La jueza archiva la causa sobre publicidad institucional de Puig pero destaca el "reparto desigual"

VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha archivado la investigación sobre la publicidad institucional que la Generalitat Valenciana otorgó durante varios años a los medios de comunicación al no apreciar delito. La causa abarcaba al periodo temporal de entre 2016 a 2019, durante la etapa en la que Ximo Puig era el jefe del Consell. 

Las indagaciones se iniciaron hace alrededor de un año tras una denuncia presentada por la Fiscalía a raíz de una investigación de la Agencia Antifraude. El juzgado abrió diligencias en julio de 2023 por diversos contratos de promoción de la Generalitat en medios de comunicación a lo largo de esos cuatro años. Es decir, la conocida como publicidad institucional, que abarca inserciones, anuncios o acciones de divulgación desde la Administración.

La causa se centraba posibles delitos contra las Administraciones Públicas en genérico, aunque la Fiscalía dirigió su denuncia contra varias personas físicas de la administración y de empresas relacionadas con la comunicación por cuatro presuntos delitos: delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa agravada; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de malversación, y delito continuado de fraude a la Administración. 

En el escrito de Anticorrupción se diferenciaba entre dos situaciones. De un lado, las irregularidades que se habrían cometido en la licitación de los contratos; y, de otro, las cometidas por las mercantiles adjudicatarias en la ejecución y justificación económica de éstos. Hace pocos meses declaró la única persona que figuraba como investigada en este procedimiento –el director del área de Negociación de una empresa a la que la Generalitat adjudicó un contrato para la gestión de la publicidad institucional–, además de diversos testigos.

De acuerdo con las indagaciones que realizó Anticorrupción, empresas como Mediterránea de Medios o Maxus, agencias intermediarias, habrían sido adjudicatarias de contratos de promoción institucional de la Generalitat. Para ello, habrían ofertado unos elevados descuentos, muy superiores a los habituales en concursos de otro tipo. La Fiscalía los cifró entre alrededor del 70% y el 90% y cree que eran irreales, con el objetivo de adjudicarse el contrato, y que en algunos casos se causó perjuicio económico a la administración. Los citados descuentos se habrían aplicado sobre presupuestos inflados artificialmente tras ser pactados con la Generalitat y sin documentación justificativa. 

Anticorrupción consideraba que las empresas intermediarias tenían intención de lucrarse ilícitamente y sabían que los descuentos eran ficticios o irreales y que no iban a ser finalmente ejecutados. Así, sostuvo que presentaban a la Generalitat presupuestos brutos no justificados e hinchados sobre los que se aplicaban los cuestionados descuentos (en lugar de hacerlo sobre las tarifas de los medios o los precios de mercado). 

Con todo ello, en lo que la Fiscalía entendió una práctica fraudulenta, se habría podido causar a la Generalitat un perjuicio económico que podría alcanzar más de 200.000 euros sobre un análisis de una decena de facturas. El perjuicio económico extrapolado a los importes ejecutados de uno de los lotes que figura en la investigación podría llegar a los 3,6 millones de euros.   

La investigación hacía especial hincapié en la entrevista al jefe del Consell, Ximo Puig, que publicó el periódico británico The Guardian y que generó controversia por ser una entrevista de pago. Fue en noviembre de 2016 con motivo de una feria de turismo en Londres a la que acudió la Generalitat. La encargada de realizársela en un suplemento sobre la Comunitat Valenciana fue The Report Company, una empresa española creadora de contenidos.

En ella, se aprovechaba para ensalzar su figura y 'vender' la Comunitat Valenciana en uno de los caladeros turísticos más importantes, mientras él exponía las grandes propuestas de la legislatura o criticaba al PP por la corrupción. "El Levante feliz resultó ser una gran mentira", afirmaba en una de sus declaraciones. La Generalitat argumentó en ese momento que no se trataba de una entrevista pagada, pero se acabó demostrando lo contrario: costó 43.000 euros. 

La Fiscalía consideraba esa adjudicación como una en las que se incrementó el presupuesto para aplicar un descuento irreal con el objetivo, por parte de la adjudicataria, de lucrarse ilícitamente. Además, destacaba que el servicio fue subcontratado, algo que al parecer no permitía el contrato de la Generalitat, y la empresa intermediaria habría abonado a The Guardian sólo una parte. 

No aprecia ilícito penal, pero incide en irregularidades administrativas y desequilibrios en el reparto de la publicidad entre los medios

La jueza, sin embargo, incide en que las irregularidades detectadas no integran los delitos que atribuía la Fiscalía. En lo relativo a la licitación de los contratos, comenta que las actuaciones carecen de relevancia penal suficiente y que las irregularidades administrativas deberán ser corregidas por la propia Generalitat. En cuanto a la ejecución y justificación económica, la magistrada sí ve acreditado que los descuentos ofertados por las agencias intermediarias no fueron tales y que la mercantil adjudicataria consiguió frente a sus proveedores unos descuentos muy inferiores a los ofrecidos. 

De esta manera, las cantidades facturadas a la administración por la adjudicataria, dice la jueza, fueron muy superiores a las que en teoría debería haber facturado de haberse aplicado los descuentos ofrecidos. La magistrada dedica unas líneas a valorar igualmente el "reparto desigual en la contratación de la publicidad entre los distintos medios" y concluye que Presidencia "favoreció económicamente al grupo editorial Prensa Ibérica". 

De las facturas analizadas por importe total de 288.298 euros, expone la jueza, 114.394 fueron facturados por el grupo Prensa Ibérica (el 39,68%) frente a los 23.479 euros del segundo en importancia de facturación y que fue el Grupo Prisa y los 18.737 euros del tercero, que fue Vocento. En la campaña de enero de 2018, prosigue, mientras el diario Levante facturaba 14.755 euros, el diario Las Provincias facturaba 5.268 euros y en las publicaciones digitales Valencia Plaza y Alicante Plaza facturaban 1.000 euros. 

En todo caso, señala que los hechos no son constitutivos de un delito de malversación por parte los funcionarios de la Generalitat que intervinieron en la fase de justificación económica, dando el visto bueno para el pago de las facturas. Así, razona que el dinero destinado a publicidad de los medios no se apartó para otro fin y fue a parar allá donde estaba presupuestado. Tampoco cree que exista fraude a la administración ni estafa. 

En este sentido, apunta a que el contrato entre la administración y la adjudicataria comprometía a ambas, por lo que si la primera no hubiera abonado el dinero a la segunda podría haber incurrido en una situación de enriquecimiento injusto. 

Las consideraciones de todo lo anterior se trasladan igualmente a la entrevista de Puig en The Guardian, donde la jueza no aprecia infracción penal.