Agentes de la UCO requisaron del Ayuntamiento de Valencia contratos que presuntamente vinculan al sobrino de la exalcaldesa con la trama de la ‘Operación Taula’
VALENCIA. La Unidad Central Operativa (UCO) busca las pruebas definitivas sobre el nepotismo que durante años ha reinado en el Ayuntamiento de Valencia, y sobre las ‘mordidas’ que presuntamente les llenaron los bolsillos a los imputados de la trama Imelsa. En el punto de mira de la UCO está, ni más ni menos, que un sobrino de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.
Este martes, y tras emitir una orden de registro, el magistrado instructor de la ‘Operación Taula’ Víctor Gómez, los agentes de la UCO realizaron un registro en el Consistorio. Iban a tiro hecho. Los policías buscaban los contratos de la Mostra de Cine de 2006, año en que el cineasta ya fallecido Juan Piquer asumía el cargo de director y por primera vez se externalizaban contratos de áreas como coordinación o protocolo. Él mismo cedió estas áreas de contratación a la concejalía para dedicarse en exclusiva a los aspectos técnicos y artísticos, según fuentes de la extinta organización.
Barberá habría ordenado que varios contratos fueran a parar a manos de su sobrino, Enrique Sospedra Barberá, según fuentes de la investigación. Tal y como figura en la misma, 'Quique', nombre con el que es conocido entre las fuentes de la trama, también habría pagado comisiones de un 3% de los contratos en los que figura como beneficiario. Pero además, hay que sumar las presuntas comisiones de otros contratos en los que no figuraba pero en los que estuvo inmerso.
De hecho, se investiga a empresas del entorno de Sospedra Barberá que habrían conseguido contratos por parte del consistorio para que el nombre del sobrino no figurara y no levantara las sospechas de la oposición. La fórmula de las 'empresas cercanas' es la que se rastrea por parte de la UCO, ya que, con la legislación local en la mano, el Ayuntamiento ni podía ni puede contratar con empresas de familiares de hasta cuarto grado de sus ediles.
La externalización de los servicios citados de la Mostra en 2006 llevó a la contratación de azafatas por parte de esas 'empresas cercanas' . La investigación apunta a que, en última instancia, fueron a parar a manos del sobrino de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Un extremo que ha salido a la luz por dos vías.
La primera es una grabación entre María José Alcón, exconcejal de Cultura, y el ‘yonki’ del dinero y ahora arrepentido Marcos Benavent. En dicha grabación se escucha como Alcón y Benavent hablan acerca de que ninguna empresa podía acceder al contrato porque tenía que ir a parar al sobrino de Barberá por “ordenes de la jefa”, sobrenombre de Rita Barberá.
La exalcaldesa de Valencia no aparece en ninguna de las conversaciones que en su día aportó a la Fiscalía Anticorrupción Izquierda Unida, pero se deduce que estaría al corriente de todo, ya que en ellas se puede escuchar frases como: "Ahí puedes venderle a la jefa: Mira, le he dado todo a tu sobrino'', que fue el consejo que le dio Marcos Benavent a la exedil María José Alcón.
La segunda vía de información que ha utilizado la UCO son las propias declaraciones de la exedil, primero en dependencias judiciales y más tarde ante el magistrado instructor y el fiscal. Alcón ha ratificado parte de las declaraciones realizadas por Benavent. Tras ser detenida, al contrario que el resto de imputados, la exconcejal de Cultura decidió dar explicaciones sobre las grabaciones.
Es más, en declaraciones a Valencia Plaza, María José Alcón aseguró: “estoy muy tranquila. He decidido declarar, claro que sí. Y pienso acarrear con las consecuencias de lo que haya podido hacer”.
Junto a Quique Sospedra Barberá, la UCO también investiga las demás empresas que fueron beneficiarias de los diferentes contratos de ese año en la Mostra. En las grabaciones se escuchan varios nombres de distintas compañías que según Benavent habrían pagado ‘mordidas’ a la trama. Los registros tienen su origen en la pieza principal de Imelsa, en la que se investigan supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos en varias administraciones controladas por el PP, en este caso desde el Ayuntamiento de Valencia.
Los investigadores diferencian así estas diligencias de las relacionadas con blanqueo de capitales, los contratos adjudicados por la Diputación de Valencia o la contratación supuestamente irregular de personal en Imelsa. La Guardia Civil ya registró semanas atrás el Ayuntamiento de Valencia, en el marco del caso Imelsa, en la investigación del supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en un supuesto caso de blanqueo de capitales en el seno del PP de Valencia, asunto que se ha constituido ya en pieza separada.
Los agentes de la UCO han centrado sus pesquisas en la documentación relativa a la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani del año 2006. En 2005, el director del certamen José Antonio Escrivà (hijo del también cineasta Vicente Escrivà), dimitió tras comprobarse que el festival había contratado los servicios de Mascarat Audiovisuales, empresa encargada de los guiones de las galas de apertura y clausura de aquel año, y de la que era administrador único.
El cineasta y entonces subdirector de la Mostra, Juan Piquer, asumió el mando, pero liberó las labores de gestión sobre la Concejalía de Cultura. "Piquer se volcó sobre la labor propia de los departamentos técnicos y artísticos del festival, pero no de la coordinación y el protocolo". Esa apertura en las contrataciones provocó que el festival de cine de Valencia nacido en 1980, cuya última edición en se celebró en 2011, sirviera para la contratación de empresas que habrían aportado comisiones de entre el 2 y el 3% a la trama. Y ahí es donde el sobrino de Barberà hace su aparición a partir de las explícitas grabaciones.