La jueza de Valmor pospone las declaraciones de la F1 porque olvidan notificar más de 200.000 correos

VALÈNCIA. La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 2 de Valencia, Beatriz Sobremonte, que investiga el presunto pufo de la Fórmula 1 ha suspendido las declaraciones de los tres testigos previstas para este miércoles a petición de las defensas. En el conocido como caso Valmor están imputados, entre otros, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; la exconsellera, Dolores Johnson; el expiloto de motos, Jorge Martínez Aspar; la que fue responsable del departamento de Eventos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana y mano derecha del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en grandes eventos, Belén Reyero, y a Nicolás Figueras, exdirector general de Sociedad Proyectos Temáticos de la CV.

Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes cercanas al caso, a los letrados no les han proveído para recoger los más de 200.000 correos electrónicos en los que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional se ha basado para realizar su último, y demoledor, informe, y por ello han alegado que se podría producir indefensión pues no han podido estudiar el contenido íntegro de los correos y preparar las preguntas para los testigos.

Tanto la magistrada como el fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, han estado de acuerdo en posponer las declaraciones del abogado Manuel Broseta de Broseta Abogados y que intervino en la redacción del contrato entre Valmor y el Circuito del Motor en 2008 por el que el primero designaba al segundo como organizador de la carrera, la trabajadora del Aspar Team Silvia Pelufo y de la ex subsecretaria de Presidencia Isabel Vilallonga.

Caso Valmor

El caso Valmor se investiga en dos piezas separadas. En la primera pieza se centran en las negociaciones previas para traer a València el Gran Premio y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor. En la pieza 2 se instruye la absorción de Valmor por Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat.

Pero la investigación del pufo de la Fórmula 1 surgió a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de un grupo de diputados del PSPV. En la pieza principal están investigados el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la exconsellera de Deportes Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, a los que ahora hay que añadir los nombres de Reyero y Figueras.

La querella que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".