VALÈNCIA. El futuro inmediato del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo del Partido Popular, Eduardo Zaplana, podría cambiar en breve si el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, y la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 8 de València, Isabel Rodríguez, consiguen que Uruguay y Panamá les entreguen la información económica que les fue requerida hace ya más de seis meses en relación con la Operación Erial. Para ello, ambos emprendieron un viaje este martes que les llevará a estos dos países.
Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, la intención es presionar en persona que para que la Justicia uruguaya y panameña agilice los trámites de las requisitorias solicitadas desde España. Dichas requisitorias tienen que ver con el presunto movimiento de dinero que habría realizado tanto Zaplana como su entorno para blanquear dinero procedente de las mordidas recibidas por dos contratos públicos de cuando éste era presidente de la Generalitat.
Que los investigadores consigan su objetivo es una espada de doble filo para el exministro. Por un lado, significaría su excarcelación, ya que dejaría de existir el riesgo de destrucción de pruebas, que es en lo que la magistrada y el fiscal basan su postura para no excarcelarle. Pero por otro lado, podría ser la prueba definitiva que demostrara la responsabilidad penal del Molt Honoratble, pues se supone que es en estos países donde Zaplana tiene las cuentas con el presunto dinero negro.
La situación de preso de Eduardo Zaplana generó un debate que se inició el mismo día de su detención. El expresidente padece una leucemia que obliga a mantenerle inmunodeprimido, lo que según su defensa podría ocasionarle un serio problema de salud, incluso la muerte, si se contagia de alguna enfermedad. Sin embargo, los investigadores se niegan a concederle la libertad porque aseguran que las condiciones médicas del preso son buenas y porque, además, existe un riesgo evidente de destrucción de pruebas si sale en libertad antes de conseguir los famosos datos financieros.
Zaplana está acusado de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y asociación ilícita. Junto con el expresidente permanecen en prisión los que los investigadores consideran sus principales testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau.
Además, en el caso también constan como imputados, entre otros, su exjefe de gabinete, Juan Francisco García; su mujer, Rosa Barceló; su secretaria, Mitsouko Henríquez y el exconseller y exdirector general de la Policía, Juan Cotino.
En la Operación Erial, tanto la magistrada como la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) rastrean el supuesto blanqueo de casi once millones de euros procedentes de presuntas comisiones ilegales recibidas de la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV, así como del plan eólico en la época en la que Eduardo Zaplana era el presidente de la Generalitat Valenciana.