La Sala de Gobierno del TSJCV vota en contra de la supresión de un juzgado de Instrucción 

VALENCIA. Los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) han votado en contra de reconvertir un juzgado de Instrucción de Valencia para poder trasladar los penales desplazados en Alzira, Paterna y Torrent a la capital. Los magistrados no se niegan al traslado pero tampoco lo apoyan de momento hasta comprobar el resultado de las medidas solicitadas. La decisión que han adoptado ha sido la de realizar una serie de valoraciones que deben cumplirse con carácter previo a apoyar cualquier cambio de ubicación de los mismos.

La sala ha acordado por unanimidad dar el visto bueno a un informe en el que se propugna el no a la reconversión de un juzgado de instrucción en un ejecutorias, la creación de un servicio común de ejecutorias con una plaza más de magistrado, crear un juzgado de Lo Penal y reforzar los tres penales desplazados hasta que su carga de trabajo se equipare a la de los juzgados de la capital. Dicho informe será trasladado al Consejo General del Poder Judicial que podría votarlo en la próxima reunión de la sala permanente el martes 22 de diciembre por la tarde.

Fuentes de la Sala de Gobierno le han explicado a Valencia plaza que si no se logra bajar la carga de trabajo de los penales desplazados, no se aprobará su traslado porque saturarían los juzgados de Lo Penal de Valencia. Como ejemplo está el juzgado de Alzira que lleva tanto retraso que está señalando a año y media vista. Para reducir la carga se pondrá un refuerzo de un Juez de Adscripción Territorial (JAT) en cada penal desplazado según fuentes conocedoras de la reunión. Esta medida se puede poner en marcha ya debido a que los JAT dependen directamente del TSJCV.

Condición imprescindible

El informe del Alto Tribunal valenciano, aprobado por unanimidad, condiciona el cambio de sede de los tres juzgados penales desplazados en la provincia a la creación, con carácter previo, de un Servicio Común de Ejecución Penal, servicio que se considera “imprescindible” para “poder llevar a efecto los traslados de los Juzgados”. A este respecto, explica que con el cambio de sede, cada uno de los cuatro juzgados penales de ejecutorias que hay en la capital, y que ahora se encargan de hacer cumplir las sentencias que dictan los once penales de enjuiciamiento, recibirían también los asuntos de Alzira, Paterna y Torrente, una media de 673 causas más al año. 

Para la Sala de Gobierno esta cantidad es “inasumible y llevaría a una situación de paralización de la ejecución penal” si no se crea el Servicio Común, que debería estar dotado, “desde su creación”, con una plaza de magistrado para que sean cinco los jueces de ejecutorias, tal y como ha informado en un comunicado el propio tribunal.

Según fuentes del Alto Tribunal valenciano, la presidenta Pilar de la Oliva sigue queriendo el traslado de esos juzgados a Valencia pero ha acordado que hasta que las medidas anteriores no sean efectivas no se estudiará pedir nada, pero precisan que aunque quiera los traslados no apoya la supresión de ningún juzgado de instrucción. La posición de la presidenta ha variado durante esta semana, o al menos eso debe pensar el CGPJ, puesto que desde el máximo órgano de los jueces se informó a Valencia Plaza que “el apoyo al traslado de los penales a Valencia del CGPJ, del Ministerio de Justicia, de la Conselleria de Justicia y del TSJCV era máximo”.

Crear un juzgado

En el informe votado por unanimidad se sigue solicitando la creación de un juzgado de penal en Valencia. El problema es que el Ministerio de Justicia se niega a la creación de ningún juzgado nuevo y, por tanto, lo más probable es que vuelvan a solicitar la reconversión de otro juzgado tal y como viene publicando este periódico.

El sector de Justicia de Comisiones Obreras sin embargo es totalmente contrario a trasladar los penales a Valencia. Para la sección de Justicia, de producirse el cambio de ubicación, los más perjudicados serían los usuarios de dichos juzgados porque se verían obligados a recorrer muchos kilómetros para poder acceder a la Justicia, cuando ahora los tienen cerca de sus domicilios.