La negociación de la reforma de financiación autonómica empezará en septiembre

VALÈNCIA/MADRID (VP/EP) El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este jueves los objetivos de déficit para las comunidades autónomas para el próximo trienio (0,4% en 2018, 0,1% en 2019 y equilibrio presupuestario en 2020), con el voto a favor de ocho comunidades autónomas (las cinco del PP, Canarias, Ceuta y Melilla), frente al voto en contra de nueve regiones (las siete socialistas –entre ellas la Comunitat Valenciana–, Cantabria y Cataluña).

En concreto, han vuelto a votar en contra de la senda 2018-20 Cantabria y todas las comunidades socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura, que en el CPFF anterior del pasado 7 de julio se había abstenido), así como Cataluña, que ha rechazado la senda.

Por su parte, han votado a favor de los nuevos objetivos el Estado y Canarias, junto a todas las regiones en las que gobierna el PP (Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia), más Ceuta y Melilla.

El Ministerio de Hacienda relajó en la anterior reunión del CPFF del 7 de julio los objetivos de déficit autonómico que había propuesto el 29 de junio, pasando del 0,3% al 0,4% la meta de déficit para las CCAA en 2018, del 0% al 0,1% en 2019 y mantenía la meta de alcanzar equilibrio presupuestario ya en 2020. Esta relajación de 1.000 millones para el próximo año y otros 1.000 para 2019 es la senda que se ha aprobado definitivamente este jueves.

La décima de margen que otorga Hacienda a las CCAA en 2018 y 2019 procederá de la Seguridad Social gracias a los "buenos datos" de las cotizaciones, así como de los nuevos ingresos que se derivarán del aumento de las cotizaciones como consecuencia de la subida salarial que se fije en la negociación colectiva.

Soler: "Hay que poner a cero el contador de la deuda"

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, defendió que se ha de poner a cero el contador de la deuda mediante una quita equivalente a la infrafinanciación acumulada, y que la Comunitat Valenciana cuenta de sobra con "argumentos morales" para reclamar esa quita.

Vicent Soler señaló que "hasta ahora no se ha cuestionado nunca el dinero de que dispone la Administración central, siempre se ha puesto sobre la mesa el dinero que tienen los ayuntamientos y  las comunidades autónomas. Pero el dinero no sale del Gobierno, sale de los bolsillos de los contribuyentes. Y el contribuyente quiere servicios de calidad, y la mayoría de esos servicios son responsabilidad de las comunidades autónomas y ayuntamientos".

Soler explicó que en el punto de ruegos y preguntas se trató el tema del nuevo sistema de financiación autonómica. "Hemos pedido que los compromisos de la Conferencia de Presidentes se cumplan. Es decir que el 31 de diciembre haya sobre la mesa un nuevo sistema de financiación que fue a lo que se comprometió el presidente Rajoy", reivindicó Soler.

A la salida de la reunión, el consejero de Hacienda de Aragón explicó que todas las CCAA y el Gobierno han manifestado su deseo de seguir adelante con la reforma del sistema de financiación autonómica y de llevar a la comisión de especialistas del CPFF la propuesta del comité de expertos que ayer se remitió al Ministerio de Hacienda.

Además, indicó que se va a pedir al Gobierno que libere iniciativas para que se pongan en marcha "lo antes posible", por lo que "en el mes de septiembre se empezará a trabajar con el objetivo de fijar un nuevo sistema de financiación".

Redistribución entre administraciones

Las metas de déficit autonómico aprobadas este jueves suponen una redistribución dentro del conjunto de las administraciones públicas, si bien el objetivo global de déficit para los tres próximos ejercicios se mantiene. Así, la meta de déficit público del 2,2% del PIB comprometida para 2018 quedaría repartida en el 0,7% para el Estado, el 1,1% para la Seguridad Social, el 0,4% para las CCAA y el 0% para los ayuntamientos.

Para 2019, el objetivo de déficit del 1,3% se derivaría de un déficit del 0,3% del Estado y del 0,9% de la Seguridad Social, frente al 0,1% de las CCAA y el equilibrio de las corporaciones locales.

El objetivo de déficit del 0,5% en 2020 prácticamente supondría registrar equilibrio presupuestario, ya que las cinco décimas de déficit previstas para la Seguridad Social se verían compensadas con superávits de las entidades locales.

Asimismo, los objetivos de deuda pública del conjunto de CCAA fijados son del 24,1% para 2018 (cinco décimas más que lo acordado en diciembre), el 23,3% para 2019 (seis décimas más que en diciembre) y el 22,4% para 2020. Para la Administración Central y la Seguridad Social se fija un objetivo de deuda del 70,8%, el 69,5% y el 67,5%, respectivamente, y para las entidades locales del 2,7%, el 26% y el 2,5, en los próximos tres ejercicios.

Con ello, el conjunto de las administraciones públicas tiene como objetivo reducir la deuda hasta el 97,6% en 2018, al 95,4% en 2019 y al 92,5% en 2020.

A su vez, se mantiene el aumento del 2,4% de la regla de gasto para 2018, del 2,7% en 2019 y del 2,8% en 2020 acordados el 29 de junio.

Cambio en el cálculo del pago a proveedores

Además, el CPFF ha aprobado, con nueve abstenciones, el informe sobre el proyecto de real decreto por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, modificando así el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio.

La modificación busca clarificar el modo en el que se deben computar los días de pago, en consonancia con la directiva comunitaria y la normativa de morosidad y de contratación.