María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel), la norma ideada por por el Consell para "la conservación activa de más de 7.500 hectáreas de suelos de elevada calidad ambiental, territorial y paisajística", sufre una peculiar paradoja.
El texto es, sin duda, ambicioso en cuanto a las restricciones que introduce para la construcción en primera línea de playa, hasta el punto que establece un plazo para devolver a terreno rústico el suelo urbanizable sin desarrollar. Prueba de ello son los múltiples recursos que ha recibido por parte de propietarios que aspiraban a rentabilizar sus terrenos en la playa mediante la construcción, algunos de ellos provenientes de firmas inmobiliarias tan importantes como la Sareb, la cotizada Quabit o Nuevas Actividades Urbanas (NAU).
Pero precisamente esta ofensiva le ha vuelto al Consell como un bumerán, al resucitar dos megaproyectos que llevaban años dormidos: el PAI Doña Blanca Golf en Torreblanca y el conocido como el Manhattan de Cullera. En ambos casos el escenario es el mismo. En la actualidad el suelo está considerado como urbanizable, pero la reciente aprobación del Pativel contempla una moratoria, una cuenta atrás para activar su desarrollo o, en caso contrario, devolverlos a la categoría de rústico.
En concreto, se trata de un periodo de cinco años para que los proyectos urbanísticos sin desarrollar sean aprobados. Y además, pasado este plazo inicial, el agente urbanizador dispondrá de otros cinco años para llevar a cabo los trabajos de urbanización, lo que supone una segunda restricción temporal a la construcción en dicho espacio.
Esta moratoria fue catalogada por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio como "garantista", al establecer "un plazo suficiente para que, si de verdad tienen interés en construir en los terrenos, que los propietarios puedan hacerlo". A la administración autonómica le habría gustado impedir los dos citados desarrollos, si bien optó por darles este margen para evitar millonarias reclamaciones patrimoniales, según explican.
Pero en la práctica la medida ha provocado que los dueños de los solares aceleren la urbanización de un espacio que, en caso de no existir el Pativel, se habrían desarrollado mucho más tarde. Prueba de ello son los mencionados recursos contra la cuenta atrás que introduce el plan procedentes de propietarios de ambos ámbitos: la Sareb (en el caso de Torreblanca) y NAU (en Cullera). Ambas enseñas consideran un agravio tener que desarrollar los espacios en función del calendario que fija el plan, y por eso han acudido a los tribunales contra la norma.
Es el caso del PAI Doña Blanca Golf de Torreblanca. El proyecto contempla la urbanización de un total de dos millones de metros cuadrados entre los núcleos de Alcossebre y Torrenostra. Al respecto, la concejala de Urbanismo de Torreblanca, Rosana Villanueva, explica a este diario que, en efecto, la moratoria del Pativel ha influido en que se acelere el proyecto.
"Nosotros consideramos que es positiva, porque los proyectos no pueden estar en suspenso durante tantos años hasta cuando les interese a los propietarios. Con esta medida se les obliga a que vayan en serio o se devuelve el terreno a rústico", opina la dirigente
Terrenos donde se proyecta Doña Blanca Golf
Figuración inicial del proyecto en los terrenosEn este caso se han constituido como Agrupación de Interés Urbanístico propietarios que suman un 65% de los terrenos, heredados principalmente de la empresa Urbanizadora Torremar -que ahora se encuentra en liquidación-. Se trata, principalmente, de la Sareb, los bancos Sabadell y Santander y dos empresas del Grupo Gimeno.
El proyecto, pese que ha sufrido un contratiempo en forma de recurso de la Sareb ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, esta a la espera de "firmar el convenio con la propiedad para poder licitar las obras", según Villanueva, circunstancia que el consistorio espera que se produzca en el primer semestre del año que viene.
Por lo que respecta al Manhattan de Cullera, donde se prevé la construcción de más de 30 torres de hasta 25 plantas (con capacidad para alrededor de 4.500 viviendas) y dos hoteles de 40 alturas, la aprobación del Pativel fue el factor determinate para su reactivación por parte de promotor Andrés Ballester -a través de su sociedad Florazar-. Entre los propietarios también se encuentran las firmas Atitlan y Grupo Montoro, que comparten accionariado en NAU, la empresa que ha recurrido el Pativel por su moratoria.
En este caso, como informó este diario, el Ayuntamiento estaba a la espera de que la promotora les presente oficialmente el proyecto. El impulso de la urbanización de este espacio por parte de la iniciativa privada es posible desde que el consistorio anulara el convenio que le obligaba a desarrollar directamente la actuación, cuyo costé está cifrado en más de 90 millones de euros -una cantidad inalcanzable para la administración local-.
Espacio donde se proyecta el Manhattan de Cullera
Virtualización de la urbanización en el lugar
