VALÈNCIA. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha acordado no admitir a trámite del recurso interpuesto por la empresa LafargeHolcim España SA contra la sentencia que daba la razón al Ayuntamiento de Sagunto para restaurar la legalidad urbanística al haberse excedido el perímetro de la explotación de la cantera de Salt del Llop. Así, el tribunal considera que "no existen motivos" para admitirlo.
Además, el TSJCV ha impuesto a Lafarge las costas procesales jurídicas, limitadas a una cuantía máxima de 1.500 euros y concluye que "contra el presente auto no cabe recurso alguno". De este modo, la justicia autonómica ha ratificado la inadmisión a trámite que ya acordó en junio el Tribunal Supremo y que ya es resolución firme. Ahora, ha concluido definitivamente el periplo legal y la sentencia pasa a ser de obligado cumplimiento.
Según han explicado desde el consistorio, ambas decisiones judiciales les permitirán ejecutar subsidiariamente la restauración del perímetro sobrepasado por la explotación, unos 23.000 metros cuadrados. Esta actuación consistirá en la reposición del terreno excavado, el vallado de la parcela, el relleno de tierra y la plantación de arbolado y especies autóctonas para restituir el terreno y devolverle su estado previo. Unos trabajos que la administración local estima en torno a los 9,3 millones de euros.
Para el concejal de Urbanismo, Quico Fernández, este nuevo fallo "ratifica el que ya determinó el Tribunal Supremo, que también rechazó el recurso de casación de LafargeHolcim" y asegura que, con ello, se podrá subsanar el daño "no solo medioambiental sino también patrimonial, ya que la empresa estaba explotando unos recursos que no tenía concedidos y que son propiedad de toda la ciudadanía".
"Esperamos que todo continúe tal y como está previsto, que se regularice la situación y se restaure la legalidad urbanística", ha manifestado Fernández, quien también ha anunciado que valorarán otros incumplimientos en materia ambiental. "Es nuestro deber como Administración preservar, no solo la legalidad, sino también los intereses de toda la ciudadanía", ha recalcado el edil.
Desde el ayuntamiento han recordado que, tras la detección por parte de personal técnico de Urbanismo de esta infracción, la Concejalía de Territorio y Sostenibilidad emitió en octubre de 2016 una orden de restauración de la legalidad urbanística por obras no amparadas por autorización. Sin embargo, como la empresa no aceptó la resolución y no efectuó la restauración total, ahora deberá cumplir "con la preceptiva sanción administrativa para la ejecución subsidiaria de la actuación, que se tasa inicialmente en un coste de 9,3 millones de euros, sin perjuicio de la liquidación definitiva respecto al coste real final", han señalado.
Cabe recordar que fue mientras se redactaba la declaración del Paraje Romeu como Paraje Municipal cuando se constató que existía esta "invasión" en una superficie de suelo no urbanizable protegido. A partir de entonces, el consistorio inició los trámites para instar a la empresa a restituir el terreno sobrepasado irregularmente y, ante su negativa, pusieron en marcha acciones judiciales que, tras varios recursos, se ha ratificado con esta última sentencia.
Ahora, la administración local ha anunciado que iniciará un proceso de contratación por la cantidad estipulada del expediente de ejecución subsidiaria, esto es, de 9,3 millones de euros, para que una empresa lleve a cabo el proyecto y la obra de restauración.
