Foto: SILVIA FABREGATVALÈNCIA. Calles desbordadas por la basura y la suciedad, dificultad para moverse por la ciudad, colas en los sanitarios, el ruido hasta las tantas. Las externalidades negativas de la celebración de las Fallas han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la tasa turística. Los defensores del gravamen para los turistas han aprovechado las imágenes que estas fechas deja la fiesta en el Cap i Casal para exigir la recuperación de la tasa que, aprobada en Les Corts Valencianes el anterior mandato por el bloque de izquierdas, no se ha llegado a aplicar.
Durante los últimos días, especialmente en las jornadas grandes de la fiesta fallera, no han sido pocas las imágenes que han vuelto a circular por las redes sociales sobre los problemas de limpieza que acostumbran a generarse en estas fechas a causa de la progresiva masificación de la celebración y la dificultad para mantener a raya las acciones incívicas en Fallas. Un panorama que ha motivado no sólo las críticas de la oposición en la ciudad de València, conformada por Compromís y PSPV, sino también su reclamación de aplicar un gravamen a los turistas que pueda compensar, al menos parcialmente, los esfuerzos económicos y humanos de las administraciones valencianas en la fiesta.
El incivismo es, de hecho, uno de los principales problemas que enfrentan las Fallas, tal como reconocía este mismo martes la alcaldesa de València, María José Català. La primera edil censuró el "incivismo" de conductas que van contra el patrimonio a causa de las grandes aglomeraciones y el vandalismo, y admitió que es uno de los ámbitos a mejorar por lo que aseguró que se ha de trabajar en aplicar "mano dura contra el incívico", además de imponer las máximas sanciones al uso indebido de material pirotécnico y su venta ilegal.
La pasada semana, tanto Compromís como PSPV reclamaron la aplicación de la tasa turística que habían aprobado el anterior mandato, al objeto de destinarla a costear y mejorar servicios públicos como la limpieza, el transporte o la protección del patrimonio histórico. La portavoz de Compromís, Papi Robles, cifró en un millón de euros lo que el Ayuntamiento podría recaudar sólo en las Fallas -cinco millones en todo el año- y que podría revertir en los servicios municipales, por lo que acusó a Català de hacer "perder dinero a todos los valencianos". También el edil socialista Borja Sanjuán, quien subrayó que es "cada vez más evidente la necesidad de implantar una tasa" turística en València para reforzar "servicios públicos como la limpieza".
Ciertamente, con motivo de las Fallas se dispara el gasto de la administración en múltiples servicios, y no sólo de la corporación municipal. Desde la inversión en montaje y desmontaje de instalaciones o baños públicos o el servicio de limpieza y recogida de residuos hasta el dispositivo de seguridad de la Policía Local, el cuerpo de Bomberos o los servicios de Emergencias de la Generalitat Valenciana, pasando por el servicio de transporte público, tanto de la EMT como de Metrovalencia, que se multiplica para atender la grande afluencia turística.
Este año, el Ayuntamiento de València ha dedicado más de 2,7 millones de euros (un 41% más que en 2023) sólo al servicio de limpieza: barrido, vaciado de papeleras, limpieza con agua a presión y recogida de residuos, instalación de 700 contenedores, 600 papeleras o 600 baños públicos. En total, casi 12.000 jornadas de personal hasta el 19 de marzo, con cerca de 1.800 operarios de limpieza trabajando a turnos en un solo día, incluyendo dispositivos especiales en mascletaes, castillos y ofrenda.
La Policía Local de València también redobla sus esfuerzos en las dos semanas y media que duran las Fallas, especialmente entre el 15 y el 19 de marzo. Estos días, los más importantes de la fiesta, el cuerpo municipal de policía movilizó entre 800 y 1.000 agentes cada día no sólo para tareas de control del tráfico, estrangulado por los numerosos cortes de calles, sino para los dispositivos de seguridad en los eventos piroténicos y otros actos de la fiesta como la ofrenda.
Por su parte, el día de San José, el Ayuntamiento de València movilizó a casi medio millar de bomberos, la mayoría de los cuales se dedicaron a vigilar la Cremà en un centenar de fallas consideradas de riesgo especial. Y en toda la fiesta fallera, la Generalitat Valenciana activó un dispositivo especial de seguridad con el refuerzo de la policía autonómica, el cuerpo de bomberos forestales y la sala de atención a las llamadas de emergencias del 112.
También la EMT mejora su servicio, y sólo en los días grandes de las Fallas ofreció más de 3,1 millones de plazas, duplicando los servicios y prolongando los horarios sin interrupción en un total de 25 líneas, consideradas de especial conexión para los eventos falleros. Como Metrovalencia, que puso a disposición hasta cinco millones de plazas en las cinco principales jornadas en un servicio ininterrumpido con refuerzos especiales diurnos.
El pasado mandato el bloque de izquierdas de PSPV, Compromís y Unides Podem aprobó en les Corts Valencianes una tasa turística de entre 0,5 y 2 euros al dia de aplicación voluntaria en aquellos municipios que así lo decidieran. Un gravamen que inicialmente generó reticencias en el principal partido del gobierno valenciano, entonces dirigido por el socialista Ximo Puig, y que recibió las sonoras críticas no sólo de los partidos de la derecha del espectro político, sino también de las patronales hoteleras y turísticas e incluso del que fuera secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, quien incluso amenazó con dimitir.
El Ayuntamiento de València, dirigido hasta mayo por Compromís y PSPV con Joan Ribó de alcalde, adelantó que sí aplicaría la tasa turística en el Cap i Casal, que la ley autonómica aplazó hasta diciembre de 2023 a petición de los socialistas. Con todo, el vuelco político en las elecciones de mayo, tanto a nivel regional como municipal, otorgó los respectivos gobiernos a la derecha, y la nueva mayoría en el Parlamento valenciano derogó la tasa turística mes y medio antes de que entrara en vigor, en la línea de lo que habían defendido tanto PP como Vox cuando se aprobó la ley.
Cabe recordar, sin embargo, que durante la campaña de los comicios municipales, la entonces candidata popular, María José Català, evitó dar un 'no' rotundo a la aplicación de la tasa en un futuro, y se limitó a defender que no era "el momento" para el sector turístico, y que si se aprobaba un futurible gravamen de este estilo, se debería de contar con el acuerdo de los empresarios del sector. "Si el debate se reabre, que sea en un contexto económico distinto, con un sector recuperado y con mucho diálogo con ellos. No creo que sea una mala medida. Creo que hay medidas que son malas en determinados contextos y que pueden ser posibles en otros", aseguró en la entrevista preelectoral concedida a Valencia Plaza.
