La Ley de Salud que garantiza la universalidad sigue su curso parlamentario y el PP avisa de que acabará en el TC

VALÈNCIA. (EP). El pleno de las Corts Valencianas ha rechazado este jueves, con los votos de PSPV, Compromís, Podemos y la abstención de Cs, devolver al Consell, como pedía el PP, el proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, que recoge la recuperación de la universalidad de la atención sanitaria y apuesta por la gestión pública de la misma. De esta manera, sigue su curso parlamentario aunque los 'populares' han avisado de que puede acabar en el Tribunal Constitucional, como ya ha pasado con otras normas.

En la defensa de la norma, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha argumentado que el proyecto está inspirado en tres grandes ejes como son "la universalidad de la asistencia sanitaria, la garantía de equidad y no discriminación y el fortalecimiento del sistema público".

De este modo, ha enfatizado que busca transformar el sistema sanitario desde "una perspectiva innovadora" con el objetivo de "dejar atrás los recortes y la privatización" para que la sanidad valenciana "afronte los retos del futuro y mejore la salud de la ciudadanía".

Ha defendido que la gestión pública directa mejora la planificación asistencial, mejor aprovechamiento de los recursos públicos y da "mayor garantía de equidad en el acceso de la ciudadanía a los servicios de la salud pública". "Desde el Consell entendemos la sanidad como un instrumento de garantía de derechos, equidad, cohesión social y lucha contra la desigualdad y eso sólo es factible desde lo público", ha subrayado.

Montón ha destacado que entre los aspectos novedosos de la norma están el impulso a la equidad farmacoterapéutica, la atención a la salud mental o medidas relacionadas con el impulso a la investigación
biomédica y sanitaria. También incluye un nuevo artículo dirigido a promover las actuaciones necesarias para fomentar la donación voluntaria y gratuita de sangre, órganos, tejidos y células, incluyendo células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica, cordón umbilical o médula ósea de eficacia científica demostrada.

"Es una verdadera chapuza"

Durante el debate parlamentario, el diputado del PP José Juan Zaplana ha defendido la enmienda de su grupo y ha tachado la norma de "verdadera chapuza" porque "se tramitó sin participación, con inadecuadas justificaciones, sin objeto claro, sin un informe económico y es inconstitucional". Asimismo, ha acusado a la conselleria de "ocultar información", algo que ha admitido que no le sorprende porque asegura que es el departamento del Consell "más opaco y con más enchufes".

Zaplana ha insistido en que todos los informes que se han solicitado "cuestionan" lo que recoge la ley, que es "inconstitucional". "Es una chapuza e irá al Constitucional como el copago o la universalidad y luego dirán que la culpa es del PP, pero ¿algún día traerán una ley constitucional a esta cámara?", se ha preguntado.

Asimismo, ha considerado que no hacía falta esta modificación pero se ha hecho con la "voluntad expresa" de "imponer su ideología más sectaria anteponiendo el bienestar de la ciudadanía y la salud de los valencianos", ha apuntado para indicar que, por ello, la sanidad es la segunda preocupación de los valencianos según el barómetro de 2017 la Generalitat Valenciana.

Al respecto, el diputado del PSPV, Juan Ignacio Subías le ha espetado que si ahora los valencianos se preocupan por el sistema sanitario es porque hay "un gobierno honrado" y ya no hay inquietud por la corrupción como pasaba cuando el PP gobernaba. "Ahora la ciudadanía se preocupa por sus problemas reales", ha remarcado.

Ha defendido que se ha hecho entrega a los interesados de todos documentos que han solicitado y "en ningún caso se ha prescindido de los informes que se exigen legalmente y se ha dado audiencia". "Ustedes lo que quieren es torpedear la modificación de una ley que ustedes intentaron atar y nosotros vamos a desatar en beneficio de los ciudadanos", ha insistido.

En este sentido, ha recriminado al PP que su ley "imponía un modelo" de "privatización, exclusión y pérdida de derechos y que beneficiaba los intereses privados", y ahora lo que se pretende es "apostar por un sistema público, solidario, de calidad, equidad, oportunidades y recuperación de derechos".

Juan Córdoba de Cs ha considerado que la modificación de la norma responde al objetivo de meter "su ideología" con la intención de incluir el objetivo de la universalidad cuyo decreto "el Constitucional les ha tumbado". "Intentan realizar un trasplante del decreto a la ley y eso, a nuestro juicio, no deja de ser un ejercicio alquimia política para mantener vigente lo que el alto tribunal consideró inconstitucional", ha remarcado.

No obstante, ha alabado algunas cuestiones que incorpora la norma como es el uso racional de los medicamentos o la inclusión de la salud mental.

Por su parte, el parlamentario de Podemos Daniel Geffner ha destacado que este cambio "se aparata de los principios y del espíritu defendido por el PP", basados en el "fundamentalismo del mercado, la austeridad, los recortes de derechos, y debilitar el sistema valenciano público".

"Los cambios son positivos porque defienden la universalidad de la asistencia sanitaria, reducen las desiguales en salud y refuerzan la gestión pública directa frente al modelo privatizador de las concesiones administrativas tipo Alzira", ha valorado para puntualizar que, sin embargo, "le preocupa" la apuesta por las áreas de salud supradepartamentales.

Desde Compromís, Isaura Navarro ha afeado al PP que quiera "siempre defender a la empresa privada de sus amigos, colaboradores, y financiadores" y ha defendido que el Consell lo que está haciendo es "recuperar" la sanidad de los valencianos y trabajar por el interés público. En esta línea, ha dicho que la reversión del modelo Alzira es una decisión que "comparte" todo el Comité de Empresa del hospital, según ha afirmado, porque el negocio con la sanidad "ha supuesto una bajada en la calidad asistencial".