La UCO constata que los papeles que originaron 'Erial' apuntaban desde el principio al blanqueo

VALÈNCIA. Un total de cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocedores del registro que originó el caso Erial han declarado este viernes como testigos en el juicio para defender su actuación en aquel momento y el posterior cribado y análisis de los documentos. Además, han hecho hincapié en que éstos apuntaban desde el primer momento a un posible delito de blanqueo. 

La Audiencia de Valencia enjuicia una presunta trama liderada por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante su gestión, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.

Tras finalizar las comparecencias de los acusados esta semana, ahora el juicio contará con los interrogatorios a los testigos. Los primeros han sido los agentes de la Guardia Civil conocedores del registro en el que se encontraron los famosos 'papeles del sirio' que dieron origen al procedimiento. 

Todos ellos se han ratificado en el relato que figura en el sumario y han hablado de "hallazgo casual". Así, han explicado que en 2015 acudieron al despacho del abogado Ramiro Blasco, quien en aquel momento ejercía la defensa del exgerente de Imelsa Marcos Benavent en el marco de otra causa de corrupción, Taula. Pocos días antes, en un seguimiento que realizaban, habían visto cómo familiares de Benavent trasladaban documentación allí. Un día la extrajeron desde Cofrentes y otra desde Benigànim, domicilio del propio Benavent. Pidieron entonces, han comentado, la entrada y registro en el despacho del abogado. 

El jefe del operativo ha detallado que se presentaron en el lugar y el propio letrado les indicó las cajas que los familiares del exgerente de Imelsa habían llevado. Coincidían con las que habían visto en el seguimiento, por lo que fueron las que se analizaron. "Era documentación de carácter económico: bancaria, facturas, información societaria, protocolos notariales, etc.", ha comentado. Inspeccionaron de manera general los papeles y se llevaron, ha afirmado, solo los que creían que tenían que ver con actividades delictivas. 

Podía revestir carácter delictivo

Entonces procedieron al análisis. "Una vez vimos los datos, las sociedades, adjudicaciones y cuantías económicas, dedujimos la posibilidad de un blanqueo de capitales. En ese momento llevaba 12 años dedicándome a la investigación económica y una documentación así, para mí, significaba esa posibilidad de blanqueo", ha indicado.

"En ella se hablaba de dos procedimientos de licitación pública, aparecía el nombre de distintas empresas, sociedades en Luxemburgo y cuantías económicas... esa posibilidad de blanqueo existía absolutamente. Es mi opinión como jefe de grupo y por haber llevado diferentes casos de corrupción pero yo no firmé el oficio judicial", ha insistido.

En el contenido, según se pudo conocer públicamente con posterioridad, se dibujaba un posible amaño en la adjudicación de determinadas concesiones públicas del Plan eólico y las ITV a favor de sociedades ligadas al grupo Sedesa, del clan familiar de los Cotino (encabezado por el fallecido exdirector general de la Policía Juan Cotino) y una salida de dinero a Luxemburgo.

Los papeles, ha incidido un agente, se precintaron, se foliaron y, tras ese primer análisis para comprobar que se podía tratar de algo indiciariamente delictivo, lo entregaron al juzgado mediante un oficio emitido entre una y dos semanas después del registro.  

"Llegué a una parte de la documentación que me llamó la atención y solicité unos protocolos notariales a la vista de los documentos, además de consultar fuentes abiertas de internet. Aparecía un dinero que iba hacia Luxemburgo. Le comuniqué entonces a mi superior que eran ilícitos que no tenían que ver con Taula", ha remarcado otro agente. 

Siguiendo con la cronología que figura en el sumario y con la documentación ya en el juzgado, una de las primeras diligencias de la Guardia Civil fue tomar declaración a Marcos Benavent. Éste detalló que los papeles se los había entregado un ciudadano sirio, de nombre Imad y miembro importante de la mezquita de València, pero que desconocía la trascendencia. "Las diligencias de Instrucción 18 (las del caso Taula) estaban secretas, así que le escuchamos sin dar más datos por el secreto de las actuaciones", ha apuntado un agente. 

Después tuvieron una entrevista con el ciudadano sirio. Trataron de citarle en dependencias judiciales, pero se mostró reacio y acudieron a su domicilio. "A medida que avanza la conversación reconoce que es la persona que encontró estos documentos. Aseguró que estuvo de alquiler en una vivienda en Legión Española y que se lo encontró en un sobre. Consultamos el padrón, comprobamos el domicilio, vimos que ahí había residido Zaplana y dimos cuenta al juzgado", ha señalado.