende que tanto Murthy como el consistorio -especialmente las concejalías de Urbanismo y de Actividades- presenten la documentación pertinente para dilucidar quién es el auténtico responsable de los incumplimientos.

"A la vista del escrito presentado y de los anexos aportados, resulta de interés que se completen las alegaciones formuladas" con más documentación, reza el escrito remitido al Valencia Club de Fútbol. Lo mismo se ha hecho con el Ayuntamiento: "Resulta de interés que se corroboren por el Ayuntamiento de València algunas alegaciones formuladas, así como que se esclarezcan otras cuestiones derivadas", se lee en el requerimiento remitido al consistorio de la capital del Túria. 

Hay que recordar que en sus alegaciones, el presidente del club, Anil Murthy, negaba la mayor sostenida por la administración: a su juicio, los retrasos "no son imputables al club". Y además, reiteraba "expresamente" la "más firme voluntad de cumplir con los compromisos previstos en la ATE" dentro de los nuevos plazos, marcados por la prórroga que se solicita. Es decir, en 2030.

Tras enviar los documentos requeridos, para lo que tanto consistorio como el VCF tienen 15 días hábiles, será el momento para que la Conselleria de Economía pueda estudiar todos los detalles a fondo y tome una decisión sobre si concede o no concede la prórroga de los plazos solicitada para la ATE.

Pero, ¿si se rechazara la prórroga, ello implica la anulación de la ATE? No. Se trata de dos procedimientos diferentes. La administración, en este caso, se limita a responder a la solicitud realizada por el club de aplazar las fechas límite de la actuación. Y la única implicación de un posible rechazo de la Generalitat Valenciana a la prórroga es que los plazos se mantendrían intactos: en 2025 expiraría la ATE.

No obstante, hasta que no se decida sobre esta prórroga, no se podrá hablar de empezar los procedimientos para declarar la caducidad de la ATE, como solicitan las voces más críticas. El motivo, como explicó este diario, no es otro que la seguridad jurídica. Incoar un expediente de caducidad del plan urbanístico podría dar lugar a una inseguridad jurídica que se prefiere evitar dado que, si se concediese la prórroga, carecería de sentido haber dado curso a los procedimientos para declarar la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica. Por ello, hasta que no se haya finalizado un proceso, sería inviable iniciar el segundo.

Hay otro aspecto que depende de cómo se resuelva el debate sobre la prórroga: la multa de 2,3 millones de euros al VCF propuesta por la Conselleria de Obras Públicas, que dirige Arcadi España. Esta penalidad se encuentra en el aire porque se impondría exclusivamente por el incumplimiento en la construcción del hotel en la Avenida de Aragón. El Valencia y el Ayuntamiento de València defienden que ello es responsabilidad exclusiva de la mercantil hotelera promotora, Expo Grupo, mientras que la Generalitat considera hasta ahora que es del club. Si finalmente se opta por el primer criterio, la sanción perderá su justificación.