La nueva Ley de Acompañamiento de la Generalitat reconoce este derecho para profesores contratados no funcionarios, algo que en la práctica ya se venía aplicando, pero los sindicatos van más allá en sus reclamaciones
VALENCIA. “Una norma que viene a reconocer lo que ya tenemos, y ni tan siquiera se equipara a ello, es claramente insuficiente”. Así de rotundo se muestra Amat Sánchez, representante sindical del Personal Docente e Investigador (PDI) en la Universitat de València (UV). Sus declaraciones se refieren a la modificación de las retribuciones de la plantilla universitaria, contemplada en el anteproyecto de Ley de Acompañamiento de la Generalitat, según el cual el personal laboral no funcionario también tendrá derecho a cobrar quinquenios y sexenios como sucede en el resto de casos.
La nueva norma actualiza el decreto de 2002 sobre PDI, que excluía a las personas sin plaza fija de cobrar dos complementos salariales marcados por la legislación estatal. En concreto, el complemento de productividad (quinquenios docentes) y el correspondiente a investigación (sexenios investigadores). Aunque determinadas universidades ya se los entregaban a sus profesores por iniciativa propia, como es el caso de la UV, los sindicatos reclamaban un reconocimiento formal y legislativo por parte de la Generalitat. “Finalmente han decidido regularizarlo, aunque llega con retraso”, precisa Sánchez.
Lejos de mostrarse conformes, desde el sindicato de la UV quieren ir más allá. Su reclamación esencial pasa por incluir dentro de la medida al personal interino, tal y como han puesto en conocimiento de la Generalitat durante las reuniones negociadoras. “Es una homologación incompleta, porque en el texto que se ha aprobado no se incluye a los interinos, algo que está particularmente en auge por las directrices que vienen desde Europa”, afirma, haciendo referencia a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En la misma se insta a considerar indefinidos no fijos a los interinos que encadenen contratos temporales, argumento que esgrimen a su favor en el presente caso.
LA Generalitat y LAS universidades están negociando un convenio colectivo QUE AFECTE A TODO EL personal
La directora general de Universidades del Consell, Josefina Bueno, explica que lo que la Generalitat ha propuesto es “el reconocimiento de quinquenios y sexenios para el personal a tiempo completo, donde están los contratados doctores, el profesor colaborador y el contratado doctor interino”. Sin embargo, precisa: “No hemos incluido al interino a tiempo parcial”. Admite que han recibido reclamaciones en este sentido por parte de los sindicatos, pero la norma “ya está mandada”. Además remarca el carácter positivo de la medida que es “una manera pequeña de mejorar la situación laboral de los contratados interinos doctores”.
La titular del departamento admite que la situación del profesorado universitario “no es la deseable”, motivo por el que se está negociando un convenio colectivo para su personal. “Después de 20 años de reivindicación sin atender, y de ser la única autonomía que no lo tenía, ya vamos por una segunda reunión para hacerlo efectivo”, revela. El objetivo es crear nuevas figuras laborales, dar salida a los contratados doctores interinos, así como regularizar al profesorado asociado y al personal administrativo. "En definitiva, queremos ofrecer un marco laboral estable y garantista para todos", resume Bueno.
Amat Sánchez vuelve hacer hincapié en la necesidad de "una mejor financiación" para las universidades valencianas, especialmente la UV "por su carácter histórico". Es una crítica constantemente repetida por voces autorizadas de la institución, como el rector Esteban Morcillo. En este sentido, comprende el argumento esgrimido desde la Generalitat, relativo a la “infrafinanciación autonómica”, pero alienta a una mayor efectividad normativa.
“Muchas veces, por iniciativa del centro, se paga incluso por encima y en mejores condiciones de lo establecido en la nueva norma”, admite el representante sindical en referencia a Ley de Acompañamiento. Insiste en que la norma llega “tarde y por detrás de lo que ya tenemos”. Su principal preocupación es que esta medida venga acompañada de “una memoria económica, un reflejo en los presupuestos y una destinación de financiación efectiva”, de modo que no se quede en “un avance meramente teórico”.