Francisco Camps. VPLa magistrada ha abierto diversas causas contra agentes de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado
VALENCIA. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, Carmen García Mingo, ha abierto la caja de Pandora, judicialmente hablando, al admitir a trámite la querella presentada por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps contra el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incluyó su nombre en un informe relativo a la Operación Taula.
Varios letrados que representan a diversos imputados por corrupción aseveran que, de prosperar la querella, están seguros de que sus representados demandarán iniciar procedimientos judiciales como este contra los policías y guardias civiles que les mencionan en los informes adjuntos a los sumarios, lo que supondría un absoluto quebradero de cabeza para la Audiencia Provincial, responsable de resolver los recursos, a la vez que también sería un verdadero conflicto de competencias entre el juzgado que lleve la causa principal, y en el que recaiga la querella.
No es seguro que García Mingo sea competente para instruir esta causa. Fuentes jurídicas de toda solvencia consultadas por este periódico explican que "al haber una causa abierta –Taula–, la magistrada debería inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número 18, y no solicitar parte del sumario, como ha hecho para instruir ella la causa". No obstante, otras fuentes jurídicas sí le otorgan la competencia.
Los letrados que, a día de hoy, llevan causas de corrupción expresan su "alegría" porque sea Carmen García Mingo y no un abogado la persona que "les diga a los policías y guardias civiles que no pueden hacer lo que quieran con los informes". "Son demasiado valorativos", apostillan.
Fuentes cercanas al Ministerio Público aseguran que desde la Fiscalía no ven con buenos ojos la decisión de la juez, pues puede abrir una vía "muy peligrosa" para llevar a buen puerto las investigaciones, ya que si se pone en el punto de mira a los investigadores, éstos pueden optar por ser "demasiado prudentes" para no ser procesados y, por tanto, no investigar como corresponde.
García Mingo es conocida por haber llevado a juicio al grupo de Sirlas (robos con violencia) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en Valencia, por un presunto delito de detención ilegal, al entender que no comunicaron la detención a un reo, a pesar de que el detenido había llamado desde el teléfono de uno de los policías no solo a su abogada, sino a su padre. Los seis policías salieron absueltos del juicio al poder acreditar las llamadas realizadas desde el móvil de uno de los agentes.
Esta misma magistrada también comenzó un procedimiento contra otro agente del CNP al que acusó de apalizar a un detenido por atracar bancos. La juez le llegó a leer los derechos al policía pero, poco después, el agente pudo acreditar que el parte de lesiones aportado por el detenido era previo a la detención del mismo y, por consiguiente, era imposible que hubiese sido el agente la persona que le dio la paliza.
Camps fue citado este miércoles por la mañana para ratificar su denuncia en el juzgado. El expresidente presentó la denuncia por lo que a su juicio son una "gravísimas acusaciones y calumnias". En el escrito del expresidente se afirma que el guardia hace una "interpretación maliciosa e interesada" de las grabaciones hechas por una persona, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.
