Varias de las defensas del turno de oficio solicitarán la suspensión del plenario el próximo día 2 de mayo por indefensión de los acusados
VALÈNCIA. El juicio por el presunto saqueo de la depuradora de Pinedo, el conocido como juicio de Emarsa, tiene visos de volver a ser suspendido. Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de las defensas de los investigados, varios letrados solicitarán otra suspensión el próximo martes, 2 de mayo, fecha de inicio del juicio.
Dos son los motivos por los que, varios abogados designados por el turno grave del turno de oficio han decidido pedir la suspensión, otra vez. La primera es que, la anterior prórroga, de dos meses, es a todas luces para ellos insuficiente ya que, el sumario tiene 250.000 folios más 64 piezas de documental que suponen cerca de 200.000 folios más, según las fuentes.
De hecho, el chascarrillo entre los letrados es que debían poder leer cerca de 7.000 folios al día, todos los días, sábados y domingos incluidos, algo que, las fuentes consultadas por este periódico “tachan como de una absoluta barbaridad. Es imposible realizar una defensa medianamente buena con estos plazos”.
Es por ello que los letrados esgrimirán que el derecho de defensa se ve coartado, ya que al no haber podido estudiar el sumario no pueden ejercer la defensa de una forma legítima. Este periódico ha preguntado por las opiniones de los magistrados que deben juzgar el caso.
Las respuestas siempre son las mismas: “la sala quiere celebrar”, pero estas mismas fuentes explican que los magistrados son conscientes de que, en caso de celebrar y teniendo en cuenta que hay defensas recién incorporadas a la causa, “podrían encontrarse con una respuesta del tribunal Supremo en apelación poco favorable”. Por tanto, nadie, ni defensas ni fuentes de la investigación son capaces de aseverar cuál será la postura de la sala de la Audiencia Provincial el próximo día dos de mayo.
La segunda vía por la que las defensas van a pedir una suspensión es porque el dinero que el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia va a pagar a los letrados, por llevar un tema a través del turno de oficio (gratuito para el cliente), es 3.800 euros. Una cantidad muy alejada de los 500.000 euros que uno de los principales investigados le ha pagado como minuta.
Los abogados, que ya han presentado quejas formales ante el ICAV, quieren que la sala entienda que, según su criterio, “es imposible dedicar todo el tiempo de una persona a una macrocausa por no llega a 4.000 euros. Es un juicio de varios meses, pero no podemos dejar de atender a otros clientes porque tenemos que poder vivir. Esto no es justo”, esgrimen.
De hecho, las defensas explican que la situación es “tan dantesca que los abogados de las mercantiles, muchas de ellas arruinadas, no van a cobrar ni un euro porque ni tan siquiera les han dejado entrar en el turno y, varios compañeros llevan cerca de seis años con un procedimiento por el que no van a ver ni un duro”.
La pieza principal del caso Emarsa se investiga el saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Pinedo. El procedimiento saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más. El proceso se dividió en 11 piezas, entre ellas la principal, con 25 acusados --más uno a título lucrativo--.
El juicio por esta pieza, la principal, se señaló inicialmente en noviembre de 2015, pero el tribunal decidió suspenderlo a la espera de que Moldavia extraditase al empresario y considerado presunto cabecilla de la trama, Jorge Ignacio Roca, condenado en ese país por otro procedimiento diferente. Roca fue detenido tres meses antes de que arrancara la vista.
Esta pieza regresó entonces al órgano instructor, el Juzgado número 15 de Valencia, que practicó nuevas diligencias relacionadas con Roca. Decidió procesarle y le atribuyó delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Después de todo esto, la sala volvió a suspender el juicio después de que varios investigados renunciaran a sus defensas y, obviamente, varios letrados del turno de oficio se hicieran cargo de las defensas pero sin haber podido leerse el sumario, que supera los 200.000 folios.
Entre los acusados en la causa principal figuran Enrique Crespo; el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.
Junto a ellos figuran los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.
Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Jorge Ignacio Roca Samper, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente.