Hoy es 14 de octubre
VALÈNCIA (EFE). La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana ha ordenado a la Generalitat que elimine de la información sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que aparece en su página web "toda referencia que haga alusión a los logros obtenidos por el president", Ximo Puig, así como la atribución de logros educación, sanidad o infraestructuras.
Con esta decisión la Junta Electoral resuelve una denuncias presentada por el Partido Popular (PP) sobre informaciones publicadas en la web de la Generalitat relativas al abono del FLA por parte del Gobierno Central que podrían incumplir la normativa electoral "por suponer campaña no permitida a los poderes públicos" y otra de Ciudadanos en la que denunciaba notas de prensa de logros del Consell sobre construcción de colegios, defensa de la sanidad pública, mejora de las infraestructuras y poner fin a la infrafinanciación.
En relación con la denuncia del PP, la Junta Electoral indica, en una resolución fechada el 18 de abril, que los contenidos de las informaciones sobre el FLA incluidas en su página web se deben circunscribir "a los datos propios de una campaña informativa sobre el proceso de pago a los deudores de la Generalitatr con los fondos procedentes del FLA". En consecuencia, están prohibidas, y por tanto deben retirarse de las informaciones, afirmaciones como "será el año de la legislatura en que más pronto se podrán en marcha estos fondos" o "el gobierno ha activado el GFLA de la Comunitat Valenciana que permite inyectar 700 millones para pagar a proveedores valencianos", según explica la Junta Electoral.
En relación a la denuncia de Ciudadanos, la Junta Electoral resalta que el hecho de que las notas informativas denunciadas sean anteriores al inicio del periodo electoral denota que "el incumplimiento de la legislación electoral no se ha realizado de mala fe. Además, resalta que la buena disposición de la Generalitat queda corroborada en una de sus alegaciones, en la que se indica que, "a fin de evitar malentendidos, el carrusel de la web del Presidente va a ser objeto de actualización y si desde la Junta Electoral se considera que debe retirarse alguna información por su relación con la campaña, lo cumpliremos".
No obstante, la Junta Electoral estima que la información del FLA tiene "interés público por cuanto ha motivado que el próximo 24 de abril, a cuatro días de las elecciones, se reúne la Diputación Permanente" de les Corts para que el president del Consell informe sobre este asunto. En consecuencia, estima parcialmente la reclamación de Ciudadanos y ordena a la Generalitat que retire de la web las informaciones, anteriores o posteriores a la convocatoria de elecciones, que presenten "referencias a logros y propuestas que contravienen lo establecido" en la ley electoral.
Tras conocer esta decisión, la presidenta del PPCV y candidata a la presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, ha manifestado este viernes en L'Alcora que la Junta Electoral le ha dicho al president Puig que "no puede usar los recursos públicos que pagamos todos los valencianos, como es la página web de presidencia de la Generalitat, para hacer campaña electoral".
Por su parte, fuentes de la Generalitat han lamentado "la incoherencia y actitudes hipócritas de quienes han recurrido contra una única nota de carácter descriptivo (del FLA), sin juicios de valor, en la que se informaba a los proveedores de dónde pueden consultar la carga de sus facturas!, cuando en las anteriores elecciones el Consell del PP emitió "hasta 7 notas de prensa, 4 de ellas en el mismo periodo electoral, con referencias al "importante esfuerzo del Consell" para "dinamizar esta Comunidad y su mercado de trabajo. O sea, lo que vale para Montero no vale para Montoro".
"Que a algunas formaciones les sepa mal que la Generalitat pague las facturas pendientes a los proveedores valencianos, algo que no había podido hacer hasta ahora por la infrafinanciación que arrastra, es deplorable", han agregado desde el ejecutivo autonómico.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal