La Justicia condena a València por la política de contratación de la Fundación Deportiva

VALÈNCIA. Al Ayuntamiento de València le han metido un gol. El Juzgado Administrativo número 5 ha estimado, parcialmente, las pretensiones del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Comunidad Valenciana (COLEF). Este colegio profesional demandó al consistorio por no contemplar el requisito profesional en una docena de puestos de directivos de la Fundación Deportiva Municipal (FDM).

Las deficiencias en la política de contratación en esta área del Ayuntamiento vienen de antiguo, desde los tiempos de Cristóbal Grau, cuando el PP regía los destinos de la Casa Gran. Para ser director de un pabellón no era preciso tener una titulación específica, lo que abría la posibilidad a contrataciones arbitrarias. Sin embargo, y pese a tener conocimiento de esta anomalía, tras el cambio de gobierno la nueva Concejalía de Deportes no enmendó esta situación anómala.

Aunque el fallo judicial no deja de ser en la práctica un varapalo, la concejala delegada de Deportes, Maite Girau, ha aceptado el contenido de la sentencia y ha asegurado, a través de un comunicado, compartir el fallo y que lo acatará. En el caso concreto de la Fundación Deportiva Municipal la condena afecta a siete plazas de jefatura y directores de polideportivos. Dichas personas no serán despedidas, pero cuando sean reemplazadas sus plazas deberán ser ocupadas por personas tituladas.

Lo que dice el fallo judicial

En el fallo judicial, remitido por la propia concejalía, se estima parcialmente el recurso contencioso interpuesto por el COLEF contra el acuerdo del pleno municipal de fecha 22-12-16 por el que se aprobó el presupuesto general, anexos y plantilla del ayuntamiento y de su fundación deportiva municipal. 

Según reza la sentencia, en la relación de puestos de trabajo debe constar “el requisito de titulación, de contar con la titulación de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o Educación Física o título oficial equivalente”. Asimismo, la sentencia obliga a la Fundación a publicar en cada instalación deportiva de titularidad municipal la información relativa a las titulaciones del personal deportivo que presta servicios.

La excusa de Girau: no quería despedir a nadie

En una comunicado remitido por el consistorio, Girau justificaba el no haber aplicado antes esta exigencia porque, asegura, “la aplicación práctica de las pretensiones del COLEF significaba que algunos trabajadores de la FDM perdieran su puesto de trabajo, un riesgo que desde la Concejalía no se estaba dispuesta a asumir”. Sin embargo, fuentes consultadas aseguraron que sobre la mesa nunca estuvo la posibilidad de despedir a nadie. Igualmente, la concejal recordaba que la sentencia afecta a siete puestos de trabajo, cubiertos desde hace más de una década, de un total de más de 250.

El fallo judicial abre también la vía de exigir a la Dirección General de Deportes de la Generalitat a que se desarrolle la ley de regulación de las profesiones del deporte donde se explicite cuáles deben ser las titulaciones para este tipo de puestos. Ya existe de hecho una proposición no de ley, presentada por el grupo socialista en Les Corts, que conmina a desarrollar esta norma que vendría a complementar a la Ley del Deporte de la Comunitat de 2011. Una regulación que fuentes del sector consideran que será “muy positiva” porque permitirá la profesionalización, tan necesaria en un momento como el actual donde la práctica deportiva se ha masificado.