Antonio Garamendi, Salvador Navarro y Miguel Ángel Javaloyes.VALENCIA. El presidente de Cepyme y vicepresidente nacional de la CEOE, Antonio Garamendi, alegó este jueves desconocer la situación judicial de la cúpula de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), investigada desde el pasado verano por un supuesto fraude en la gestión de los fondos para formación, para justificar la ausencia de medidas disciplinarias.
Garamendi se pronunció en estos términos al finalizar la asamblea anual de la Confederación Empresarial de Valencia (CEV) en relación a la investigación abierta por posibles delitos contra Hacienda en la gestión del dinero para la formación y por posible falsedad documental en la justificación de las subvenciones para planes de formación.
Preguntado por esa investigación, Garamendi aseguró que se enteró de la misma este jueves, pero explicó que tanto en la CEOE como en Cepyme existe un código ético que han de cumplir todas las organizaciones mimebro, entre las cuales está la CEC.
"Lo hemos hecho y así ha sido en otros casos, cuando alguien está imputado o se abre juicio oral, en principio tiene que dejar el puesto porque es lo que marcan los estatutos", señaló el dirigente.
La organización que preside Juan Rosell aprobó en 2013 un código ético y de buen gobierno en el que se refleja la forma de actuar de la organización en el caso de que sus miembros se vean envueltos en procedimientos judiciales. El código salió adelanta a raíz del revuelo generado por la situación de Gerardo Díaz Ferrán, que fue condenado por fraude fiscal a finales de ese mismo año.
En concreto, el texto dice que todos los afectados por el código "deben evitar cualquier conducta que, aún sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la CEOE y afectar de manera negativa a sus intereses". También censura la colaboración "consciente" con terceros "en la violación de ninguna ley".
La cúpula de la CEV, con Antonio GaramendiAdemás, asegura que los empresarios sometidos a ese código asumen "el compromiso de comunicar al Presidente de la Comisión de Régimen Interno, la apertura al mismo de cualquier procedimiento judicial penal con trascendencia empresarial, poniendo a disposición de los órganos de gobierno de de CEOE su cargo hasta que se resuelva el asunto".
Por procedimiento abierto entiende la formulación de escrito de acusación contra el interesado por parte de la fiscalía, el procesamiento o la adopción de "una medida cautelar de especial importancia e intensidad".
La junta directiva de CEOE, de la que forma parte el propio presidente de la CEC, José Roca, puede suspender o apartar de su cargo al empresario envuelto en ese tipo de procesos. Las mismas medidas puede aplicarse contra quienes con su "conducta personal desmerezcan gravemente la honestidad e integridad que todos están obligados a respetar".
Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, dijo que la situación de la cúpula de la CEC "claramente no es dar ejemplo". Según Navarro, es responsabilidad de los empresarios de Castellón y de sus órganos de gobierno dar explicaciones.
"No es un estilo que me guste porque en la CEV hemos demostrado que apostamos por la máxima transparencia y tenemos nuestras cuentas desarrolladas al máximo posible. No es el modelo de la CEV pero si hay otros que lo consienten...", zanjó Navarro.
Las organizaciones empresariales han tomado medidas en los últimos años encaminadas a mejorar su imagen a raíz de casos como el mencionado de Díaz Ferrán o el del expresidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernandez.
Sin ir más lejos, el presidente de la autonómica Cierval, José Vicente González, renovó el año pasado su mandato al frente de la patronal con la promesa de impulsar un código ético y limitar los mandatos a un máximo de 8 años. Todo un mensaje precisamente para José Roca, que tras ser reelegido el año pasado estará nada menos que 32 años como presidente de los empresarios de Castellón.
