La juez solicita informes a las partes tras la denuncia del cuñado de Barberá a un testigo de Taula por falso testimonio

VALÈNCIA. José maría Corbín, el cuñado de Rita Barberá deberá informar a la magistrada que lleva su querella contra uno de los principales testigos del pitufeo, Jesús G., por un presunto delito de falso testimonio sobre porqué no debería archivar la querella. Por otro lado, la instructora también le ha solicitado al letrado del querellado que alegue los motivos por los que creen que la causa debería ser archivada.

Corbín denunció al testigo tras acceder al informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que, éste, afirmaba que el cuñado de la exalcaldesa de Valencia le había facturado 3.000 euros al mes a la empresa Laterne Product Council. Dicha empresa está bajo la lupa de la UCO pues presuntamente fue la que el PP de Valencia utilizó para la supuesta financiación irregular de la campaña de Barberá en el año 2007, tal y como informó Valencia Plaza en exclusiva tras denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.

Llama la atención que la ira jurídica de Corbín solo se dirija contra este testigo cuando otra de las trabajadoras de Laterne declaró ante los agentes de la UCO que los contratos de la empresa pasaban por el despacho de Corbín. De hecho, la campaña de desprestigio contra una de personas que denunció el presunto blanqueo de capitales no solo se ha circunscrito al ámbito judicial, sino que también ha llegado vía redes sociales y a través de varios medios conservadores.

Fuentes de la investigación consultadas por este periódico explican que “este tipo de actitudes contra los testigos es, por desgracia, bastante habitual. Es la única forma que tienen los presuntos corruptos, sus allegados o los señalados en las declaraciones de desprestigiar a aquellas personas que se han negado a cometer un delito o que han tenido la valentía de denunciarlo. El problema para ellos es que ese tipo de actos no influye para nada ni en jueces, ni en fiscales ni, mucho menos, en los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

Archivo

Valencia Plaza ha querido saber por qué no se ha archivado la querella tras la toma de declaración del testigo de Taula, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dicta que mientras un procedimiento está en instrucción no puede haber falso testimonio, ya que ello se delimita en el plenario o, en su defecto, una vez archivada una causa, algo que según las fuentes consultadas por Valencia Plaza no va a suceder.

La respuestas de las fuentes jurídicas ha sido que “la Audiencia Provincial ha marcado como criterio para no reabrir una causa archivada que, dicha causa, no se haya archivado de plano sin haber realizado previamente ningún tipo de diligencia o escrito de las partes. Es por eso que la magistrada del juzgado de instrucción número 10 de Valencia les ha dado a las partes la posibilidad de explicarse antes de tomar una decisión”.

“Sin embargo hay que decir que la querella es, casi con total seguridad, carne de archivo”, apostillan. No es la primera vez que se interpone una querella por falso testimonio contra un testigo mientras se instruye una causa. La última que fue publicada por los medios fue la presentada por uno de los investigados en Emarsa, Enrique Crespo, contra un trabajador del Ayuntamiento de Manises. En aquella ocasión el magistrado que llevó la instrucción archivó provisionalmente a la espera de que se celebrase el juicio.