La directiva despedida de la EMT por el fraude, Celia Zafra, llegando a los juzgados. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La que fuera jefa de Administración de la EMT de València, Celia Zafra, no estuvo implicada, al menos de forma consciente, en el fraude que acabó con cuatro millones de euros de la empresa municipal en Hong Kong. Es lo que cree el Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, uno de cuyos agentes declaró este miércoles ante el juzgado que instruye el caso, el número 18 de València.
Así, según ha podido saber este diario, aseguró en sede judicial que los investigadores no han detectado ningún tipo de relación entre la mencionada directiva y los estafadores que perpetraron el fraude durante el pasado mes de septiembre de 2019. Entonces, éstos se pusieron en contacto con Zafra haciéndose pasar por un abogado y por el propio presidente de la EMT, el edil Giuseppe Grezzi, para convencerla de realizar hasta ocho transferencias a dos cuentas sitas en Hong Kong, China, para una falsa operación de compra de una empresa asiática.
En ese sentido, y dejando fuera del entramado delictivo a Zafra, los investigadores consideran en un informe al que ha tenido acceso este diario que la responsable fue una organización de personas de la que por el momento se tienen pocos datos. Sólo se tiene constancia de dos ciudadanos chinos, los testaferros, titulares de sendas cuentas bancarias que recibieron los cuatro millones de euros y que funcionaron como cuentas 'puente'.
Desde ellas se centrifugaron la mayoría del capital, que se desvió hacia una veintena de sociedades chinas. Un paso en el cual los investigadores han perdido la pista del dinero. Según la Policía, estos testaferros cumplían órdenes de superiores y consiguieron mediante esta vía hacer sumamente difícil el rastreo de lo defraudado, dado que dificultan y retrasan los trámites de la investigación. Piden los agentes tirar de este hilo y enviar una comisión rogatoria internacional a Hong Kong para obtener información de las empresas -y sus titulares- que se utilizaron para hacer desaparecer los cuatro millones.
Otra de las dudas que se ha planteado es si hubo algún tipo de colaboración desde dentro de la empresa que hubiera facilitado a los defraudadores información sensible como las vacaciones de los directivos -buena parte de ellos estaban en período vacacional cuando se inició la estafa-. Los agentes consideran que esto no es probable y que, en base a ello, no se ha investigado esa posibilidad.
Así, el mencionado informe policial asegura que los estafadores realizaron un estudio detallado de ingeniería social para obtener toda la información necesaria previamente a llevar a cabo la estafa, utilizando números de teléfono difíciles de rastrear e incluso cuentas de correo electrónico sitas en Israel, así como otros elementos que facilitaban sumamente el anonimato de los autores.
Cabe recordar a este respecto que un informe pericial de Telefónica también sustentaba la tesis de que Zafra no colaboró conscientemente con los defraudadores. Así, el documento rezaba que no se habían hallado pruebas de que la directiva fuera "consciente del fraude que se estaba llevando a cabo" ni de que se estuviera comunicando con los defraudadores por otros canales, tales como correos electrónicos personales.
Los expertos opinaron que Zafra fue engañada "mediante técnicas de ingeniería social", como que los estafadores cometieron errores en algunas tramitaciones de forma voluntaria, lo que ayudó a 'humanizarles', o que se hicieron pasar por personas de mucha autoridad, otra técnica habitual en este tipo de casos. Es decir, que rechazaban la posibilidad de fuera cómplice de la trama, lo cual no quita que, según ha sostenido la dirección de la EMT, se saltó diversos protocolos internos al dar información sensible a los defraudadores, lo que acabó motivando su despido.
Además, los agentes del Grupo de Delitos Informático siguen en la búsqueda del lugar desde donde se efectuaron las llamadas y desde donde se escribieron los correos que recibió Celia Zafra entre los días 3 y 23 de septiembre, cuando se produjo la estafa. Así, tras solicitar información a la empresa de telefonía que lleva las comunicaciones de la empresa municipal, se ha detectado que una de las llamadas entrantes se hizo desde un número telefónico cuyo prefijo internacional procede de Kenia (+254). Así, también en este caso la Policía Nacional considera necesario enviar otra comisión rogatoria a dicho país con el propósito de ahondar en los detalles de estas llamadas.
En cuanto a los correos electrónicos, tras requerir información a Google -una de las cuentas que usaron los estafadores era de Gmail-, se constata lo que el mencionado informe pericial de Telefónica apuntaba muy detalladamente: salieron de un servidor situado en Israel, concretamente desde la ciudad de Guivatayim. La ubicación concreta corresponde a una compañía israelí de telecomunicaciones y telefonía móvil, Pelephone. Pero además, los agentes constatan con la información facilitada por Google que a la cuenta de correo electrónico está asociado otro número de teléfono con prefijo israelí (+972). Otra comisión rogatoria a Israel es lo que recomiendan los agentes.
