La situación de la estadística pública en la Comunitat

El panorama de la estadística publica en la Comunitat Valenciana está claramente delimitado por dos problemas básicos. Uno, común a una gran parte de las autonomías, que es la poca eficiencia del sistema de información estadística público, si se le puede llamar de esta manera, ya que no constituye un sistema entendido como un conjunto de partes integradas, y el otro es la escasa cultura en la administración pública para la puesta en valor y aprovechamiento de la información estadística como herramienta para la toma de decisiones.

El primer problema es en buena parte consecuencia de la arquitectura institucional. La Constitución de 1978 atribuye a la administración del Estado la estadística para sus propios fines, al tiempo que las autonomías han acabado haciendo lo mismo en sus respectivos estatutos. El problema es que las estadísticas de interés resultan ser las mismas o coinciden en un elevado porcentaje en los dos niveles de la administración, el autonómico y el estatal. Es decir, las necesidades de información estadística se concentran en los mismos ámbitos y objetivos, aunque normalmente con diferentes grados de detalle y algunas veces de contenido para las estadísticas a recabar. Ante esta situación, cabría haber esperado una estrecha cooperación entre los órganos estadísticos de ambos niveles territoriales para la consecución de estos objetivos comunes, sobre todo a partir de la publicación de la ley 12/89 de la función estadística pública, que regula la coordinación de la actividad estadística entre la administración estatal y autonómica. Sin embargo, esto no ha sido así y las necesidades de información adicional en la comunidades autónomas no han sido atendidas en ningún momento. Esta misma ley en su exposición de motivos reconoce que la Constitución no contempla el diseño de un sistema integrado de funcionamiento en este ámbito y como corolario crea un órgano de coordinación, el Comité Interterritorial de Estadística, que se ha mostrado totalmente inoperante en  más de 25 años de funcionamiento.

La falta de una cooperación efectiva ha conducido a resultados dispares.  El excesivo coste que supone asumir una replica del órgano estatal para alcanzar el óptimo en cuanto a contenido y detalle de las estadísticas ha impulsado a la mayoría de las autonomías a asumir la información del órgano estatal (INE) en sus respectivos ámbitos. El cúmulo de ineficiencias que supone en términos de duplicidad de datos, gasto y carga a las unidades informantes ha sido determinante para esta configuración. Además el INE partía con ventaja a la hora de gestionar el conjunto de estadísticas de interés,  al disponer previamente de una red provincial de recogida de datos, así como de resultados comparables en todo el ámbito estatal. Ventajas que han anegado las aspiraciones de información adicional de la mayoría de comunidades, incluida la nuestra, donde por ejemplo, las carencias de información económica en ámbitos territoriales inferiores a la propia autonomía son patentes.

El País Vasco, sin embargo, ha sido una excepción a esta tendencia general. Su esquema de funcionamiento ha cargado con el coste de estas duplicidades, que no por ello dejan de ser  ineficiencias desde la perspectiva estatal, pero obteniendo a cambio un envidiable  detalle temático y territorial para su información estadística.

Se ha propuesto alguna solución a esta disfuncionalidad, como la que el mismo Comité Interterritorial de Estadística apunta en un documento publicado allá por diciembre de 2005 y que no se ha llevado a cabo, como es obvio. Una solución que resulta una mala copia del modelo alemán: no se repara en que el funcionamiento integrado del sistema estadístico se fía nuevamente a organismos de supervisión y coordinación en torno a un Plan Estadístico Integrado. Y ya hemos visto como han funcionado hasta ahora. Tampoco se advierte que una buena parte del éxito alemán reside en la larga existencia de los órganos estadísticos de los Länder, así como en su amplia tradición para trabajar coordinadamente con el órgano estadístico federal en aspectos tanto metodológicos como de gestión. Pero no se trata de analizar en detalle esta propuesta, que excede con mucho la extensión de este artículo. Sí parece absolutamente necesario reivindicar la necesidad de fijar legalmente y de forma explícita la participación de las comunidades autónomas en todas y cada una de las operaciones estadísticas de interés conjunto con la administración del Estado en un plano de igualdad. Y obviamente esto es más fácil de conseguir cuando se trabaja en un marco federal. Este es el camino y no otro para hablar de un sistema estadístico integrado que permita avanzar de manera eficiente en las necesidades de información de todos las administraciones territoriales implicadas.

La otra gran cuestión pendiente, apuntada al principio, es el aprovechamiento y utilización de la información estadística que se genera como producto de la actividad administrativa. En términos generales se puede afirmar que el uso de la información estadística en este ámbito siempre ha estado más cerca de fines publicitarios que de su consideración como una auténtica herramienta de gestión para la toma de decisiones. Esto ha tenido como consecuencia que la preocupación por su aprovechamiento estadístico sea relativo y puntual, ya que solo aparece, más allá de sus usos  normativos y publicitarios, cuando ante una nueva acción administrativa no se dispone en tiempo razonable de  la información útil para la toma de decisiones, que suele estar residente en alguna unidad administrativa, pero no directamente aprovechable en términos estadísticos.

 No se trata aquí de detallar ejemplos, pero existen situaciones de todo tipo. Desde departamentos en que la información se encuentra totalmente fragmentada y su aprovechamiento estadístico no cumple con los mínimos requerimientos metodológicos, hasta departamentos donde existen almacenes de datos, incluso herramientas que gestionan y aprovechan estos datos generados en la actividad administrativa (business intelligence), pero su rendimiento como instrumento de trabajo se encuentra por debajo de los mínimos exigibles, como consecuencia de la ausencia de un enfoque estadístico profesional en su diseño y mantenimiento. 

Por tanto, sería necesario una “infiltración” de los usos y métodos estadísticos en la configuración  de los sistemas de información generados por la actividad administrativa. Y en esto el órgano estadístico autonómico es el que debe proporcionar respuestas. 

*Juan Usach es estadístico