Bonig admite que la inclusión de la exalcaldesa en la Diputación Permanente del Senado quizás "no hubiera sido lo mejor"
VALENCIA. Las recientes investigaciones judiciales que han puesto el foco en el seno del PP valenciano comienzan a chamuscar a sus líderes. Día sí, día también, la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, sale a dar explicaciones sobre algún caso relativo a dirigentes o exdirigentes del partido.
A la investigación del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, se suma el procesamiento del ex alcalde de la Vall d'Uixó, Oscar Clavell, próximo a Bonig, mientras, además, se va estrechando el cerco sobre Rita Barberá. De un lado, la posibilidad de que se investigara Barberá por el caso Ritaleaks y de otro, la exalcaldesa de Valencia y mítica figura del PP tendrá que responder ante el Tribunal Supremo el próximo mes de marzo por el presunto blanqueo de capitales del grupo municipal pese al doble blindaje a la que ha tratado de someterla el partido.
La histórica dirigente valenciana, además de ostentar su condición de aforada por su cargo en el Senado, fue adscrita a la Diputación Permanente para no perder su acta aunque vuelvan a convocarse elecciones generales. El doble blindaje no solo causó revuelo entre la oposición y la opinión pública. Incluso dentro del PP hay división en cuanto a la idoneidad de la decisión del partido de Mariano Rajoy y así lo admitió este jueves la líder de los populares valencianos.
Bonig ya ha manifestado en varias ocasiones que cree que la exalcaldesa debe dar más explicaciones respecto a los casos que le salpican, aunque siempre ha tratado de posicionarse frente a su principal valedora en Génova. No obstante, la presidenta del PPCV fue ayer un poco más allá y señaló que "a lo mejor, no hubiese sido lo mejor" incluir a Barberá en la Diputación permanente del Senado, pero que es una decisión que corresponde a la Cámara.
Aparecen cada vez más líderes que abogan por que los investigados ofrezcan explicaciones. Otros, como Alberto Fabra, van más lejos e invitaban a Barberá a hacer "lo mejor para el partido", en clara incitación a apartarse de la primera línea política. De otro lado, aquellos que plantean que se espere a una condena para expulsar a cualquier cargo del partido.
La división en el PP sobre cómo actuar con las sospechas de corrupción y las imputaciones se hace latente. Sin embargo, en lo que coinciden los dirigentes es en tratar de desvincularse de los investigados y procesados a toda costa. Desde el presidente del Gobierno hasta la líder autonómica han explicado que "a Barberá, como a todos los militantes se les dará el mismo trato".
Además, Bonig explicó que existían ciertas "discrepancias jurídicas" sobre si efectivamente se mantendría el acta de senadora en caso de otro proceso electoral porque "los letrados del Senado dicen una cosa y los de les Corts otra".
En cualquier caso, la presidenta valenciana insiste en que "en ningún caso cambia nada", pues si finalmente Barberá fuera citada o investigada en el caso Imelsa "se actuará, como ha dicho el presidente del Gobierno", como con un militante más.