En primer término, Cristina Serrano Mateo.VALÈNCIA. La actual interventora de los ayuntamientos de Torrevieja y Rojales, Cristina Serrano Mateo, se sienta estos días en el banquillo de los acusados en la causa que investiga al ex alcalde de Gandía, Arturo Torró, en el juzgado número tres de la capital de La Safor. En concreto, se intenta averiguar si hubo irregularidades en el sistema arbitrado por el gobierno del Partido Popular para dar una subvención pública a dos televisiones privadas a través de la ya extinta empresa pública de Gandia Iniciatives Publiques de Gandia (IPG). Concretamente, las beneficiarias de la adjudicación —y únicas en presentarse— fueron Comarques Centrals Televisió e Inversiones Especiales del Mediterráneo (Tele 7), que recibieron un total de 7 millones de euros entre las dos.
En este proceso, Cristina Serrano era jefa del Área Económica del Ayuntamiento de Gandia y está procesada. La acusación particular la responsabiliza de ser la persona que supervisaba y coordinaba la actividad de IPG con el Ayuntamiento de Gandía, además de realizar la valoración técnica de las ofertas presentadas por las empresas, como autora de los delitos de prevaricación y fraude a la administración.
La acusación, además de las diferentes penas, ha solicitado que os acusados indemnicen, conjunta y solidariamente, al Ayuntamiento de Gandia (como perjudicado y sucesor de la mercantil IPG) las cantidades pagadas de forma fraudulenta. Esto hace una cantidad de 4 millones de euros, según su escrito de acusación, por lo que han tenido que depositar una fianza como posibles responsables civiles subsidiarios.
Cristina Serrano ya se vio envuelta en otra polémica, en el Ayuntamiento de Algemesí, que provocó que la Generalitat la suspendiera de sus funciones durante un mes (aunque la resolución está recurrida) cuando ya ejercía en Torrevieja y Rojales.
