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OPERACIÓN FLOTADOR

La UDEF requiere más expedientes a Sagunto y Aguas de Valencia por cohecho

20/12/2016 - 

Valencia, 20 dic (EFE).- Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han personado este martes en la sede central del Ayuntamiento de Sagunto, en la Concejalía de Urbanismo de este municipio valenciano y en dos sedes de Aguas de Valencia para requerir nuevos expedientes relacionados con la Operación Flotador.

Esta se abrió en octubre a raíz de una investigación del Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto sobre el exalcalde de esta localidad y actual diputado del PP en Les Corts Alfredo Castelló y a once concejales y exconcejales de las dos últimas legislaturas por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación en relación a una trama de amaño de contratos municipales.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano han señalado a EFE que la presencia de los agentes de la UDEF se ha limitado a requerir una serie de expedientes y no ha supuesto registro alguno en dependencias ni municipales ni de la citada empresa.

El citado juzgado, que mantiene declarada secreta esta causa, coordinó el pasado mes de octubre esa operación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino.

Se registraron, por orden de la instructora, tres sedes municipales en Sagunto y Puerto de Sagunto, las oficinas de Agua de Valencia en Sagunto y en la capital y las sedes de otras cuatro empresas.

La causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación se inició en agosto de 2015 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual presidente del comité de Derechos y Garantías de su partido.

El Juzgado investiga a doce personas físicas (concejales y exconcejales) y seis personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.

La diligencias se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles, eludiendo así la Ley de Contratos del Sector Público.

Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo, vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública. 

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