VALÈNCIA. La recuperación de las obras de la T-2 ha sido una noticia agridulce para la ciudad de València. Si bien por un lado fue bien recibida porque suponía recuperar una inversión abandonada desde 2011, por el otro tenía el regusto desagradable de que dejaba de lado a un barrio de por sí marginado, Nazaret, una vez más. Las protestas vecinales no han caído en saco roto y desde el Ayuntamiento de València rápidamente han intentado buscar una solución para hallar la financiación que se precisa. Y ése no es otro que el Gobierno Central, el cual ha abandonado este año a la Comunitat Valenciana en unos presupuestos generales que han sido ampliamente respondidos.
El alcalde de València, Joan Ribó, fue quien puso este martes el foco sobre al Gobierno Central, “en manos del Partido Popular” recordó, para exigirle que lleve a cabo en la ciudad “al menos las mismas inversiones para la infraestructura del Metro que las que tiene comprometidas para idéntico fin en las ciudades de Sevilla y Málaga”. Ribó contempla ésta como una alternativa viable para la consecución más rápida de la T-2 en toda su amplitud: “desde el Pont de Fusta hasta Nazaret, e incluso completar la línea hasta el puerto y el Canyamelar, uniéndola a la ya existente en el frente marítimo”.
Ribó propuso al president de la Generalitat, Ximo Puig, solicitar al gobierno de Mariano Rajoy, y en concreto al Ministerio de Fomento, un convenio como el que ya tiene entablado con la Junta de Andalucía, por el que esta administración autonómica recibirá un total de 393 millones para las obras del metro de Sevilla y Málaga. “El gobierno central financiará estas infraestructuras, mientras en València, el proyecto de la T-2 languidece sin financiación estatal, y nos vemos obligados a recurrir a fondos europeos. Por eso, pasamos de la protesta a la propuesta: un convenio como el firmado en 2005 entre el gobierno de España y el andaluz, por el que plurianualmente la Junta de Andalucía recibe fondos estatales para la movilidad de estas dos ciudades, con un volumen poblacional menor que el de València”.
Desde el Ayuntamiento de València recordaron que la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía firmaron el 22 de diciembre de 2005 un convenio “cuyo objeto es articular la colaboración de la AGE en la financiación del coste de la inversión” del metro en estas ciudades. La vigencia del convenio se extiende desde 2005 hasta 2037 en el caso de Málaga, y 2035 en el caso de Sevilla, siendo las aportaciones de 175.110.253 euros para el metro de Málaga, y 218.313.046 euros para el de Sevilla.
Según explicó Ribó, “este convenio prevé una concesión privada para la puesta en marcha del metro en Sevilla y Málaga mientras duren todas las obras. Así, el gobierno central financia la construcción del metro en estas ciudades mediante pagos anuales a la Junta de Andalucía, que esta a su vez traslada a las concesionarias”. De esta manera, se establece que en 2035 y 2037 las respectivas líneas deben estar completamente finalizadas.
Por ejemplo, este año los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen una transferencia de capital a la Junta de Andalucía por un montante de 12.269.000 euros “para la anualidad de 2017”. Así, en el caso de la infraestructura sevillana la cuantía asciende a 6’5 millones de euros, mientras que a la malagueña se conceden otros 5’6 millones. Incluso, los PGE incluyen también una transferencia de 406.000 euros al Cabildo Insular de Tenerife para la financiación del Tranvía/Metro Ligero Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, para el pago de la liquidación pendiente del convenio suscrito con la Administración General del Estado.
“No se trata de que queramos más que otras ciudades”, indicó Ribó, “sino de exigir un trato justo e igualitario. Si los valencianos pagamos nuestros impuestos como cualquier ciudadano, tenemos derecho a una financiación y unas inversiones como el resto de ciudades. Este es un buen momento para rectificar la injusticia de los Presupuestos Generales del Estado de PP y Ciudadanos que discriminan a València. Exigimos para València una línea T-2 completa, y una inversión del Estado, como en otras ciudades, que la haga factible. Exigimos, por tanto, un convenio similar”.
El alcalde de València reiteró la “necesidad imprescindible de que, de una vez por todas, el Gobierno del Estado se acuerde de que en València tenemos un área metropolitana con 1,8 millones de habitantes que entran y salen de la ciudad y que, igual que en las otras grandes área metropolitanas, el Estado tiene la obligación de financiar tanto la inversión como el funcionamiento del transporte público”. El alcalde ha valorado positivamente el “frente común del Ayuntamiento y la Generalitat por defender los intereses de los valencianos y las valencianas”.
Para Ribó, “no es razonable ni justo paralizar por la mala gestión del PP primero, y por falta de apoyo económico estatal después, una infraestructura de movilidad que es absolutamente necesaria para articular la ciudad; la T-2 es imprescindible para conectar muchos barrios: pasa por Regne de València, y conecta Russafa y l’Eixample, continúa por la calle del General Urrutia… Queremos que llegue hasta Nazaret y que en una segunda fase se conecte con el puerto y con el Canyamelar”. “La conexión de nuestros barrios es un objetivo fundamental del Govern de la Nau”, apostilló.
Todavía sobre el anuncio de ayer respecto de la T-2, el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarriá, a preguntas de los periodistas durante su asistencia a la demolición de la antigua fábrica de cerveza de la calle Sant Vicent Màrtir valoró “el esfuerzo financiero y de reformulación de fondos europeos para poder acometer una infraestructura prioritaria para la ciudad; es una muy buena noticia. Si esta obra no se acometiera, no es que no se llegara a Nazaret, es que no llegaría a ninguna parte”, insistió.
“Estamos hablando de una obra faraónica que se dejó inconclusa”, indicó Sarriá, “cuyo final era teóricamente el Pont de Fusta. Por lo tanto, exige una inversión muy potente, con unos estudios técnicos muy importantes que permitan viabilizar su uso temporal entre Nazaret y la calle Alicante. En esta calle, la T-2 era pasante, no estaba diseñada para que los trenes retrocedieran. Esto va a exigir reformular el proyecto”, explicó el concejal de Urbanismo.