VALÈNCIA. La patronal valenciana CEV, interlocutor de la Conselleria de Medio Ambiente en la negociación del nuevo sistema de recogida de envases, ultima una propuesta alternativa para intentar frenar la implantación en la Comunitat del sistema de depósito SDDR. Los representantes empresariales la presentarán el próximo día 18, cuando tendrá lugar la última sesión de la ronda de reuniones que Medio Ambiente accedió a iniciar hace cuatro meses a la vista del amplio rechazo empresarial que despierta la propuesta.
El plan que presentarán a la Conselleria de Medio Ambiente contiene medidas concretas encaminadas a mejorar el actual Sistema Integrado de Gestión (SIG), el de la recogida selectiva a través de contenedores que llevan a cabo Ecoembes y Ecovidrio en colaboración con las administraciones, explican fuentes empresariales. La propuesta, por tanto, se mantiene en el rechazo de cualquier alternativa que implique el sistema de retorno de envases o la introducción de máquinas de depósito en los comercios.
El argumento esencial de la patronal para mantener su oposición al SDDR se basa en que mientras este sistema solo actúa sobre el 9% de los envases de bebidas que se comercializan –los de agua, zumo, cerveza y refrescos en formatos de vidrio, pet (plástico), latas y tetrabrik– la propuesta empresarial para mejorar el sistema actual se aplicará a cualquier tipo de envase.
El documento que se presentará incorporará medidas ya propuestas por Ecoembes y Ecovidrio para la Comunitat como el aumento de la contenerización. El gestor de la recogida de envases de vidrio presentó hace apenas un mes en València un plan para invertir 27 millones de euros. Esa mejora, no obstante, está condicionada a que la Conselleria de Medio Ambiente dé marcha atrás con el SDDR.
Además del despliegue de contenedores, las empresas se comprometerán a desarrollar algunas medidas para mejorar las tasas actuales de reciclaje, explican las mismas fuentes. El documento con las medidas que se llevará a la mesa de negociación el próximo día 18 llevará la firma de las empresas y asociaciones adheridas al manifiesto que en su día impulsó la extinta Cierval, además de las de Ecoembes y Ecovidrio.
Entre ellas están la Asociación de Supermercados Asucova –Mercadona, Consum, MasyMas, Dialprix–, la asociación de grandes empresas Anged –El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski–, la confederación de empresarios del comercio de la Comunitat Cecoval y otras seis grandes organizaciones sectoriales. Meses antes, Cierval y la valenciana CEV ya hicieron llegar Ximo Puig un manifiesto conjunto para pedirle que parase el plan de Medio Ambiente.
La del próximo día 18 será la quinta y última reunión entre la Conselleria de Medio Ambiente y la patronal. A partir de ahí no hay más encuentros programados con los empresarios, pero la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, ya ha manifestado su intención de iniciar una nueva ronda de negociación con las asociaciones de consumidores por considerarlos una parte esencial en el éxito del futuro sistema de reciclaje de envases, sea cual sea su diseño final. La Unión de Consumidores pidió este mismo lunes reunirse directamente con la consellera para abordar el asunto.
Esta postura, que inevitablemente alargará los plazos inicialmente previstos por Medio Ambiente, contrasta con la del secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, partidario de aplicar sí o sí el sistema de envases y hacerlo cuanto antes. Según manifestó recientemente en Alicante, el proyecto iniciará su trámite parlamentario en breve. El propio Álvaro manifestaba en una entrevista a este periódico el pasado mes de febrero que se mantenía a la espera de que la patronal pusiera sobre la mesa las alternativas que aseguraba tener para mejorar el reciclaje de envases.
Por todo ello, es previsible que en las próximas semanas vuelvan a visualizarse con claridad las dos sensibilidades que conviven dentro de la Conselleria de Medio Ambiente respecto a este asunto. Por un lado, la del sector controlado por Els Verds con secretario autonómico de Medio Ambiente a la cabeza, dispuesto a aceptar algunas adaptaciones del SDDR pero sin renunciar a él. Por otro, la de la consellera Cebrián, partidaria de ampliar el diálogo y de no aplicar ninguna alternativa que no surja del consenso de todos los implicados: administración, empresa y consumidores.
La consellera, cuya cohabitación con los representantes de Els Verds en la Conselleria se ha tensado a raíz de la salida de dos asesores procedentes de esa formación, cuenta con el respaldo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la complicidad de asociaciones empresariales y de consumidores para estirar la negociación actual lo que consideren necesario.
La ronda de contactos con la patronal se inició en enero, apenas un mes después de que el propio secretario autonómico de Medio Ambiente descartase su constitución por considerarla innecesaria tras meses de conversaciones para definir su propuesta de SDDR. La constitución de la mesa de negociación supuso un cambio de postura en la Conselleria forzado por la presión empresarial y las diferencias internas en el Consell. Sin embargo, a pesar de las reuniones, ni el secretario autonómico de Medio Ambiente está dispuesto a frenar el SDDR ni la patronal a aceptarlo.
Si entra en vigor, en la Comunitat coexistirán dos sistemas de gestión de envases, según el tipo de residuo. Con el SDDR los recipientes de de agua, zumo, cerveza y refrescos en formatos de vidrio, pet (plástico), latas y tetrabrik pasarían ser gestionados directamente por los comerciantes en lugar de ser depositados en los contenedores como hasta ahora.
Ecoembes, gestor de ese sistema de recogida selectiva y radicalmente opuesto al SDDR, dejaría de gestionar cerca de un 20% de los envases que recoge actualmente. Esta compañía obtiene el 30% de sus ingresos por la venta del material a las plantas de reciclaje.
Con el SDDR, el consumidor pagará 10 céntimos más por cada envase que recuperará en el momento de la devolución del mismo, mientras que el comercio obtiene dos céntimos con la gestión. Según Medio Ambiente, el pequeño comercio manejará alrededor de 35 millones cada año con la implantación de este sistema, pero los empresarios se oponen por múltiples motivos, entre los que citan la ruptura de la unidad de mercado, el incremento de costes, el impacto medioambiental e, incluso, problemas sanitarios.