Foto: EPVALÈNCIA. La UTE Valencia 23, formada por más de 70 empresas y liderada por Transvia Go, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación de uno de los seis lotes de transporte escolar en la provincia de Valencia a la UTE Escolar Valencia V5, liderada por la empresa gallega Monbus, que en el arranque del curso escolar esta semana ha sido noticia por la cantidad de incidencias en el servicio que ha tenido y que han afectado desde el lunes a más de mil alumnos y que todavía afectaron a varias rutas este viernes.
El recurso se formula contra la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de desestimar el recurso especial que ya presentó este grupo de empresas contra la adjudicación del lote V5, el que se adjudicó a la UTE liderada por Monbus.
La UTE Valencia 23, que se adjudicó los otros cinco lotes de la provincia, consideraba que la UTE Escolar Valencia V5 no cumplía parte de los pliegos debido al alto número vehículos presentó y que, según sostenía, ya estaban destinados a otras licitaciones ubicadas en Galicia o Cataluña, donde coincidían alrededor de medio centenar de vehículos de los 132 que contemplaba el lote. Ante la situación, desde Educación señalaban que en una declaración responsable, las empresas se comprometían a que hubiera compatibilidad de horarios de ejecución para las rutas valencianas. "No se puede hablar de incumplimiento alguno hasta que entre en vigor el contrato el próximo 1 de septiembre", señalaban desde el departamento entonces dirigido por Raquel Tamarit.
Este viernes, el gerente de la UTE Valencia 23, Juan José Yuste, envió una carta al conseller de Educación, José Antonio Rovira, en respuesta a las manifestaciones que hizo en À Punt el jueves en las que insinuaba que los conductores que no habían acudido a trabajar el pasado lunes habían sido coaccionados por algunas de las empresas que anteriormente prestaban servicio en esas rutas ahora adudicadas a Monbus.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, afirma que "la UTE Valencia 23 se ha servicio, se sirve, y se servirá, de los cauces legales procedentes para ejercitar aquellos derechos que considera infringidos. En ningún caso promoverá actuación alguna que, separa de cauces procedimentales -administrativos y/o judiciales-, ensombrezca el legítimo derecho a cuestionar un procedimiento administrativo de contratación contrario al interés general, y a las bases propias de los pliegos de licitación".
Además, cuestiona la actuación de la Conselleria al entender que "el control de los medios adscritos a la prestación del servicio que nos ocupa -lote V5- debió efectuarse con carácter previo al inicio de la prestación -matrículas, tipología de vehículos, autorizaciones administrativas preceptivas, fichas técnicas ajustadas al servicios-, garantía, en todo caso, de una prestación exigida y exigible según los pliegos de la licitación".
