La Zona de Bajas Emisiones de València, al borde: Transportes condicionará sus ayudas de 2025

VALÈNCIA. El Ministerio de Transportes anunció este miércoles que no dará sus ayudas al transporte público colectivo en 2025 a aquellos municipios que no tengan "en funcionamiento" su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Una decisión que busca forzar a los municipios a cumplir con la aplicación de esta prohibición a los vehículos más contaminantes, que este año ya debería estar activa en 115 localidades españolas, entre ellas la ciudad de València.

El gobierno municipal de València, de PP y Vox, inició el pasado viernes los trámites administrativos para activar su propia Zona de Bajas Emisiones, que será de las más 'blandas' de las grandes ciudades españolas. Así, aprobó en Junta de Gobierno Local el proyecto de ordenanza, que ahora deberá recabar informes municipales y las alegaciones oportunas antes de su aprobación definitiva. Si bien esto no implicará que entren en vigor las restricciones con carácter inmediato, sino que la concejalía de Movilidad, dirigida por Jesús Carbonell, ha previsto una aplicación progresiva hasta 2028.

De esta manera, el próximo año 2025 todavía no se multará sino que se informará a los conductores de las restricciones. Será en 2026 cuando ya se vetarán los vehículos más contaminantes matriculados fuera de la provincia de Valencia, con sanciones ya incluidas para estos. Al año siguiente, se extenderá a los registrados en cualquier municipio ajeno a la ciudad de València. Y se llegará hasta 2028, cuando finalmente la prohibición afecte también a los vehículos contaminantes del Cap i Casal.

De esta manera, aunque en 2025 ya esté vigente la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad, lo cierto es que no se empezaría a multar hasta el año siguiente, y las restricciones no se implantarían al completo hasta dos años más tarde. Un calendario cuyos plazos, y dependiendo de la interpretación que haga el Gobierno, podrían superponerse con la condición anunciada por el Ministerio para el otorgamiento de ayudas al transporte público municipal.

El Ministerio ha asegurado que en las ayudas del año que viene fijará como requisito de acceso que la Zona de Bajas Emisiones esté "en funcionamiento" o ha usado otros términos como que esté "implantada". Preguntadas fuentes del departamento gubernamental no han entrado a valorar el detalle y si este requisito afectará a municipios que tengan la ordenanza aprobada pero estén en una fase transitoria como València, de manera que, dijeron, se explicitará cuando se convoquen las ayudas.

"No atiende a las personas con bajas rentas"

Desde la concejalía de Movilidad recordaron que el Ayuntamiento está tramitando la ordenanza de ZBE "porque en ocho años la izquierda no dejó nada hecho sobre el tema, no fue capaz de tramitar la ordenanza ni la instalación de las cámaras". Por lo que criticó que "ahora el Ministerio exige con prisas lo que el anterior gobierno no hizo".

En ese sentido, subrayaron que, como es habitual, "se ha previsto un proceso de implantación progresiva de la ZBE para favorecer a las rentas más bajas y que puedan planificar y adaptarse a medio plazo al cambio modal o de vehículo en el caso de ser necesario, puesto que es un desembolso importante para las familias". Así, cargó contra el "gobierno autodenominado progresista" por no tener "en cuenta las circunstancias sociales de las personas con bajas rentas que supuestamente dice proteger".

Las ayudas para financiar el transporte público colectivo ya incluyen la obligación de tener un Plan de Movilidad Sostenible a los municipios beneficiarios, algo que València tiene desde 2014. "La obligación de tener implantada la ZBE se añadiría como un requisito mínimo más a partir de la convocatoria de 2025", explicaron en ese sentido desde el Ministerio, una condición que se aplicará "tanto a los municipios que concurren a la ayuda del Estado en convocatoria competitiva como a las Autoridades de Transporte que lo hacen mediante subvención nominativa".