VALÈNCIA. (EFE). Las acusaciones del caso Emarsa han pedido este lunes que los 24 procesados por el desvío de fondos públicos de la empresa Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo (València) hagan frente a un desembolso cercano a los 35 millones de euros, tal y como adelantó Valencia Plaza.
Esta cantidad resulta de sumar los 23,5 millones que se piden en concepto de indemnizaciones para la empresa de la Generalitat Epsar y la empresa metropolitana de Valencia Emshi, los 8,2 millones por el coste (por ahora) de la liquidación de Emarsa y los 3,2 millones en concepto de sanciones tributarias.
En la primera de las vistas dedicadas a la presentación de conclusiones del caso Emarsa, sobre el desvío de más de 23,5 millones de euros de esta empresa pública, la fiscal Virginia Abad se ha limitado a exponer los cambios sobre su acusación inicial, dado que el texto completo supera los 700 folios, de modo que no se ha podido escuchar en la sala un relato detallado de los hechos.
El Ministerio Público ha pedido 24 años de prisión para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta (12 al inicio del juicio), 20 para el expresidente Enrique Crespo (14) y 10 (14) para el ex alto cargo de la Conselleria de Obras Públicas Juan José Morenilla, en todos los casos por falsedad, prevaricación y malversación, además de cohecho en el caso de Cuesta
Además del caso de Morenilla, las fiscales han propuesto otra rebaja en la propuesta de condena para el otro ex alto cargo de la Generalitat procesado, Ignacio Bernácer, de 14 a 3,5 años, tras haber admitido los hechos ante el tribunal y haber detallado cómo operaba supuestamente la operativa de desvío de fondos.
A diferencia del inicio de la causa, la Fiscalía ha optado por atribuir dos delitos de malversación diferenciados (uno en el "negocio" de las obras y servicios en Emarsa y otro el del incremento injustificado del coste del tratamiento de los lodos) a Cuesta y Crespo, una tesis que sostuvo de inicio la Abogacía de la Generalitat.
Las defensas centrarán buena parte de sus esfuerzos a partir de mañana en rebatir este criterio jurídico, pues según han explicado a EFE se debería haber solicitado una pena por malversación continuada en lugar de dos delitos de malversación, una opción que, en su opinión,contraviene el artículo 74 del Código Penal.
La Abogacía de la Generalitat y la Emshi se han amoldado a las mismas responsabilidades civiles que ha reclamado el ministerio Fiscal. Sin embargo, la Abogacía ha presentado este lunes a la sala una modificación en su escrito que no afecta al contenido del mismo, sino a la forma.
El letrado de la Generalitat ha aportado un mapa, una representación gráfica de las extracciones de dinero realizadas supuestamente por Enrique Crespo en cajeros automáticos cercanos a su domicilio familiar, a su trabajo o el colegio de sus hijos.
La mayor parte de las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones (que serán leídas con mayor detalle en la fase de informes que empieza mañana), si bien el letrado de Jorge Ignacio Roca ha pedido a la sala que tenga en cuenta que su defendido ya ha sido juzgado y condenado a 10 meses por falsedad en Moldavia, por lo que ha solicitado que "a lo sumo" sea condenado por administración desleal.
"Mi defendido era un mero facturero que desconocía el carácter público de Emarsa, por lo que pido que se le apliquen las atenuantes de reconocimiento de los hechos que se van a aplicar al resto de acusados", ha manifestado Serafín Pons, abogado de Roca.
De acuerdo al calendario previsto, mañana empezará a lectura de informes de las partes (empezando por la Fiscalía y las acusaciones), en la que los acusados estarán dispensados de personarse.
El presidente del tribunal, por el contrario, les ha informado de que deberán estar presentes en la sala el día 14 de diciembre a las 10 horas, para la que se prevé última vista de este macrojuicio.
La Fiscalía dice que se desviaron 836.600 euros a comidas y regalos, 263.000 a viajes y 146.000 a sobresueldos