VALENCIA. La patronal de la provincia de Valencia (CEV) presenta este jueves un estudio en el que recoge la "creciente preocupación empresarial" ante la campaña iniciada por la inspección laboral para exigir a todas las empresas un registro para controlar el cumplimiento de la jornada laboral diaria de todos sus trabajadores.
El documento “Criterio Empresarial sobre Registro y Control y la Jornada Diaria”, preparado por la Comisión de Relaciones Laborales de la CEV, concluye que, desde un punto de vista jurídico, la actuación inspectora "no se sustenta en la normativa vigente ni en la jurisprudencia".
Según explica Arturo Ceveró, director de Relaciones Laborales de CEV y secretario de esta comisión, no existe en la normativa vigente una obligación general para las empresas de registrar y controlar la jornada diaria de los trabajadores. La única obligación prevista en el Estatuto se refiere a loa contratos a tiempo parcial y a la realización de horas extraordinarias, concreta. En este casí sí es obligatorio llevar un registro diario.
La campaña a la que se refiere el informe de la patronal valenciana surge de la instrucción 3/2016 del Ministerio de Empleo para controlar el cumplimiento de la legislación laboral, en particular la correcta retribución de las horas extraordinarias a raíz de la reforma laboral que amplió las posibilidades de las empresas para adaptar la jornada laboral de sus trabajadores. Las inspecciones se centran en el sector de la hostelería.
A pesar de que no existe una obligación general, la patronal valenciana asegura que durante este ejercicio sectores y empresas han denunciado a la CEV actuaciones inspectoras que han derivado en requerimientos o en levantamiento de actas de infracción o liquidación.
La patrona valenciana considera que estas inspecciones perjudican la "gestión flexible" de la jornada laboral con medidas como distribución irregular de las horas o bolsas de horas, una "herramienta capital de flexibilidad interna en unas relaciones laborales modernas", considera la organización.
Por otro lado, el comité ejecutivo y la junta directiva de la organización que preside Salvador Navarro tomarán una decisión sobre la "crítica situación" que atraviesa Cierval. La patronal autonómica ha convocado un comité extraordinario para este viernes en el que decidirá si presenta el preconcurso de acreedores.
Su presidente, José Vicente González, negocia con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, posibles salidas que eviten la declaración de insolvencia, motivada por una deuda con el IVAT de 600.000 euros que vence el próximo día 20. La más probable es la compensación de esa deuda con el adelanto de la mitad de las ayudas por participación institucional que le corresponden a Cierval en 2017.
Al mismo tiempo, los órganos de gobierno de la CEV aprobarán la incorporación a la confederación de las empresas Rimontgó, Slisa Soluciones Logísticas Integrales, Sodexo B&R Beneficios e Incentivos, Lafargeholcim, Vicente Gandia-Casual Investments, SGS Tecnos, Hospital de Manises y Asociación Empresarial de Restauración Social de la Comunidad Valenciana (Aersocov).
