VALÈNCIA. La negociación de los presupuestos de la Generalitat dio este lunes su particular pistoletazo de salida con la convocatoria por parte de la Conselleria de Hacienda de la primera reunión de la comisión política que reúne a todas las fuerzas del Botànic II. Una jornada que sirvió para constituir el citado órgano, pero que más adelante valdrá para que PSPV, Compromís y Unides Podem acuerden dónde debe aplicar la tijera el departamento que dirige Arcadi España en las cuentas de 2023 ante las peticiones al alza que han trasladado ya las consellerias.
La grabación de los presupuestos por parte de cada uno de los departamentos del Botànic II se cerró hace ya un par de semanas, por lo que Hacienda cuenta ya con todos los datos para comenzar a trabajar en la comisión. Como era de esperar, casi todos han presentado partidas más elevadas de lo asumible de inicio a pesar de que la orden de la cartera de España era mantener en cierto modo las cifras del actual ejercicio. "Cuando se constituyó el Botànic, el presupuesto medio en servicios esenciales estaba por debajo de la media estatal, pero ahora se ha superado esta barrera. Con lo que la idea era mantenernos y tampoco proyectar un crecimiento que fuera demasiado expansivo", explican fuentes del Botànic a este diario.
Una circunstancia que obligará, como viene siendo habitual cada año, a que Hacienda exija recortes a las consellerias del tripartito. De manera que aunque en esta ocasión en el Botànic auguraban un debate más sosegado, nada escapa de los choques que surgen por el camino en toda negociación por el crecimiento, o no, de determinadas partidas. Más aún en año electoral, donde las expectativas fijadas son altas porque estos serán los últimos presupuestos a los que tendrán que dar luz verde de la legislatura.
En este sentido, algunos ejemplos evidencian cuál ha sido la tónica desde los distintos departamentos. Una cartera que habría presentado un incremento presupuestario importante es Economía, en este caso controlada por Compromís, que ha reclamado 713 millones de euros de cara al próximo ejercicio. Un aumento que supone un 24,8% respecto a este año y que incluye los gastos de personal, el Capítulo 1.
La cifra incluiría, eso sí, transferencias a Labora y al Ivace, que absorberían más de la mitad del presupuesto con 475 millones de euros. El incremento, además, respondería a una apuesta por políticas como la jornada laboral de 4 días, para la que el Botànic diseñó por primera vez subvenciones a empresas que la implantaran en este ejercicio. Ahora, la intención según señalan, es poder contar con una partida mayor este año.
De la misma manera, la Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez busca engordar sus fondos, por lo que ha reclamado un aumento de un 21%, sin incluir en este porcentaje los gastos de personal. La pretensión es impulsar proyectos que se encuentran lo suficientemente avanzados como para que puedan ponerse en marcha antes de que termine la legislatura. Entre ellos, el Instituto de Memoria Democrático, cuya ley de creación fue aprobada en 2017 cuando las competencias recaían en la actual consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que no llegó a ponerlo en marcha. Dos años y dos meses después de validar la ley, continaba sin constituirse: acabó la legislatura sin personal, ni estructura, a pesar de que cada año se le reservaba una partida en los Presupuestos de la Generalitat.
Ahora, en manos de Pérez, Participación quiere terminar de armar el órgano que se ubicará en el puerto de Alicante. El aumento de la partida en 2023, por tanto, respondería a la creación de una línea para las obras de rehabilitación de la sede y para su puesta en funcionamiento. En la misma línea, además, la Conselleria quiere sumar los fondos destinados a cooperación al desarrollo, que actualmente suponen un 0,25% del Presupuesto de la Generalitat y el objetivo es que este aumente hasta alcanzar el 0,7%. Y, finalmente, buscan incrementar también la partida destinada a luchar contra la brecha digital y atención a la ciudadanía con la mejora y ampliación de la atención en oficinas PROP, de manera que estas sean más accesibles y en ellas se pueda realizar "cualquier gestión". Asimismo, un nuevo decreto haría gratuita la atención al 012.
Educación, por su parte, sin entrar en detalles concretos sobre las cifras con las que han diseñado su proyecto de presupuestos, también es una cartera que aspira a ver crecer sus fondos para seguir desarrollando programas como el Bono Infantil. La incorporación de esta partida en el presupuesto de 2022, permitió la gratuidad de las aulas de 2 a 3 años entre los meses de septiembre a diciembre de este año -pues el curso anterior ya estaba iniciado-. Por lo que, este año será la primera vez que presupuesten un año entero, 2023.
La idea, además, sería que esta gratuidad pudiera comenzar a aplicarse a las aulas de 1 a 2 años, al menos, en algunos meses, para lo que la partida del Bono Infantil pudiera aumentar en torno a un 15%. De esta manera, desde la Conselleria que dirige Raquel Tamarit buscan que su presupuesto crezca de nuevo este año y, así, también mejorar en el ámbito de políticas educativas inclusivas o en cuestiones que afectan al transporte escolar.
Con todo, la elaboración de estos presupuestos no será baladí. La confección y ejecución de las cuentas hasta los comicios resulta de importancia para la venta de gestión en una precampaña que arrancará desde el inicio de curso y en un contexto de incertidumbre sobre cómo afectará la situación económica al Consell.