Ayuntamiento de Valencia. Foto: KIKE TABERNER VALÈNCIA. 13,2 millones de euros fueron los que el Ayuntamiento de València gastó sin fiscalización previa por los órganos de control durante 2018. Es la conclusión a la que llega la Sindicatura de Comptes tras analizar en 65 ayuntamientos y las tres diputaciones valencianas lo que se llaman reconocimientos extrajudiciales de crédito, un procedimiento contemplado por la normativa para ejecutar pagos por facturas del año anterior, pero también gastos "indebidos" del ejercicio en vigor.
En términos generales, la Sindicatura expone en su informe que los entes locales hacen un uso "frecuente" de esta herramienta en fines que muchas veces "no se corresponden con la naturaleza excepcional de este procedimiento". En el apartado referente al consistorio del Cap i Casal, la Sindicatura señala que durante 2018 el gasto efectuado, si se tienen en cuenta los 8,2 millones de euros desembolsados en sentencias judiciales -para poder comparar con 2017-, superó los 21,5 millones de euros, un 10,1% más que el ejercicio anterior.
Pero, ¿por qué se emplea esta vía? En el caso del Ayuntamiento, la Sindicatura de Comptes asegura que se tratan de obligaciones adquiridas en 2017 y presenta tres orígenes distintos en estos pagos. Por un lado, mediante reconocimientos extrajudiciales se pagaron contratos menores sin crédito presupuestario autorizado en los cuales "no se ha respetado el procedimiento establecido para los contratos menores".
También se incluyen aquí gastos fuera de contrato sin autorización en los que tampoco se ha respetado el procedimiento establecido en materia de contratación y del presupuesto. En este segundo grupo cabrían 1,4 millones de euros de gastos como el suministro de energía, y otros referentes a la gestión de residencias y centros de día o la vigilancia y la seguridad de los museos, entre otros.
Y en tercer lugar, se encuentran los gastos respaldados por contratos vigentes, pero cuya partida presupuestaria se acabó antes de que finalizase el año, por lo que no se respetó el procedimiento establecido de fiscalización previa que contempla la ley. Aquí se hallan gastos de la contrata de limpieza y recogida de residuos urbanos o el contrato de concesión del Centro Cultural La Rambleta. Todo ello por valor de casi 5,5 millones de euros.
Según la Sindicatura, en algunos casos se tratan de obligaciones adquiridas "indebidamente" y son susceptibles de ser anuladas por distintos motivos. Por ejemplo, por realizar el gasto sin una cobertura contractual "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", o por faltar crédito para hacer frente a estas obligaciones de pago.
En ningún caso los expedientes se han revisado de oficio, señala el organismo, "pese a que se han adquirido obligaciones susceptibles de provocar la nulidad del acto". Con todo, la Sindicatura asevera que no hay "ninguna constancia" de que el Ayuntamiento de València "haya exigido algún tipo de responsabilidad al personal al servicio de las administraciones públicas" por todo ello.
La Sindicatura escogió una muestra de poco más de la mitad del presupuesto gastado por esta vía, en total 307 facturas por valor de 7,6 millones de euros, de los cuales la mayoría corresponden a contratos de servicios (69%), mientras que los contratos de suministros (15%), concesiones (7%) y otros menores (9%) son minoritarios.
