CASTELLÓ. El 22 de junio se publicó la revisión que la Comisión Europea (CE) plantea para la Directiva 2009/128/EC sobre uso sostenible de fitosanitarios. La propuesta que hoy sigue sobre la mesa modifica la actual directiva -la más restrictiva del mundo- y la transforma en un reglamento, señalan desde el Comité de Gestión de Cítricos. La patronal estatal del sector destaca que este cambio "no es baladí puesto que una directiva conlleva imponer un resultado pero no los medios para alcanzarlo y un reglamento es directamente aplicable en su conjunto, sin trasposición a nivel nacional".
La nueva normativa planteada es uno de los instrumentos clave para aplicar el Pacto Verde europeo para 2030 que, en el caso del sector agro, se ejecuta a través del proyecto De la granja a la mesa. Y en materia de fitosanitarios, esta estrategia exige reducir en un 50% en tal fecha el uso y el riesgo de los plaguicidas. Para lograrlo, la propuesta plantea ahora que en todas las zonas llamadas sensibles quede prohibido aplicar estos productos.
El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), cuyos asociados explotan en todo el país miles de hectáreas de campos, alerta que, de aplicarse así, tendría un impacto "enorme e inasumible", porque en poco tiempo las plagas se descontrolarían y tales restricciones degenerarían en un abandono de campos "masivo", especialmente en la Comunitat Valenciana, en la que la práctica totalidad del área citrícola quedaría dentro de estas zonas sensibles.
Así se manifiesta la presidenta de la patronal que aglutina a los exportadores privados de cítricos, Inmaculada Sanfeliu, tras conocer al detalle el alcance de lo planteado por la CE. Efectivamente, esas áreas sensibles abarcarían las zonas verdes abiertas al público en general, las usadas mayoritariamente por grupos vulnerables, zonas verdes urbanas,… restricciones que el CGC considera justificadas. No es el caso de las también referidas como ecológicamente sensibles, que incluyen las así contempladas en la Directiva Marco del Agua, Red Natura 2000, los parques protegidos e incluso los espacios que en el futuro reserve la nueva regulación en materia de polinizadores, aún pendiente de aprobación.
Como denunció AVA-Asaja recientemente a partir de estimaciones oficiales extraídas por la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), tal descripción afectaría al 30% de la superficie agraria del país, pero en el caso concreto de los cítricos su impacto sería mucho mayor, porque en esas tierras se asientan gran parte de las plantaciones de mandarinas y naranjas. De aplicarse así, la merma en la producción en estas áreas -que dejarían de poder ser tratadas con fitosanitarios- sería extremadamente grave en el caso de la Comunitat Valenciana y muy considerable en otras zonas productoras como Andalucía (Almería y Huelva), Murcia y la zona próxima a la desembocadura del Ebro en Tarragona.
En su comunicado, el CGC remarca que no se opone a seguir dando pasos en favor de una producción citrícola cada vez más sostenible. "De hecho, sus empresas han venido cumpliendo la actual directiva y hoy ya aplican los principios de la gestión integrada de plagas, que deja como último recurso la aplicación de productos de síntesis y prioriza los biológicos". En materia de producción y comercialización de mandarinas y naranjas, se han producido también grandes avances en los programas de residuo cero (sin restos de plaguicidas). Sin embargo, para seguir avanzando en esta dirección, el CGC reclama que antes se tiene que garantizar al sector que las alternativas biológicas a los insecticidas, herbicidas o fungicidas convencionales, sean eficaces y que los procesos para disponer de estas herramientas se agilicen.
"La retirada del clorpirifos y metil-clorpirifos ha servido para evidenciar que la estrategia de lucha biológica aún tiene serias limitaciones. Hoy seguimos sufriendo pérdidas millonarias por plagas nuevas como el cotonet de Sudáfrica o por otras que hasta ahora manteníamos a raya, como la araña roja. Y mientras tanto, las importaciones europeas de naranjas y mandarinas desde países terceros siguen presentando de forma masiva residuos de este pesticida", denuncia Sanfeliu.
De ahí que el CGC reitere que los cambios en esta materia deben simultanearse con medidas que garanticen el cumplimiento del principio de reciprocidad, esto es, que la producción europea pueda concurrir al mercado comunitario y competir con las mismas condiciones que la importada desde países terceros. Cuestión que, más allá de aumentar los controles para tales frutas foráneas, pasaría por incorporar las llamadas cláusulas espejo (como garantía para cumplir tal principio) a todos los acuerdos comerciales suscritos por la UE, como reclama el Gobierno de España.
De no ser así, se cumplirán los augurios ya manifestados por los sucesivos estudios realizados para evaluar el impacto de la estrategia verde De la granja a la mesa. En todos los casos –tanto en el publicado por el departamento agrario de EEUU (USDA), el del Joint Research Centre de la UE u otros privados como el del HFFA Research, la Universidad de Kiel o la Universidad de Investigación de Wageningen- se concluye que su aplicación supondría caídas drásticas de la producción agroganadera de entre el 5 y el 15% -que en el caso de los cítricos españoles sería muy superior-; agravaría el déficit comercial de la UE en alimentos -más aún en frutas y hortalizas-; impactaría fuertemente sobre los precios -que subirían- y sobre las rentas de los productores -que caerían-… Y el objeto global perseguido -reducir la emisión de gases de efecto invernadero del sector primario- se vería rápidamente lastrado por el aumento de los mismos en el resto del mundo.
