Rafael BlascoVALENCIA. (EUROPA PRESS). El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye dos piezas separadas del llamado 'caso Blasco' --sobre las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas por parte de la extinta conselleria de Solidaridad--, ha remitido al decanato para su posterior reparto a un juzgado de instrucción, las irregularidades descubiertas en la contratación por parte de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía (posteriormente Consellería de Solidaridad y Ciudadanía), de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
La instructora, que aprecia indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos, considera que se amañaron contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni, empresario que se encuentra cumpliendo prisión tras ser condenado, junto al exconseller Rafael Blasco, por el desvío de las ayudas destinadas a la Cooperación y Desarrollo, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Según el auto, hubo "una clara vulneración de los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que inspiran la contratación pública". Añade que existen "indicios que nos llevan a inferir que con anterioridad a la iniciación de los expedientes de contratación, ya estaba decidido y hablado de antemano que iban a ser las empresas del señor Tauroni las que ejecutaran los trabajos a través de terceras empresas interpuestas.
Así se desprendía al verificar la fecha de los contratos suscritos entre estas terceras empresas con las mercantiles de Tauroni, en los que se acordaba la subcontratación de los servicios que posteriormente la Administración adjudicaba. Las fechas de los contratos eran anteriores a la iniciación de los expedientes de contratación".
La magistrada entiende que estos hechos son ajenos a los que se investigan en las dos piezas que todavía instruye del caso Blasco --la relacionada con la concesión de ayudas a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011 y la relativa a la construcción de un hospital en Haití. Por este motivo, la jueza considera que otro juzgado ha de asumir esta nueva investigación.
Según constan en la causa, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros, habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. En el auto se señala que esos contratos fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.
Las primeras mercantiles contrataban con las segundas antes de que se hubiera iniciado la tramitación del expediente administrativo que había de resolver a quién se le adjudicaba el servicio o de que se publicitara el pliego de condiciones. En otras ocasiones, el objeto del contrato no se correspondía con el servicio prestado.
La titular de Instrucción 21 considera que "atendiendo al contenido del contrato entre ambas mercantiles y a la fecha del mismo, se evidencia que con anterioridad a la iniciación del expediente ya se conocía que iba a ser Fujitsu la adjudicataria de los servicios requeridos por la Consellería y que estos iban a ser ejecutados en su totalidad" por Dinamiz-e o S&C. Esto, añade, es un "claro incumplimiento" de la ley, que "prohíbe la subcontratación que exceda al 60% del importe de adjudicación e impone la obligación de comunicar a la Administración la misma".
En su resolución agrega que "las cantidades abonadas en concepto del precio convenido en los contratos suscritos con las entidades adjudicatarias de los servicios informáticos licitados por la Administración, no eran destinados al objeto del contrato, sino que se empleaban para pagar al equipo humano que Tauroni tenía en la Consellería dedicado al mantenimiento de determinados portales web, la Administración de Sistemas de la Dirección General de Inmigración, la Administración de Base de datos Oracle (contratada a través del procedimiento negociado sin publicidad de los artículos 153 y ss de la Ley 30/07) y dos administrativas adscritas a la Dirección General de Inmigración, cuyo cometido nada tenía que ver con servicios informáticos".
La magistrada proseguirá con la instrucción de las dos piezas separadas del caso Blasco Cooperación en las que, entre otros, están investigados (imputados según la denominación anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), el exconseller Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el propio Tauroni por cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones.
