VALÈNCIA. En lo más profundo de la crisis, los concejales de un pequeño pueblo de Galicia transformaron su paga extra de Navidad en vales canjeables por comida que repartieron entre las familias más necesitadas de la localidad. Una de las familias beneficiadas canjeó los vales por percebes gallegos, jamón ibérico, langostinos cocidos, latas de anchoas y otros manjares para la cena de Nochebuena. Los concejales que habían cedido su paga extra, indignados, se propusieron identificar a los autores para excluirlos de futuras ayudas, a pesar de que, probablemente, esa familia necesitaba no solo ayuda para llegar a fin de mes sino un curso de cómo administrarla.
Salvando las distancias, eso mismo le ocurrió a Francisco Camps, el primer presidente que se quejó públicamente de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, mientras degustaba canapés y champán acompañado de Ecclestone, Bertarelli o el duque de Palma. La Generalitat de Camps estaba peor financiada que la de ahora pero lo disimuló tanto, que el mago Gerardo hasta cerró ejercicios con superávit. El heredero por accidente, Alberto Fabra, sacó del cajón el déficit acumulado y cerró el grifo del despilfarro, pero tardó años en hacer creíble lo de la infrafinanciación. Parafraseando a Julio César, "la administración que se queja de estar mal financiada no solo tiene que estar tiesa, sino parecerlo".
Salvando de nuevo las distancias, porque canapés quedan los de la Volvo y poco más, el Gobierno de Ximo Puig y el tripartito que lo sustenta están mandando de nuevo mensajes desconcertantes sobre nuestra desgracia financiera. Estamos quejándonos año tras año de que estamos mal financiados y ahora que empieza la negociación para reformar el modelo, ahora que vamos a manifestarnos a lo grande para que nos oigan, llega el Consell y presenta unos presupuestos para 2018 como si fuéramos sobrados.
La imagen de seriedad con la que los hermanos Paco y José Antonio Pérez han defendido en Madrid la posición valenciana corre peligro si se le da carnaza al ‘enemigo’ –léase Galicia y compañía– con unos presupuestos en los que hay para todo –y para todos– porque se han inflado los ingresos más allá de la partida de 1.325 millones reivindicativos, ficticios, ilusorios... llámenlos como quieran. Partida, por cierto, que Montoro consiente un año más porque cuando Bruselas ponga el grito en el cielo dirá que él no sabía nada, como la vez anterior, y la multa la pagaremos los valencianos.
Solo un ejemplo: Por segundo año consecutivo se presupuestan 55 millones para À Punt, que está en mantillas y no se va a gastar esa cantidad porque esa cantidad es la prevista para cuando esté al 100%. Con los precedentes de 2016 y 2017, ¿tanto costaba ajustar el presupuesto al gasto real que se prevé y de paso no dar pie a que nos señalen por gastar en una televisión pública –eso tiene mala prensa– un dinero que no vamos a gastar?
La alegría presupuestaria del Consell choca también con el llamamiento a la movilización para hacer saber al resto de España que tenemos un problema. ¿Tenemos un problema?, se preguntará más de un valenciano que no sepa que el Estado nos presta lo que nos debería dar y nos cobra intereses por ello.
El 18 de noviembre está convocada en València una manifestación que se quería como la de 1977 –recordada ahora en una exposición fotográfica en el MuVIM–, pero no lo va a ser. Si el PP y su –cada vez más– apéndice Ciudadanos no acuden a la manifestación Per un finançament just, y de momento han anunciado que no lo harán, la protesta se va a quedar coja. La razón de ser de esa manifestación es demostrar al resto de España que los valencianos estamos unidos en la reclamación de un nuevo modelo de financiación autonómica, que nuestra situación financiera es tan grave, que por una vez y sin que sirva de precedente nos hemos unido por una causa común.
Pero o no estamos unidos o no queremos demostrarlo. Así que, antes que evidenciar de nuevo la sempiterna división marca Comunitat Valenciana, tal vez sea más conveniente coger el tercer manifiesto "Per un finançament just" –el mismo lema que la manifestación–, este sí suscrito por todos los grupos en Les Corts, y mandárselo traducido a Rajoy y a Montoro para que vean que hasta Isabel Bonig –y su apéndice Mari Carmen Sánchez– ha firmado un papel en el que se llega a insinuar que hay un déficit acumulado –vulgo, deuda histórica– que hay que arreglar.
¿Llamará el ministro "llorona" a Bonig por pedir lo que toca? ¿La llamará a capítulo Maíllo por meter prisa al Gobierno, que solo ha tardado tres años en acometer la reforma? En el documento no se cita al Ejecutivo de Rajoy ni se le culpa de nada, sino que se pide una financiación justa a quien corresponda diseñarla, que es a los partidos políticos más que al Gobierno.
De ahí que no resulte coherente con lo firmado por Bonig en Les Corts la ausencia del PP valenciano –que viene de manifestarse dos veces en Barcelona– en la manifestación del 18N, menos aún después de que Montoro haya reactivado la reforma del modelo tras el parón por la crisis catalana y prevea cerrarlo en dos meses. Es ahora o nunca.
A la manifestación se han sumado la mayoría de los partidos, los sindicatos, la patronal autonómica valenciana –no así la autonómica alicantina– y numerosas entidades civiles. Si Bonig no quiere que sea una manifestación contra el Gobierno y el PP, la forma de evitarlo es ponerse en primera fila tras la pancarta "Per un finançament just", mientras sus huestes, por cierto, siguen recorriendo las comarcas para explicar que la culpa es de Zapatero. Lo cortés no quita lo valiente. La crítica al Consell no es incompatible con el apoyo a la manifestación, y la prueba es este artículo.
Esta foto de Eva Máñez es ilustrativa de cómo entienden algunos el papel de la Administración en el fomento de la investigación en España. Mucho discurso, ayudas tan escasas como tardías, premios a mayor lucimiento de su majestad, Molt Honorable por aquí, Excel.lentíssim Senyor por allá, Il.lustríssimes Autoritats por acullá... y los investigadores, en segunda fila.
Es prácticamente la única imagen 'de cerca' que pudieron captar los fotógrafos de los premiados en grupo, ya que la organización y la Casa Real dificultaron el trabajo a los reporteros gráficos. Conviene decirlo, a ver si le llega el mensaje a Doña Letizia, que demostró sus dotes de comunicadora pero posiblemente ignore que sus excolegas no pudieron recoger la mejor imagen de los premiados, en teoría protagonistas del acto.
Allí, minutos después de que Ximo Puig pidiese un Pacto de Estado por la Ciencia para "proporcionar estabilidad y continuidad a la política científica en nuestro país" y proteger "la ciencia del arbitrio del gobierno de turno", el mismo científico que el año pasado alertó a Valencia Plaza de que no se habían convocado las ayudas a la investigación nos contaba ahora que se había hecho tarde y mal, por lo que habrá que devolver dinero a Bruselas.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral