VALENCIA (EP/VP). La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunidad Valenciana (Fsie CV), organización sindical mayoritaria en la red de enseñanza concertada, va a plantear a la Conselleria de Educación diversas medidas para evitar que el arreglo escolar del próximo curso pueda tener un "impacto lesivo" en el empleo de este sector. Entre ellas, destaca la solicitud de una moratoria de al menos un año antes de despedir a un docente que pueda resultar afectado por la pérdida de unidades en un centro privado concertado.
Así lo aseguraba el secretario de Acción Sindical de la entidad, Víctor Cardona, quien explicó que esta será una idea "esencial" que Fsie llevará este jueves a la Mesa de Negociación de la Enseñanza Privada y Concertada en la que se pondrá sobre la mesa el borrador del arreglo escolar del curso 2016-2017. Esta planificación se tratará asimismo en otras reuniones convocadas también para mañana: Mesa de Alumnos, de Padres y Sectorial.
La principal novedad del arreglo del curso que viene es que, por primera vez, se contempla de forma conjunta a todos los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto a los de titularidad pública como a los de la privada concertada.
El borrador especifica que "en el caso de existir centros privados concertados con autorización provisional de unidades, la propuesta de disminución de unidades se aplicará a estos centros, siempre que haya espacio disponible en otros centros de la localidad". En aquellos municipios donde sea necesario disminuir unidades "se tendrá en cuenta la ratio media de la localidad en el nivel correspondiente a los efectos de realizar propuestas de supresión en los centros docentes privados concertados, mediante una modificación del concierto".
Estas modificaciones, advierte Cardona, "tiene unas consecuencias en el empleo, ya que la propia naturaleza de la enseñanza privada hace que los docentes no sean funcionarios, por lo que, si en un centro concertado se reducen unidades o hay reducción de jornada de los trabajadores o despidos".
Para evitar al máximo la posible pérdida de empleo, Fsie solicitará que, ante la reducción de aulas del nuevo arreglo, haya "un periodo transitorio en el que de forma cautelar se mantengan los puestos de trabajo" de lo profesores afectados al menos un año, aunque posiblemente pueda elevar la petición a dos.
Las decisiones tomadas desde el departamento de Marzà van en línea de primar las aulas públicas en detrimento de las privadas. Cabe recordar las acciones emprendidas por las aulas de 0 a 3, guarderías que han visto como se les ha ido reduciendo ayudas además de añadirse aulas de gestión totalmente públicas. La asociación Salvem 0-3 emprendió acciones con el fin de mantener estas aulas privadas y de convencer a la administración de que contara con su colaboración con el fin de no perder puestos de trabajo.
