VALÈNCIA. Los organizadores quieren máxima asistencia. El próximo 18 de noviembre se celebrará la manifestación para reclamar una financiación justa para la Comunitat Valenciana, y PSPV, Compromís, Podemos y sindicatos quieren que se visibilice al máximo el "clamor existente" por el problema valenciano.
Así lo manifestaron este lunes el secretario general de CCOO PV, Arturo León, y el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, quienes anunciaron -junto a representantes de los tres partidos que sustentan el Botànic- que se llevará a cabo una "gran campaña de información" para conseguir máxima afluencia a la marcha #FinançamentJust.
De esta manera, se ofrecerán charlas informativas, los interesados podrán visitar la página web www.financamentjust.com -donde se podrán tanto consultar las mociones que se presenten en los ayuntamientos como adherir al manifiesto- y hacer un seguimiento a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Para evitar que las comarcas que se encuentran más alejadas de València no acudan a la movilización por problemas con el desplazamiento, León ha informado que se pondrán autobuses para poder desplazarse a la capital.
La marcha comenzará en la calle Guillem de Castro y terminará en las Torres de Serrano. Un recorrido que fue modificado semanas atrás por los organizadores tras las quejas del Partido Popular, pues ésta finalizaba en un principio en Plaza América, donde se encuentra situada actualmente la sede del partido.
De momento, según señalaron este lunes los organizadores, respaldarán la protesta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Acció Cultural del País Valencià, Intersindical, el sindicato CSIF, València en Comú y la Coordinadora Valenciana de ONG, entre otras organizaciones cívicas, sociales, sindicales, culturales y empresariales.
A pesar de que, de momento, ya se han sumado casi 50 entidades, habrá ausencias destacadas. Si bien Ciudadanos todavía no se ha pronunciado, el Partido Popular ya advirtió que no acudiría a la movilización al considerar que las pancartas no solucionarían el problema.
En este sentido, el senador de Podemos, Ferran Martínez, lamentó que el partido que lidera Isabel Bonig comparta "el diagnóstico" -que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada-, pero no vaya a estar el próximo 18 de noviembre. A su vez, criticó que el PP y Ciudadanos, "que han compartido pancarta con la extrema derecha en las últimas semanas" no estén "para defender los intereses de los valencianos".
Las entidades organizadoras insistieron, en palabras de José Muñoz, secretario de organización del PSPV-PSOE, en que no es una manifestación contra nadie, si no una reivindicación "transversal". Un mensaje que va dirigido no solo al PP, también a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), cuyo presidente Salvador Navarro advirtió que no acudirían si no había "unanimidad".
No obstante, Sáez se mostró convencido de que finalmente la patronal estará presente. En su opinión, "si están de acuerdo con el manifiesto firmado y son conscientes de la situación actual en la Comunitat, y saben que es determinante para las empresas que representan, lo lógico y razonable es que participen". "El que no está, no está por que se le excluya, sino porque no quiere estar", añadió.
Muñoz señaló que esta protesta trata de hacer pedagogía para que se pueda poner solución a los tres ejes que causan el problema valenciano: "Un sistema de financiación injusto, una deuda histórica que no se va a poder pagar y el déficit de inversiones, que cada año se repiten en los Presupuestos Generales del Estado".
Mientras, la coordinadora nacional del Bloc, Àgueda Micó, recordó que cada valenciano recibe 237 euros menos que la media de españoles y que con un modelo de financiación justo se podrían "construir 78 colegios o duplicar los médicos especialistas en atención primaria". "Somos el 11% de la población y recibimos alrededor del 6,9% de las inversiones del Estado sin tener en cuenta que no se ejecutan la totalidad de las inversiones", zanjó. La campaña para conseguir la máxima afluencia en la manifestación ha empezado.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral