VALÈNCIA. (EP) La oficina de control de conflicto de intereses de la Generalitat inspeccionará a 40 personas durante 2021, hasta 30 más que el año pasado, a partir de una selección aleatoria. Al menos un 10% serán miembros del Consell o secretarias y secretarios autonómicos.
Estas inspecciones se centran en comprobar el cumplimiento del régimen de compatibilidad por las personas con cargo público, mediante el análisis de sus declaraciones y documentos presentados en el registro de control de conflicto de intereses, junto con otros datos recabados de varias fuentes.
En 2021, el número de personas a verificar será de 40, con tantos suplentes como fueran necesarios. El aumento respecto al año pasado, con la previsión de seguir incrementando en próximos ejercicios, supone un porcentaje significativo de situaciones verificadas respecto a los aproximadamente 300 cargos públicos con obligaciones existentes en la actualidad.
La selección de las personas se realiza de forma aleatoria, siguiendo los criterios de antigüedad como activo, posición jerárquica y situación de activo dentro de la administración de la Generalitat o del sector público instrumental, según la hoja de ruta que publica este martes el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).
Quedan excluidas del plan de control aquellas personas que están en proceso de formalización de las declaraciones a las que están obligados y sobre las que se ha practicado actuaciones de verificación en ejecución del plan de la oficina de 2020.
La verificación se realizará de acuerdo con estos criterios: no más del 30% de personas de la misma conselleria; la administración instrumental no superará el 30% del total; al menos el 10% serán miembros del Consell o secretarios autonómicos para garantizar la verificación escalón más alto de la Generalitat; al menos el 15% se corresponderá con personas que han cesado.
En 2020 se aprobó y ejecutó el primer plan de control y verificación de este departamento, cuya vigencia estuvo limitada al último cuatrimestre de 2020.
La oficina realiza la labor inspectora cuando tiene conocimiento de cualquier indicio de irregularidad en materia de incompatibilidades o conflictos de intereses por denuncia, petición razonada de otros órganos o entidades o a iniciativa propia. También informa al resto de órganos que tengan atribuidas funciones de inspección y, en caso de situaciones de aparente ilícito penal, da aviso a Fiscalía inmediatamente.
En caso de discordancia, es el motor para activar el desarrollo de las acciones previstas en la ley, que van desde el requerimiento hasta la proposición de apertura de expedientes sancionadores.