Las empresas públicas deben 1.320 millones a la Generalitat

VALENCIA. Un entramado de 35 empresas y fundaciones públicas, con una deuda conjunta superior a los 4.843 millones de euros -1.320 de los cuales se los deben a la Generalitat- y 6.279 empleados con salarios que en muchos casos siguen siendo un misterio. Esta es, a grades trazos, la situación descrita este lunes por la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Ángeles Cuenca, antes de exponer los objetivos de la Ley de Sector Público que entrará en vigor en 2017.

Cuenca compareció a petición propia en la comisión de Economía y Presupuestos de Les Corts para explicar los problemas con los que se está topado la Conselleria de Hacienda para desenmarañar ese complejo entramado tejido durante años marcados, según lamentó, por el descontrol y la opacidad. De hecho, según denunció, la Generalitat no conocía con exactitud ni la estructura de los entes públicos ni los salarios que pagan.

Precisamente este martes acababa el plazo para que las empresas y fundaciones públicas informasen con exactitud de las retribuciones que abonan sin que algunas de ellas hayan cumplido el mandato, por lo que Hacienda les dará más plazo para que los detallen. Varias ya lo han hecho a través de sus respectivos portales de transparencia, donde informan de la retribución de sus directivos. 

Entre los datos que expuso Ángeles Cuenca sí está la cantidad de puestos de trabajo que los entes del sector público empresarial y fundacional estaban obligados a concretar antes del 1 de abril. De los 6.279 empleados que tenían a 30 de abril, el grueso se concentran en FGV, con 1.518 empleados; Vaersa, con 1.227 trabajadores; o el Ivas, con 1.017. La fundación con más personal empleado es la Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica, con 368 empleados.

La deuda del conjunto del sector público apenas se ha reducido en 100 millones respecto a los 4.944 millones de euros declarados a 30 de junio del pasado año. A 31 de diciembre, el pasivo había bajado hasta 4.843 millones. De ellos, 1.320 millones se los debe a la Generalitat, detalló Cuenca.

La sociedad más endeudada, con casi 890 millones de euros, es el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que concentra una quinta parte del pasivo del sector público instrumental. Le siguen la Epsar, una de las pocas empresas públicas rentables, que a 30 de abril debía 722 millones; Cacsa, con 706 millones de euros de pasivo; FGV, con 540 millones; el Eige, con 479 millones; y Ciegsa, con 246 millones.

Cuenca detalló que Hacienda realiza un "seguimiento continuado" de la situación económico financiera dentro del plan de ajuste de la Comunitat y que se ha completado la renovación de los miembros de los consejos de dirección, administración y patronatos de las entidades de derecho público, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público de la Generalitat. En este punto, lamentó la "deslealtad" por parte de la anterior administración que se produjo con las dimisiones en bloque en algunos casos que generaron "vacíos de poder".

La futura ley del sector público prevé la creación de un registro de entes del sector público instrumental, así como de los entes participados, así como una relación de todo el personal que ocupa puestos de carácter directivo. Según explicó Cuenca, se adoptarán "medidas de control en materia de personal y de contratación, sobre todo en orden a aumentar la publicidad y el control en la selección y gestión del personal".

En ese sentido, el nuevo Consell se ha comprometido a publicar cada año la relación de puestos de trabajo de todos los entes del sector público empresarial y fundacional.