La Justicia, ese problema desconocido

VALENCIA. Poca fe. Poca confianza. Poca relación. Y sobre todo, ignorancia. El estudio se llama Percepción Actual de la Administración de Justicia en Valencia: Encuesta y Propuestas Ciudadanas. Es un informe impulsado por la Plataforma para la Mejora del Servicio de la Justicia, elaborado como fruto de un convenio entre la Federación de Vecinos y la Universitat de València en el que también han colaborado la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana. Y los datos que se desprenden de él invitan a cualquier cosa menos a la esperanza.

El único atisbo de luz es el margen de error de la encuesta, alto, un 5%, pero viendo los datos, ni con la corrección de ese cinco por ciento se encuentran motivos para la fe. El estudio se dio a conocer en una convocatoria pública en la que el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de Rosa, estuvo acompañado por la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta; el presidente de Avacu, Fernando Moner; el secretario de la UCCV, Vicente Inglada; y por la catedrática de la Universitat, Amparo Oliver, como responsable del estudio. Para su consecución, se realizaron lo largo del año pasado 433 encuestas online anónimas, con el mencionado margen de error de un 5%. El 54% de los encuestados fueron hombres y el 46% mujeres, todos con edades comprendidas entre los 21 y los 91 años, con una media de 55,9 años. Y los datos revelan desconfianza e ignorancia de los mecanismos procesales. El magistrado sevillano Alejandro Vega, del Foro Judicial Independiente, analiza para Valencia Plaza las principales conclusiones del informe. 

1. NO funciona bien. El índice de personas que consideran que la Justicia no funciona bien es completamente desalentador: 93,67%. Un problema que muchos achacan a la falta de medios. De hecho este dato ya se comentaba en un estudio europeo en el que se señalaba que España ocupaba el puesto 22 de 28 países con 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de Portugal (19,2) y de Alemania (24,7). De ahí que no sea de extrañar que el 97% de los valencianos afirme que el Gobierno debería dedicar más dinero a mejorar la administración de Justicia. Para Vega, "la falta de recursos es uno de los talones de Aquiles de la Justicia en España; nosotros ponemos por delante la cuestión de la independencia, pero la inversión en Justicia es fundamental para la eficiencia; aunque lo importante no es sólo la cantidad que se invierta, sino también la calidad de lo que se invierte, el cómo".

2. NO es un servicio público. Las encuestas dicen que el 25% de los estadounidenses no creen que la Tierra es redonda. El porcentaje es ligeramente mayor que el de los valencianos que no creen que la justicia es un servicio público; en concreto, un 16,5%. Por si fuera poco, uno de cada tres expresa que no recibe el mismo trato en los órganos judiciales que en otros servicios a la ciudadanía. No es de extrañar, pues, que sólo un 14% de los que usaron la Justicia, usaran la gratuita. "Debería mejorar la política de comunicación institucional, tanto por parte del Consejo General del Poder Judicial, como por parte de las comunidades, los colegios de abogados... Es un déficit que hemos tenido que se ha ido paliando. A lo mejor hace 15 años el resultado de la encuesta hubiera sido incluso peor, pero aún tenemos trabajo pendiente. La Justicia afecta a todos los ciudadanos. Todos necesitamos que si, por ejemplo, no nos pagan o nos despidan, se solucione pronto nuestro pleito".

3. ¿Y quién es éste? Ya sea por la influencia de los mass media y de las ficciones estadounidenses, ya sea por la falta de difusión de la verdadera justicia española, la realidad es que el público en general no conoce bien las funciones de los diferentes estamentos. Así, el 12,87% no sabe cuál es la función del fiscal, pero peor es el caso del procurador del cual el 28,43% no sabe para qué sirve. Aunque quien se lleva la palma son los secretarios judiciales: el 53,4% de los encuestados no tiene ni idea a qué se dedican. Teniendo en cuenta su relevancia, ostenta técnicamente la dirección de la oficina judicial, es un dato que suscita inquietud. Por cierto, los secretarios judiciales ahora se llaman letrados de la administración de justicia. "Forma parte de una realidad que comentábamos en el punto anterior, pero digamos que hay una imagen que todo el mundo tiene que la Justicia es sólo los jueces y abogados, y no es así", explica Vega. "De hecho la tendencia actual es darle más competencias a los letrados de administración de Justicia".

4. La mediación, esa contradicción. La encuesta también ofrece datos incoherentes. Por ejemplo: Un 83% del total está de acuerdo o muy de acuerdo en qué debería fomentarse la mediación; sin embargo, un 19% no sabe lo que es. Si recordamos el dato anterior, eso significa que un 2% de los encuestados se mostraron a favor de algo que no conocían. "Hay poca cultura de la mediación en España" comenta el magistrado sevillano. "El número de pleitos en España no tiene parangón en Europa y una de las razones es que no se acude a la mediación. Hay una ausencia de protagonismo de las soluciones extrajudiciales, y esto genera un círculo vicioso porque ha masificado los juzgados. A su vez hay gente que se aprovecha de esta masificación, porque prefieren ir a juicio porque saben que se tarda más tiempo y eso les beneficia. Es una realidad que no nos favorece. Tenemos que buscar la fórmula de reducir el número de pleitos".

5. Lo conocen quienes lo usan. Más lógico es el caso del Juzgado de Paz. Un 66,6% conoce sus funciones. Esta cantidad coincide con los que responden haberlo usado. Pero la mala noticia es que el resto no saben para qué sirve; aunque tampoco parece que tengan mucho porvenir. "Los Juzgados de Paz son conocidos en el ámbito rural y es una figura que no sé si continuará existiendo en el futuro", vaticina Vega. "Si nos quejamos de que los juzgados no tienen medios, los Juzgados de Paz, por desgracia, aún están peor".

6. Las sentencias no se entienden. Esta semana la RAE y el Consejo General del Poder Judicial presentaron el Libro de estilo de la Justicia dirigido por Santiago Muñoz Machado, que pretende favorecer la comprensión de los textos jurídicos. Un manual más que oportuno, si tenemos en cuenta que un 48% de los valencianos encuestados en el estudio de Amparo Oliver respondió que no entendía el lenguaje judicial y sólo un tercio leyó lo que firmó. "Hay dos realidades que conviven en esta cuestión: Por un lado el lenguaje que se usa en las sentencias es técnico y es normal que haya una cierta dificultad a la hora de entenderlo, pero por el otro no quita que haya que mejorar la claridad de los textos porque hay veces que las sentencias no las entienden ni los especialistas en derecho. Habría que hacer un esfuerzo para mejorar el mensaje", comenta el magistrado.

7. El valenciano es un problema. Otro dato a tener cuenta es que menos de un 9% de los valencianos que han participado en la encuesta optaron por usar el valenciano en su relación con la Justicia, y de estos, lo que es más grave, aproximadamente un tercio aseguraban haber tenido problemas para ello. Hace menos de una semana el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, le solicitó al conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, que organizase cursos de valenciano para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Quizás deberían plantearse ampliarlos a más organismos. "Formación en el ámbito judicial existe", advierte el magistrado sevillano; "de hecho, el conocimiento de un idioma y del derecho propio se computa como un mérito. Lo que ya es a nivel práctico, depende de otras circunstancias, pero a nivel institucional sí que se puede garantizar que hay sensiblidad", comenta. 

8. Horarios incómodos. Un dato muy concreto es la incomodidad de la Justicia y sus horarios sólo diurnos. El 95% de los valencianos considera que los juzgados deberían abrir por las tardes y un 80% cree que también deberían funcionar los sábados por la mañana. Igualmente, un 44% indica que contactar por teléfono fue difícil o muy difícil y un 55,23% cree que no existe teléfono de información en Juzgados. "Facilitaría las cosas para muchas personas", conviene Vega; "es algo que se puede aplicar a la administración de Justicia, pero también a otras dependencias de la administración pública. Si desde el poder político se llegar al convencimiento de que la Justicia es algo importante, tendríamos esa inversión que necesitamos para funcionar como un servicio público eficiente y de calidad, que es lo que demanda el ciudadano".

9. El turno de oficio es una serie. Sólo un 27% sabe cómo solicitar un abogado de oficio, y de ellos menos del 10% lo han usado. El turno de oficio, para muchos, es sólo una serie de TVE con Juan Luis Galiardo, Carme Elías y Juan Echanove. "Hay muy buenos profesionales en el turno de oficio, abogados veteranos que siguen estando en él, con una profesionalidad que es encomiable", advierte Vega. "Lo que he percibido es que hay que facilitar las cosas al ciudadano, y en ocasiones hay que hacer muchos y arduos trámites burocráticos para poder tener acceso a un abogado del turno de oficio. Se podría hacer un uso más ágil y adecuado del presupuesto". 

10. Indefensos y mal tratados. Un aspecto desalentador de la encuesta es la experiencia de los entrevistados con la Justicia. Entre los que han sido citados en alguna ocasión, un 60% consignaron que no se realizó la citación en la hora prevista, y de estos un 48,8% no tuvo un lugar para acomodarse durante el retraso y un 82,5% no recibió explicación del retraso. Asimismo un 58,4% sintió falta de intimidad durante la actuación judicial y un 73% tuvo dificultades en localizar su sala. De ahí que no sea de extrañar que entre las conclusiones del estudio, más allá de una mejor pedagogía, comunicación con la Justicia y atención al ciudadano en términos de puntualidad, mejor información, accesibilidad, flexibilidad y apertura de horarios, se reivindique sobre todo una mayor empatía con la ciudadanía. "Este es un aspecto en el que debemos ser autocríticos", admite el magistrado sevillano. "Hay que tratar a la gente como lo que son: personas. Tenemos que organizar los juzgados teniendo en cuenta que hay que humanizar más el trato en ellos, dando servicio en la medida de nuestras posibilidades", concluye.